MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO Voto Nº

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1 MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO 2007 Voto Nº Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas veinticinco minutos del nueve de julio del dos mil siete Corrección de error material y Recurso de reconsideración interpuesto por FUNDACION PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA contra la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor de las diecisiete horas quince minutos del seis de febrero del dos mil seis, que corresponde al Voto

2 COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Voto Nº Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas veinticinco minutos del nueve de julio del dos mil siete Corrección de error material y Recurso de reconsideración interpuesto por FUNDACIÓN PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA contra la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor de las diecisiete horas quince minutos del seis de febrero del dos mil seis, que corresponde al Voto RESULTANDO PRIMERO: Mediante Voto de las diecisiete horas quince minutos del seis de febrero del dos mil seis, la Comisión Nacional del Consumidor dispuso (...) Se declara parcialmente con lugar la denuncia interpuesta por ALEX ARTURO OLIVARES OLIVARES contra la FUNDACIÓN PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD por falta de información (...) (folio 152), el cual fue notificado a las partes involucradas (folios ). SEGUNDO: Que la primera intimación contenida en dicha resolución final, contiene un error material al indicar ( ) se efectúa primera intimación a la señora María del Rocío Cortés Arias cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y uno- cero cero nueve ( ) (folio 152). TERCERO: Que el seis de abril del dos mil seis, FUNDACION PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA, a través de su apoderada, María del Rocío Cortés Arias, interpuso recurso de reconsideración contra la resolución indicada (Voto ) (folios 75 y ). CONSIDERANDO PRIMERO: Sobre la admisibilidad del recurso de reconsideración. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 7472, contra las resoluciones finales emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor cabe el recurso de reconsideración o de reposición, conforme al artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los dos meses siguientes después de notificada a las partes la resolución final, de manera que en vista de que el presente recurso fue interpuesto en tiempo y forma, se procede al análisis y resolución de éste. SEGUNDO: Sobre el fondo: El recurrente alega que (...) La resolución impugnada, en su parte dispositiva, hace primera intimación de pago de la sanción a la suscrita, en mi condición personal, sin que se haya demostrado que la firmante cometiera falta alguna. ( ) (folio 157). En tal línea de ideas, se le indica a la parte recurrente que existe un error material en la primera intimación contenida en el Voto al indicar ( ) se efectúa primera intimación a la señora María del Rocío Cortés Arias cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y uno- cero cero nueve ( ) (folio 152), siendo lo correcto: se efectúa primera intimación a la representante legal de FUNDACIÓN PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA, señora María del Rocío Cortés Arias, cédula de identidad uno- cuatrocientos ochenta y uno- cero cero nueve. En cuanto al resto de la resolución se mantiene incólume. Por ende, se procede mediante la presente resolución a realizar 2

3 la corrección indicada. TERCERO: Como punto dos alega ( ) no se tiene como HECHO PROBADO que la FUNDACION PRO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICONES (sic) DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD sea representada legalmente por la suscrita, ni al momento de los hechos ni en la actualidad. ( ) Debió tenerse por probado que la suscrita ostenta la representación legal ( ) al no hacerse así viola el deber de fundamentación ( ) (folios ). Tal alegato no es de recibo, no existe la violación al deber de fundamentación indicado, pues en el expediente administrativo consta que la Unidad Técnica de Apoyo a esta Comisión solicitó a la Sección de Certificaciones Literales Mercantiles del Registro Nacional de la Propiedad, Certificación de Personería Jurídica de la FUNDACIÓN PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA cédula jurídica tres- cero cero seis- doscientos treinta y ocho mil doscientos (folio 73). Ante lo cual, el Certificador del Registro de Personas Jurídicas certifica ( ) Que en la sección MERCANTIL al folio 204 del tomo 174 se encuentra el asiento 499 según el cual MARIA DEL ROCIO CORTES ARIAS ( ) cédula aparece nombrado como PRESIDENTE quien tiene la representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado general sin límite de suma de la entidad ( ) denominada FUNDACION PROMEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LS (sic) PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA ( ) (folio 75). Por consiguiente, tenemos que la representante legal de la accionada es la señora María del Rocío Cortés Arias, pues en autos no consta documento emitido con posterioridad a éste que demuestre que el representante legal haya sido variado. Aunado a lo anterior, los hechos probados de las resoluciones finales de esta Comisión, son aquellos de importancia para la resolución del caso particular, por consiguiente la representación de cualquiera de las partes denunciadas no debe ir como hecho probado, sino únicamente ésta se analiza con el fin de establecer la capacidad procesal y la representación legal de las partes involucradas. CUARTO: Como punto tercero alega ( ) El Acta de Verificación realizada por la Unidad de Políticas y Apoyo al Consumidor, visible a folio 68 del expediente, NO fue puesta en conocimiento de las partes, ni se les concedió audiencia al respecto, por lo que se violó el debido proceso y el derecho de defensa de la fundación sancionada ( ) (folio 158). Tales planteamientos se rechazan, pues no existe la violación al debido proceso ni al derecho de defensa, pues todos los documentos emitidos por la Unidad de Políticas y Apoyo al Consumidor (en adelante UPAC) fueron puestos en conocimiento a las partes involucradas. Al respecto, en el auto de apertura del procedimiento administrativo ordinario de las ocho horas quince minutos del veinte de junio del dos mil cinco, se indicó ( ) Los documentos que forman el expediente administrativo se pueden examinar en la oficina de esta unidad, los cuales se ponen a disposición de las partes y cualquier profesional en derecho, de conformidad con el artículo 172 de la ley (sic) general (sic) de la administración (sic) pública (sic). El expediente administrativo está integrado en lo pertinente por los siguientes documentos: denuncia interpuesta por escrito del , escritos del , , , , oficio de la UPAC , Informe técnica (sic) UPAC ( ) (folio 88), el cual fue debidamente notificado a las partes involucradas (folios 90-91). En consecuencia, el Informe Técnico UPAC , visible a folio 68 del expediente administrativo, fue puesto en conocimiento a la parte recurrente, por medio de la resolución indicada. Asimismo, en la comparecencia oral y privada correspondiente, en la que se hizo presente únicamente la parte denunciada parte recurrente- el órgano director del procedimiento evacuó la 3

4 prueba documental (folios ) dentro de la cual se encontraba la indicada por la recurrente. En consecuencia, la parte recurrente conocía de los documentos emitidos por la UPAC desde el dictado del auto de apertura, en estricto apego al artículo 312 de la Ley General de la Administración Pública aplicación supletoria artículo 56 y 71 de la Ley QUINTO: Como punto cuarto alega ( ) INOBSERVANCIA DEL ARTICULO 56 DE LA LEY 7472 ( ) La acción interpuesta por el señor denunciante está caduca ( ) la acción interpuesta caducó desde hace más de 3 años, como pido se declare. ( ) (folios ). Este extremo se rechaza por extemporáneo, pues el momento procesal oportuno para interponer la excepción de caducidad ya pasó. Cabe indicar que cualquier excepción debe ser alegada antes del dictado de la resolución final. SEXTO: Como punto quinto alega ( ) Según se colige del testimonio rendido por el señor Luis Guillermo Beirute Jiménez ( ), la fundación si exhibe las listas de precios de los productos que ahí se expenden, pero es la misma población penal la que en forma continua las destruye o ensucia, por lo que su esfuerzo de informar los precios de los productos es inútil. ( ) El testimonio ( ) es claro y conteste ( ), pero la Comisión no le otorga valor probatorio, sin dar razones válidas para ello, lo que infringe el deber de la Administración de fundamentar sus resoluciones y las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba ( ) solicito se anule la resolución ( ) (folios ). Tales planteamientos no son de recibo, pues en el caso que nos ocupa quedó suficientemente demostrado que la recurrente en el momento que la UPAC se presentó a confeccionar el acta de verificación no informaba de manera visible los precios de los productos que expende (folios 66-69), lo cual genera la infracción al artículo 34 inciso b) de la Ley 7472 relacionado con el 43 inciso b) de su Reglamento. De esta manera, al analizar el descargo de la recurrente, se estima que la prueba testimonial ofrecida por la denunciada- evacuada en la comparecencia oral y privada no logra desvirtuar los documentos públicos emitidos por la UPAC, pues más bien lo que hace dicho testimonio es justificar, de una manera no válida, la infracción a la norma, pues si son los mismos reclusos los que se encargan de que la información no esté, la parte recurrente deberá de ingeniárselas mediante mecanismos internos eficientes para no violar la Ley En tal orden de ideas, la resolución final no carece de fundamentación pues con respecto a la prueba testimonial se indicó: ( ) el testigo ofrecido por la denunciada manifiesta que ya esto ha sido corregido, pero que se corrigió precisamente a raíz de la visita de los funcionarios del Ministerio de Economía Industria y Comercio. En este sentido, el mismo testigo manifiesta que siempre se ha intentado mantener carteles con los precios de los productos pero que los privados de libertad los destruyen y ensucian, sin embargo, del acta de verificación señalado no se desprende que existiera evidencia de que en algún momento hubieran existido rótulos o carteles con información sobre el precio de los productos, por lo que no es suficiente el testimonio esgrimido por el señor Luis Guillermo Beirute Jiménez para desvirtuar el carácter público del acta de verificación de cita, la que constituye una prueba objetiva y suficiente parta tener por acreditada la carencia de información visible al público, sobre los precios de los productos que comercia la denunciada. Por otra parte, es importante recordar a la denunciada que es su deber procurar los medios necesarios para dar la mejor atención y la información clara y veraz a los consumidores, máxime en el caso que nos ocupa que por el sitio en el que se encuentran los comisariatos y al ser sus principales consumidores los privados de libertad, éstos tienen derecho a conocer de previo los precios de los productos que se expenden, pues esa información influye en la 4

5 decisión de consumo. ( ) (folios ). Partiendo de lo expuesto, y en estricto apego a la normativa, esta Comisión, en aplicación de la potestad que le otorga el artículo 53 inciso a), procedió a graduar la sanción en la mínima establecida para este tipo de violación, sea en diez veces el salario mínimo establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el primer semestre del dos mil tres ochenta y ocho mil novecientos cincuenta colones-, siendo un total (...) de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS COLONES (...) (folio 152). En síntesis, se considera que la resolución fue dictada estrictamente conforme a derecho, por lo que no procede su anulación. SETIMO: Como punto sexto indica ( ) Adjunto diferentes cartas firmadas por el denunciante ( ) (folio 160). Al respecto, se le indica que de conformidad con el artículo 317 de la Ley General de la Administración Pública de aplicación supletoria artículos 56 párrafo final y 71 de la Ley 7472, el derecho a presentar y ofrecer prueba ya le caducó, pues tenía hasta, inclusive, el día de la comparecencia oral y privada para ser evacuada. Dado lo anterior, dichos documentos no pueden ser valorados en éste momento procesal. Así las cosas, por las razones expuestas, se debe declarar sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto, como en efecto se hace. POR TANTO 1- Se corrige error material en la primera intimación contenida en la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor, de las diecisiete horas quince minutos del seis de febrero del dos mil seis, que corresponde al Voto , únicamente para que en lugar de ( ) se efectúa primera intimación a la señora María del Rocío Cortés Arias cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y uno- cero cero nueve ( ) (folio 152), se lea correctamente: se efectúa primera intimación al representante legal de FUNDACION PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA, señora María del Rocío Cortés Arias, cédula de identidad uno- cuatrocientos ochenta y uno- cero cero nueve. En cuanto al resto de la resolución se mantiene incólume. 2- Se declara sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por FUNDACION PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA, a través de su apoderada María del Rocío Cortés Arias, contra la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor de las diecisiete horas quince minutos del seis de febrero del dos mil seis, que corresponde al Voto , que declaró con lugar la denuncia por falta de información. Téngase por agotada la vía administrativa. 3- En este acto y con fundamento en el artículo 93 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), así como el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), se efectúa SEGUNDA INTIMACION al representante legal de FUNDACION PRO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN COSTA RICA, señora María del Rocío Cortés Arias, cédula de identidad unocuatrocientos ochenta y uno- cero cero nueve, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de esta notificación, cumpla con lo dispuesto en el POR TANTO del Voto aquí confirmado que textualmente indica (...) la sanción de pagar el monto de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS COLONES ( ,00), equivalente al monto de diez veces el salario mínimo mensual establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la 5

6 República, que en el primer semestre del dos mil tres, es de ochenta y ocho mil novecientos cincuenta colones ( ). Lo anterior deberá hacerse mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado, debiendo aportar a esta instancia el recibo original o copia debidamente certificada que acredite el pago de esa multa. (...). Concluido lo ordenado, remita documento que acredite dicho hecho a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en San José, del costado noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora trescientos cincuenta metros al oeste, para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en la presente intimación y según corresponda, certifíquese el adeudo y remítase el expediente a la Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del Estado. NOTIFIQUESE. EXPEDIENTE