COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR Voto #377-01

Transcripción

1 COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR Voto # Comisión Nacional del Consumidor, San José a las doce horas y cincuenta minutos del catorce de mayo del año dos mil uno. Conoce esta Comisión Nacional del Consumidor en consulta de conformidad con el artículo 88 del Reglamento a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de la resolución de la Unidad Técnica de Apoyo de las nueve horas del veintitrés de abril del dos mil uno, que declaró inadmisible por falta de legitimación activa y caducidad la denuncia interpuesta por PROYECTOS Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA S.A. representada por WILMER CALDERON SOLANO contra CITIBANK DE COSTA RICA S.A. RESULTANDO PRIMERO: Que el señor Wilmer Calderón Solano en representación de Proyectos y Desarrollos de Centroamérica S.A. interpuso denuncia el siete de diciembre del dos mil, contra CITIBANK de Costa Rica S.A., aduciendo en síntesis, que la empresa denunciante suscribió un contrato de préstamo mercantil con el banco denunciado por la suma de trece millones quinientos mil colones, a pagar de la siguiente forma (...) -Treinta y seis abonos de principal mensuales fijos y consecutivos de trescientos setenta y cinco mil colones (...) e (...) Intereses corrientes equivalentes a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, más nueve puntos porcentuales, siendo en consecuencia el interés inicial el veintinueve por ciento anual (...). A partir de julio del dos mil el denunciante se enteró de que la tasa básica pasiva del Banco Central bajó, y CITIBANK no tomó en consideración dicha baja de interés. El denunciante trató de comunicarle la situación sin obtener respuesta al respecto, por el contrario recibió un estado en el que se le indicaba un monto adeudado, el cual era la diferencia entre el interés inicial y el que se debía de cobrar a partir de julio. (Folios N 1 a 4). SEGUNDO: La Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, por resolución de nueve horas del veintitrés de abril del dos mil uno, consideró que: PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 88 del reglamento de la ley número 7472:... la Unidad Técnica, como órgano director podrá acordar el rechazo de plano de las acciones cuando así corresponda pero dicho acto deberá ser elevado de inmediato en consulta a la respectiva Comisión, y se regirá en lo demás por lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley General de la Administración Pública. En lo conducente y para los efectos que aquí interesa, este último numeral dispone:. 3. La Administración rechazará de plano las peticiones que fueren extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes... SEGUNDO: Que conteste con lo anterior, el ordinal 65 del reglamento a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC) dispone que la Unidad Técnica de Apoyo debe calificar la admisibilidad de las denuncias que recibe, en cuanto a requisitos mínimos, legitimación y caducidad. Sobre este particular, interesa ahora retomar lo que respecta a la legitimación, toda vez que el presente caso involucra a juicio de este órgano un problema de legitimación, instituto que versa sobre el reconocimiento que se le hace a una persona, sea física o jurídica para ejecutar válida y eficazmente un acto jurídico, debido a que las pretensiones en materia procesal administrativa deben estar sustentadas o legitimadas sustancialmente en defensa de un derecho subjetivo o un interés legítimo..., en otras palabras, tienen que estar referidas a una... actividad humana - que constituye el objeto del derecho subjetivo protegida mediante la posibilidad de invocar una consecuencia jurídica determinada ante su no realización. (Dromi, José Roberto. Manual de Derecho Administrativo. Tomo N 1 y N 2. Editorial Astrea. Buenos Aires P: 390 y 378). En otras palabras, la legitimación es la consideración especial en que tiene

2 la ley, dentro de cada proceso, a personas que se hallan en una determinada relación con el objeto de la pretensión procesal, y en virtud de cuya consideración exija, para que la pretensión se examine en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en el proceso.(ramírez A. Marina. Los intereses difusos y la legitimación para accionar en la jurisdicción constitucional. Revista de Derecho Constitucional. Enero Abril Corte Suprema de Justicia. Pp: 101). Así las cosas...; la legitimación se limita a indicar al operador jurídico si el sujeto tiene aptitud de ser parte en un proceso concreto, en la materia que nos ocupa tiene legitimación para ser denunciante el consumidor (activa) y legitimación para ser denunciado el comerciante (pasiva). Si el sujeto no se encuentra en esa situación de acuerdo al supra citado artículo 88: La Unidad Técnica como órgano director, podrá acordar el rechazo de plano de las acciones cuando así corresponda, pero dicho acto deberá ser elevado de inmediato en consulta a la respectiva comisión, y se regirá en lo demás por lo dispuesto en el artículo 292 de la LGAP... (Voto N de las 09:15 horas del 30 de noviembre de 1998, de la Comisión Nacional del Consumidor). Recapitulando, en materia de protección al consumidor nuestra legislación le otorga legitimación activa (aptitud para denunciar) sólo a la persona física o jurídica que funge como destinataria final de la cadena de producción al adquirir bienes o servicios para su consumo privado final, así como a los pequeños industriales y artesanos que adquieren productos terminados o insumos para integrarlos a los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros. Caso contrario, cuando la persona física o jurídica lo que hace es adquirir bienes y servicios para utilizarlos en su negocio para el consumo de actividades administrativas o en procesos de distribución o comercialización de sus productos, o bien para reinsertarlos al mercado a través del proceso de reventa, lo que posee es legitimación pasiva y como tal es susceptible de ser denunciada. TERCERO: Ahora bien, para el caso que nos ocupa, de previo a determinar si acorde con la normativa antes dispuesta corresponde entrar a conocer sobre el mismo en esta sede, deviene necesario retomar el concepto de Consumidor y Comerciante tutelado en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, dado que uno de los dos objetivos de la ley antes señalada (artículo 1) es la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, por las razones que en su momento se dirán. En lo que atañe al caso sub exámine, deviene necesario retomar el concepto dado por dicho cuerpo legal al término consumidor, ya que si bien es cierto es posible darle a éste diversas connotaciones, el artículo 2 de la ley de rito lo conceptualiza y circunscribe a: Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros (el subrayado no es del original). De igual manera el citado numeral define al Comerciante o Proveedor como: Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes, o a prestar servicios, sin que necesariamente ésta sea su actividad principal. Para los efectos de esta Ley, el productor, como el proveedor de bienes, también está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos. Ahora bien, con base en las referidas connotaciones de orden legal y luego de hacer un análisis doctrinario y jurisprudencial, la Procuraduría General de la República concluyó que: 1.- Una persona que se dedica a actividades mercantiles puede adquirir bienes básicamente con tres finalidades: utilizarlos para su consumo privado final; utilizarlos en su negocio, para su consumo en actividades administrativas o en procesos de distribución o comercialización de sus productos; utilizarlos directamente para reinsertarlos al mercado mediante el proceso de reventa. 2.- Únicamente cuando el comerciante actúa en el primero de los supuestos dichos (consumo privado

3 final) puede catalogarse como consumidor en los términos previstos en el artículo segundo de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En las otras dos hipótesis, el bien reingresa directa o indirectamente al mercado, por lo que no podría afirmarse válidamente que hubo consumo final. (Pronunciamiento C del 09 de agosto del dos mil). CUARTO: Así las cosas, del escrito inicial de denuncia se colige claramente que el señor Wilmer Calderón Solano apoderado generalísimo de Proyectos y Desarrollos de Centroamérica S.A. denunció dentro de las actividades propias de su giro laboral, como Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y no en calidad de consumidor destinatario final., pues como consta en autos el préstamo solicitado era de tipo mercantil a nombre de la sociedad anteriormente dicha (Folio 1 y 11), por lo tanto la sociedad denunciante no es consumidor final. Partiendo, de lo expuesto y para el caso en estudio resulta insoslayable que el denunciante carece de la necesaria legitimación activa en esta sede, toda vez que acorde con lo expuesto con anterioridad, adolece de la condición de consumidor por no presentarse en él el requisito o elemento esencial de ser destinatario final de la cadena de producción y distribución de bienes o la prestación de servicios (ver entre otros Votos de la Comisión Nacional del Consumidor N antes citado, así como N de las 09:00 horas del 26 de agosto de 1998; N de las 09:30 horas del 14 de setiembre de 1998 y N del 06 de abril del dos mil). Como corolario de lo expuesto, lo que procede es declarar inadmisible la denuncia que nos ocupa, ante la falta de legitimación activa que presenta la parte denunciante, dada su condición de comerciante en este asunto en particular. QUINTO: Además, analizados los autos se desprende que la acción está caduca, debido a que la sociedad denunciante tuvo conocimiento del posible incumplimiento contractual en el mes de julio del dos mil, ya que como se manifiesta en el líbelo de denuncia (...)la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica a partir de julio del presente año bajó (...) (Folio 2), pues pese a los intentos de la denunciante de comunicarse con el banco denunciado para que le devolviera el excedente acreditándoselo al pago siguiente, la empresa denunciada no le indica ninguna respuesta al respecto, por el contrario envió un fax del monto supuestamente adeudado. Desde esa fecha, julio del dos mil, la sociedad denunciante tuvo conocimiento del hecho que denuncia, sea la negativa de la empresa de cumplir con lo pactado y la imposibilidad de llegar a un arreglo con ella y a partir de entonces debió plantear la correspondiente denuncia en esta sede dentro del plazo de dos meses, pues en el caso de que la persona que hubiere interpuesto la denuncia hubiera sido consumidor destinatario final, le comenzaba a correr el plazo de caducidad a partir del momento en el cual consideró lesionados sus intereses. En ese sentido el artículo 53 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472 claramente dispone en su párrafo tercero que: La acción para denunciar caduca en un plazo de dos meses desde el acaecimiento de la falta o desde que ésta se conoció, salvo para los hechos continuados, en cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho. (El subrayado no es del original). POR TANTO: De conformidad con los hechos manifestados y con base en la normativa citada se declara inadmisible por falta de legitimación y se declara caduca la presente denuncia, debiéndose disponer el archivo del expediente en el momento procesal oportuno. De acuerdo al artículo 88 del Reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, elévese en consulta esta resolución ante la Comisión Nacional del Consumidor para lo correspondiente. (Folio 15 ) REDACTA: CONSIDERANDO PRIMERO: Vistas las razones expuestas por la Unidad Técnica en la resolución de las nueve horas del veintitrés de abril del dos mil uno, se considera que el criterio emitido es acertado. SEGUNDO: De conformidad con lo manifestado ésta Unidad considera que la denuncia es inadmisible por falta de legitimación activa y caducidad, por lo que se procede rechazar la

4 denuncia. POR TANTO Se confirma la resolución dictada por la Unidad Técnica de Apoyo de las nueve horas del veintitrés de abril del dos mil uno, que declaró inadmisible por falta de legitimación activa y caducidad la denuncia interpuesta por Proyectos y Desarrollos de Centroamérica S.A. representada por Wilmer Calderón Solano contra CITIBANK de Costa Rica S.A.. Se dejan a salvo los posibles derechos del interesado para que si lo tiene a bien, los ejerza en la sede que corresponda. Contra la presente resolución cabe el recurso de reconsideración o reposición, el cual deberá plantearse ante el órgano director del procedimiento dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su notificación, para ser conocido y resuelto por la Comisión Nacional del Consumidor. Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. NOTIFIQUESE AL DENUNCIANTE, EXPEDIENTE NUMERO

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