R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Transcripción

1 R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las diez horas del dieciocho de setiembre del dos mil doce Recursos de objeción interpuestos por Franklin Giovanni Herrera Oviedo, La Maquila LAMA S.A. y Corporación Vado Quesada S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN promovida por el Ministerio de Justicia y Paz para la contratación de entrega según demanda de alimentos para los Centros Penales y las oficinas administrativas que conforman el Sistema Penitenciario I. POR CUANTO: El señor Franklin Giovanni Herrera Oviedo presentó su recurso ante esta Contraloría General a las 8:52 horas del 4 de setiembre del II. POR CUANTO: La empresa La Maquila LAMA S.A. presentó su recurso ante esta Contraloría General a las 14:21 horas del 4 de setiembre del III. POR CUANTO: La empresa Corporación Vado Quesada S.A. presentó su recurso ante esta Contraloría General a las 14:38 horas del 4 de setiembre del IV. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Ministerio de Justicia y Paz con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de los objetantes, y remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación V. POR CUANTO: La Proveeduría del Ministerio de Justicia y Paz atendió esa audiencia especial mediante el oficio PI de fecha 12 de setiembre del VI. SOBRE EL RECURSO DE FRANKLIN GIOVANNI HERRERA OVIEDO: A) Legitimación del objetante. Al momento de atender la audiencia especial, la Administración licitante alega que el recurso de objeción presentado por el señor Franklin Giovanni Herrera Oviedo debe rechazarse por falta de fundamentación activa, con el argumento de que es su escrito, el señor Herrera Oviedo únicamente se limitó a decir que su actividad comercial coincide con el objeto del concurso, pero no indicó cuáles son los objetos propios de la licitación, con lo cual considera que su argumentación es inexistente. También alega la Administración que en el Sistema de Compras Gubernamentales Comprared no se encuentra registrada dicha persona como proveedor ni tampoco se encuentra inscrito como patrono o trabajador independiente en el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Criterio de la División: El artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. Ahora bien, dicha disposición implica que el recurrente debe alegar en su escrito, aunque sea sucintamente, la

2 2 legitimación que tiene para interponer el respectivo recurso de objeción. En el caso bajo análisis, el señor Franklin Giovanni Herrera Oviedo explica que se encuentra plenamente legitimado para la interposición del recurso, como potencial oferente en el concurso público, ya que mi actividad comercial contempla a (sic) la venta de los bienes objeto del cartel impugnado, por lo que cuento con las condiciones que se requieren para participar como oferente en este concurso. Como puede verse, el recurrente si menciona que su giro comercial se relaciona con la venta de los bienes objeto del cartel, razón por la cual este Despacho presupone que dicho oferente si ostenta la legitimación para objetar el cartel. Conviene aclarar que en el recurso presentado el señor Herrera Oviedo suscribe el documento en calidad de Apoderado, con lo cual se entiende que actúa no en nombre propio sino a nombre de una empresa. Si bien en su escrito no especificó el nombre de la empresa a la cual representa, se observa que en los documentos aportados como anexo a su recurso se menciona a la empresa Corporación de Mercadeo Comersa S.A. como la persona a la se le extendió la prueba aportada, razón por la cual en una interpretación integral de todos los documentos que forman parte del recurso, este Despacho entiende que el señor Herrera Oviedo actúa en calidad de apoderado de la citada empresa, la cual si se encuentra registrada como oferente en el Sistema de Compras Gubernamentales Comprared. De conformidad con lo expuesto, este Despacho considera que el señor Franklin Giovanni Herrera Oviedo si tiene legitimación para objetar el cartel de esta licitación, y en consecuencia se procederá a conocer el recurso por el fondo. B) Sobre el fondo del recurso presentado: 1) Atún: En la descripción de los bienes solicitados, el cartel modificado solicita lo siguiente: 7. ATUN. Dentro de sus características físico-organolépticos: color, olor, sabor, propio de la especie, textura firme, peso neto: 354 +/-1% y peso drenado de 248 gramos, en bultos de 24 unidades y en aceite. Las características del envase: envase metálico en dos piezas, herméticamente cerrado para evitar cualquier riesgo de contaminación (apto para envasar alimentos de consumo humano) presentación: (peso neto en la etiqueta 354 gramos neto/248 gramos escurridos.. El recurrente alega que las condicione de tamaño requeridas son de imposible cumplimiento, ya que la única fábrica que existe en el país de atún enlatado es la empresa Sardimar, y en el mercado nacional no existe un producto disponible para su venta con las condiciones requeridas. Explica que la presentación solicitada en el cartel no es fabricada localmente ni existe un envase local para la misma, por lo que dicha presentación no está disponible en Costa Rica. Como prueba de su argumento aporta un acta notarial en la cual se acredita la visita a varios supermercados sin que en ninguno de ellos se ubicaran atunes en la presentación solicitada. También alega que las especificaciones que se incluyen en el cartel corresponden a una copia literal de un cartel publicado en

3 3 Perú, y para lo cual remite a una dirección en internet. Finalmente alega que en la sección 4.1 del cartel se incluyen condiciones específicas que debe cumplir el atún, sea regulaciones nacionales aplicables únicamente al atún producido localmente, lo cual limita la participación de importadores del producto. Explica que estas condiciones no tienen ninguna justificación técnica, limitan la cantidad de potenciales oferentes y es una restricción injustificada a la libertad de participación. Solicita que se modifique el cartel para ajustarlo a las condiciones de mercado. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que el recurrente no logra demostrar su dicho, sea que sólo dos fábricas producen enlatados de atún y envases enlatados, pero aún en el supuesto de que así fuera, existe la posibilidad de obtener productos importados que satisfacen la necesidad de la Administración. También indica que la necesidad de la Administración no es coincidente con los productos que se venden en los supermercados, ya que en esos lugares no se van a encontrar artículos para consumo masivo como los requeridos por esa Administración Penitenciaria. De esta manera, manifiesta que el acta notarial aportada como prueba no es relevante, ya que se visitaron locales que no contienen productos para consumo institucional. También alega que el recurrente no indicó el producto que él podría llegar a ofrecer a la Administración, de manera que demuestre que es eficiente en la satisfacción de la necesidad institucional. Finalmente indica que tampoco existe limitación a las empresas importadoras, pues no es cierto que la normativa utilizada no sea la nacional, lo cual se puede verificar en las condiciones específicas del cartel. Criterio de la División: De conformidad con la copia del cartel aportada por la Administración, se observa que la Administración incorporó al cartel el requerimiento del atún el cual no estaba en la versión original. Ahora bien, el recurrente alega que las condiciones de tamaño pedidas por la Administración no se pueden cumplir ya que en el mercado no existe la posibilidad de adquirirlo en esa presentación, sin embargo, el recurrente no explica cuál es el producto que ella sí podría ofrecer y como dicho producto sí permite atender la finalidad propuesta de la Administración en cuanto al consumo al que se destina el ítem de atún. Este aspecto, resulta fundamental, ya que forma parte de la debida fundamentación que debe tener el recurso. En este sentido el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Con respecto a la prueba aportada por el recurrente, sea el acta notarial mediante la cual acredita la visita a varios supermercados, resulta insuficiente para dar por válido su argumento, ya que no acredita que la verificación del estudio de mercado responde a un consumo masivo que

4 4 solvente la necesidad de la Administración. Tampoco se analiza en la prueba notarial cuáles podrían ser las presentaciones que tiene el mercado y que puedan asimilarse a la requerida por la Administración, ni en el recurso se desarrolla las posibilidades que fueron detectadas por el potencial oferente en su investigación de mercado. De esa forma, repetimos, no basta con acreditar que el bien que ofrecen en esos lugares no cumple con las condiciones pedidas en el cartel, sino que debía el recurrente indicar cuál producto puede ofrecer y cómo también permite satisfacer las necesidades de la Administración de frente al objeto de la contratación. En razón de lo expuesto, lo procedente es rechazar por falta de fundamentación el recurso de objeción en este aspecto. Observaciones de oficio. Se advierte a la Administración licitante que de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar, razón por la cual la Administración no puede establecer medidas que sean de difícil o imposible cumplimiento por parte de los oferentes, ni que se establezcan de forma tal que el cartel esté direccionado para beneficiar a un oferente en particular, por lo tanto la Administración deberá acreditar debidamente en el expediente administrativo que las medidas, peso y dimensiones pedidas en el cartel para la presentación del atún responden efectivamente a la realidad del mercado nacional de forma tal que se acredite que si existe posibilidad real de los potenciales oferentes de cumplir con dicho requisito dentro del mercado nacional. 2) Calificación de la experiencia: En la metodología de evaluación, el cartel establece lo siguiente: 23) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: ( ) Precio (80 puntos) ( ) Experiencia positiva (20 puntos). Manejo del producto 10%. ( ) Experiencia positiva con Instituciones u otros 10%. b) Para evaluar la experiencia positiva con Instituciones Públicas o empresas privadas que hayan recibido el servicio de abarrotes, el oferente deberá aportar lo indicado en el punto k del apartado Condiciones Específicas de este Pliego de Condiciones. Por su parte, en el punto k) las Condiciones Específicas del cartel se establece lo siguiente: 4. CONDICIONES ESPECÍFICAS: ( ) k. El oferente deberá aportar con su oferta y para efectos de ser valoradas en la metodología de evaluación, cartas de referencia positiva de relaciones contractuales durante los últimos dos años, en las cuales deberán indicarse los siguientes datos: ( ) Tiempo de duración de los contratos y montos, para efectos de la presente contratación solo se tomarán en cuenta las referencias de Contratos por montos iguales o mayores a sesenta y cinco millones de colones ( ) mensuales, cada contratación que se refiera deberá contemplar un mínimo de al menos tres de los productos contemplados en las siete líneas requeridas en el apartado uno de este pliego de condiciones. El recurrente alega que el requisito establecido en

5 5 el cartel de contar con tres referencias, cada una de contratos de más de sesenta y cinco millones de colones mensuales, resulta exagerado e injustificado. También alega que al exigir que la experiencia incluya al menos 3 productos de las siete líneas del cartel, la Administración restringe la participación de los fabricantes o distribuidores de un solo producto. Explica que dicho requisito es de imposible cumplimiento, ya que al revisar los planes de compra anuales de las tres instituciones más grandes del gobierno (INS, CCSS y el ICE) concretamente para la compra de alimentos, ninguno de ellos compra por un valor de más de sesenta y cinco millones de colones al mes de tres productos de las siete líneas del cartel. Agrega que, ello confirma que no existen referencias en el sector público y menos en el sector privado para cumplir con este requisito. Finalmente, alega que por el tamaño del país y por las características del mercado, es imposible contar con la experiencia que exige el cartel. Por todo ello, solicita que se modifique el rubro de experiencia de manera que se ajuste a la realidad nacional y permita la libre participación de potenciales oferentes. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que las cartas de referencia positiva que se establecen en el apartado k) de las Condiciones Específicas del cartel serán valoradas en la metodología de evaluación, es decir, se le reconocerá un puntaje a quienes logren aportar la experiencia conforme se solicita, caso contrario no se le acreditará ningún punto. Por ello no existe ninguna limitación a la participación de los oferentes. Criterio de la División: Efectivamente, tal y como lo señala la Administración, el recurrente cuestiona un aspecto de evaluación, no de admisibilidad, y por lo tanto a la recurrente no se le limita la posibilidad de participar en el concurso, como lo alega. Conviene mencionar que el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración, con lo cual la Administración licitante tiene la facultad para determinar cuáles factores de evaluación desea contemplar, siempre y cuando le dan un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. En este sentido el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que La Administración podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. ante lo cual este órgano contralor ha aceptado que la Administración tiene cierta discrecionalidad al momento de establecer los factores que desea calificar, siempre y cuando no sean desproporcionados o arbitrarios, y éstos respondan a aspectos relevantes de forma tal que generen una ventaja para la Administración de frente al objeto contractual. En este sentido, este Despacho ha señalado que la decisión de evaluar determinados factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe dentro de la discrecionalidad administrativa (de la Administración)- por supuesto dentro del respecto de la

6 6 normativa y los principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son responsables de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se han basado para ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su criterio. (ver la resolución R-DCA ). En el caso, el recurrente cuestiona el monto establecido por la Administración pero no explica cuál parámetro sería razonable, ni tampoco aportó ningún estudio comparativo de las compras anuales del INS, la CCSS o el ICE mediante el cual demuestre que las compras de los productos objeto de esta licitación son similares a las compras que realizan esas instituciones y por lo tanto se podrían comparar en igualdad de condiciones. Y es que la información aportada en el disco compacto con los planes de compras anuales de dichas instituciones no acredita por sí mismo que las compras de alimentos que esas instituciones realizan son comparables con las compras que realiza el Ministerio de Justicia y Gracia para los centros penitenciarios. En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 3) Cumplimiento de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social: En el punto 2 del cartel se establece lo siguiente: 2. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. ( ) c) Se considerará inadmisible aquel oferente que no se encuentre inscrito, activo y al día con el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) al momento de la apertura, de conformidad con los artículos 31 y 74 reformados de la Ley Orgánica de la CCSS y artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El recurrente manifiesta que en la resolución R-DCA del 30 de julio del 2012, la Contraloría General de la República determinó que éste no podía ser un requisito de admisibilidad y que más bien se encuentra sujeto a la posibilidad de ser subsanado. Por lo tanto solicita que se elimine este requisito del cartel. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que este requisito se encuentra en el cartel original y no fue objetado en su momento, por lo cual la oportunidad para recurrir ya venció. Criterio de la División: El plazo para interponer recurso de objeción contra el cartel se encuentra regulado en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone que Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Ahora bien, se observa que el punto cuestionado no fue modificado en la última versión del cartel, sino que se encuentra igual que en la versión original del cartel, por lo tanto se debe determinar la procedencia del recurso de conformidad con la regla del citado artículo. En el caso bajo análisis se tiene acreditado que la Administración licitante publicó la invitación a participar en esta

7 7 Licitación en La Gaceta No. 134 del 11 de julio del 2012, y posteriormente en La Gaceta No. 165 del 28 de agosto del 2012 publicó una Fe de Erratas en la cual comunicó a los interesados que se habían realizado modificaciones al cartel, quedando la apertura de las ofertas para el 18 de setiembre próximo. Ello significa que de conformidad con el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la posibilidad para objetar las cláusulas de la primera versión del cartel venció el 3 de agosto del Si bien el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa abre la posibilidad de objetar nuevamente el cartel, ello lo es únicamente contra las modificaciones o adiciones que se realicen al cartel, y por lo tanto contra las demás cláusulas del cartel dicha posibilidad queda precluida. En lo que interesa, dicha norma dispone lo siguiente: Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. En razón de lo expuesto, lo procedente es rechazar por extemporáneo el recurso de objeción en este aspecto. No obstante lo anterior, conviene señalar a la Administración que mediante la resolución No. R-DCA diez horas del treinta de julio de dos mil doce y el oficio No del 27 de agosto de 2012, este órgano contralor ha externado su posición respecto de que es factible la subsanación de la condición de morosidad con posterioridad a la apertura de ofertas, en tanto una lectura acorde con el principio de eficiencia permite interpretar armónicamente las normas que protegen la seguridad social con las normas sustantivas de la contratación administrativa. Desde luego, debe considerarse que la aplicación de las regulaciones sobre la seguridad social y en particular lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social; debe respetarse por la Administración y en consecuencia, un oferente moroso que decide no pagar sus obligaciones ante la prevención de la Administración después de la apertura de ofertas, debe necesariamente ser excluido y no podría válidamente resultar adjudicatario. Por otro lado, la referida prevención debe hacer la Administración dentro de los cinco días posteriores a la apertura de ofertas en los términos que dispone el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo en aras de atender las obligaciones con la seguridad social que ha regulado el legislador en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social VII. RECURSO DE OBJECIÓN PRESENTADO POR LA MAQUILA LAMA S.A.: A) Legitimación de la objetante. El artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. Dicha disposición implica que el recurrente debe

8 8 alegar en su escrito, aunque sea sucintamente, la legitimación que tiene para interponer el respectivo recurso de objeción. En el caso bajo análisis, el señor Juan Carlos Sandoval en calidad de representante legal de la empresa La Maquila LAMA S.A. explica que dicha empresa se dedica desde hace más de quince años a la distribución y comercialización de granos y abarrotes, lo cual evidencia que el giro comercial de dicha empresa resulta acorde con el objeto contractual de esta licitación. Ello resulta suficiente para tener por acreditada la legitimación de la apelante para interponer el recurso. B) Sobre el fondo del recurso de objeción: 1) Calificación de la experiencia: En la metodología de evaluación, el cartel establece lo siguiente: 23) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: ( ) Precio (80 puntos) ( ) Experiencia positiva (20 puntos). Manejo del producto 10%. ( ) Experiencia positiva con Instituciones u otros 10%. b) Para evaluar la experiencia positiva con Instituciones Públicas o empresas privadas que hayan recibido el servicio de abarrotes, el oferente deberá aportar lo indicado en el punto k del apartado Condiciones Específicas de este Pliego de Condiciones. Por su parte, en el punto k) las Condiciones Específicas del cartel se establece lo siguiente: 4. CONDICIONES ESPECÍFICAS: ( ) k. El oferente deberá aportar con su oferta y para efectos de ser valoradas en la metodología de evaluación, cartas de referencia positiva de relaciones contractuales durante los últimos dos años, en las cuales deberán indicarse los siguientes datos: ( ) Tiempo de duración de los contratos y montos, para efectos de la presente contratación solo se tomarán en cuenta las referencias de Contratos por montos iguales o mayores a sesenta y cinco millones de colones ( ) mensuales, cada contratación que se refiera deberá contemplar un mínimo de al menos tres de los productos contemplados en las siete líneas requeridas en el apartado uno de este pliego de condiciones. La recurrente alega que la pretensión de la Administración de evaluar únicamente las referencias de aquellos contratos por montos iguales o superiores a sesenta y cinco millones de colones limitan su participación en este concurso, ya que el monto establecido es totalmente desproporcionado. Explica que en el sistema de Comprared del Ministerio de Hacienda no puede ver que no se han adjudicado en los dos últimos años contratos de setecientos ochenta millones de colones anuales, razón para tener este requerimiento como una limitante injustificada para poder concurrir y presentar oferta al concurso. Solicita que se modifique el cartel para que se permita presentar cartas de referencia con base a contratos reales en donde se logre medir el servicio y la experiencia en la venta y distribución de alimentos. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Reitera lo ya indicado en el recurso anterior, en el sentido de que esta cláusula no limita la libre participación de oferentes ya que las cartas de referencia positiva serán valoradas en la metodología de evaluación. Criterio de la

9 9 División: Este aspecto ya fue analizado en el punto VI. A) 2) de esta resolución en cuanto a la procedencia de establecer el requisito, razón por la cual resulta aplicable lo ya resuelto en ese punto. Por lo demás, en el caso tampoco el objetante ha logrado acreditar que el monto establecido por la Administración resulte irrazonable o desproporcionado, pues en su recurso ni siquiera indica cuáles serían sus limitaciones para participar. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción VIII.- RECURSO DE OBJECIÓN PRESENTADO POR CORPORACION VADO QUESADA S.A.: A) Sobre la legitimación de la objetante. El artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que el recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. Dicha disposición implica que el recurrente debe alegar en su escrito, aunque sea sucintamente, la legitimación que tiene para interponer el respectivo recurso de objeción. En el caso bajo análisis, el señor Erick Quesada Sánchez en calidad de representante legal de la empresa Corporación Vado Quesada S.A. explica que dicha empresa se dedica a la comercialización de productos varios a nivel institucional entre ellos abarrotes, lo cual evidencia que el giro comercial de dicha empresa resulta acorde con el objeto contractual de esta licitación. Ello resulta suficiente para tener por acreditada la legitimación de la apelante para interponer el recurso. B) Sobre el fondo de recurso. 1) Atún: En la descripción de los bienes solicitados, el cartel modificado solicita lo siguiente: 7. ATUN. Dentro de sus características físico-organolépticos: color, olor, sabor, propio de la especie, textura firme, peso neto: 354 +/-1% y peso drenado de 248 gramos, en bultos de 24 unidades y en aceite. Las características del envase: envase metálico en dos piezas, herméticamente cerrado para evitar cualquier riesgo de contaminación (apto para envasar alimentos de consumo humano) presentación: (peso neto en la etiqueta 354 gramos neto/248 gramos escurridos.. El recurrente alega que las especificaciones que se solicitan van dirigidas a un producto exclusivo, y en el mercado nacional no es normal un gramaje como el que se solicita. Que ello dejaría fuera de competencia a empresas nacionales ya que este producto lo importa en exclusiva la marca Pronto para una sola empresa en Costa Rica. Solicita que se modifique el cartel para que se incluya la opción de atún de 240 gramos peso neto, escurrido 190 gramos, quedando como factor predominante el precio por gramo, permitiendo así la apertura para todo oferente que tenga un producto similar. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta que el recurrente no aportó prueba que logre demostrar su dicho. Indica que las medidas pedidas se torna de difícil ejecución en el sistema de Comprared y aún más complejo para una eventual adjudicación, donde se determine la unidad en

10 10 gramos. Criterio de la División: En relación con lo objetado, estima este órgano contralor que resulta de aplicación el realizado en el punto VI. A. 1) de esta resolución, en la medida que tampoco en este caso el recurrente ha demostrado que la presentación requerida por la Administración resulte de imposible cumplimiento en el mercado. Por otro lado, tampoco se ha demostrado que las presentaciones de enlatados comerciales que estén disponibles al público en general, resulten las únicas presentaciones factibles para el consumo de alto volumen de la Administración. En razón de lo expuesto, lo procedente es rechazar por falta de fundamentación el recurso de objeción en este aspecto, sumando también lo indicado en el punto VI.A.1. 2) Calificación de la experiencia: En la metodología de evaluación, el cartel establece lo siguiente: 23) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: ( ) Precio (80 puntos) ( ) Experiencia positiva (20 puntos). Manejo del producto 10%. ( ) Experiencia positiva con Instituciones u otros 10%. b) Para evaluar la experiencia positiva con Instituciones Públicas o empresas privadas que hayan recibido el servicio de abarrotes, el oferente deberá aportar lo indicado en el punto k del apartado Condiciones Específicas de este Pliego de Condiciones. Por su parte, en el punto k) las Condiciones Específicas del cartel se establece lo siguiente: 4. CONDICIONES ESPECÍFICAS: ( ) k. El oferente deberá aportar con su oferta y para efectos de ser valoradas en la metodología de evaluación, cartas de referencia positiva de relaciones contractuales durante los últimos dos años, en las cuales deberán indicarse los siguientes datos: ( ) Tiempo de duración de los contratos y montos, para efectos de la presente contratación solo se tomarán en cuenta las referencias de Contratos por montos iguales o mayores a sesenta y cinco millones de colones ( ) mensuales, cada contratación que se refiera deberá contemplar un mínimo de al menos tres de los productos contemplados en las siete líneas requeridas en el apartado uno de este pliego de condiciones. La recurrente alega que la cláusula cartelaria limita la participación de la mayor parte de oferentes, por cuanto a pesar de que ella tiene varios años de brindar servicios de esta índole a instituciones del estado como al sector privado, los contratos por el monto que solicita la Administración es muy alto. Considera que es muy difícil que se pueda cumplir con este requisito ya que a nivel nacional sólo la Administración licitante cuenta con ese presupuesto, lo cual es lógico ya que está destinado a velar por la alimentación de todo el Sistema Penitenciario. Solicita que se modifique este parámetro. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Reitera lo ya indicado anteriormente, en el sentido de que esta cláusula no limita la libre participación de oferentes ya que las cartas de referencia positiva serán valoradas en la metodología de evaluación. Criterio de la División: Este aspecto ya fue analizado en el punto VI. A. 2) de esta resolución, razón por la cual

11 11 aplica lo ahí dispuesto, en cuanto a las prerrogativas de la Administración en la definición de los factores de evaluación, así como el hecho de que no limitan por sí mismas la participación. Adicionalmente, la recurrente no solo no señala cuáles son sus posibilidades de frente al factor cuestionado, sino que tampoco señala argumentos que acrediten que resulte intrascendente, desproporcionado o inaplicable. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto POR TANTO De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170, 171 y 172 de su Reglamento, SE RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción interpuestos por Franklin Giovanni Herrera Oviedo, La Maquila LAMA S.A. y Corporación Vado Quesada S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN , promovida por el Ministerio de Justicia y Gracia para la compra de alimentos para los Centros Penales y las Oficinas Administrativas que conforman el Sistema Penitenciario NOTIFÍQUESE Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Gerente Asociado MSc. Celina Mejía Chavarría Abogada Fiscalizadora CMCH/chc NI: 16716, 16786, 16790, NN: (DCA-2189) G: