MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO Voto Nº

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1 MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR AÑO 2006 Voto Nº Comisión Nacional del Consumidor, a las dieciocho horas cinco minutos del trece de febrero del dos mil seis. Procedimiento ordinario administrativo seguido en virtud de denuncia interpuesta por VIRGINIA MORA REAL, portadora de la cédula de identidad número uno- setecientos cuarenta y cinco-trescientos sesenta y cuatro, contra COMERCIAL ROBINSON S.A., cédula jurídica número tres -ciento uno- ciento noventa y nueve mil setecientos once, por la supuesta infracción al artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472 del 20 de diciembre de

2 COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Voto Nº Comisión Nacional del Consumidor, a las dieciocho horas cinco minutos del trece de febrero del dos mil seis. Procedimiento ordinario administrativo seguido en virtud de denuncia interpuesta por VIRGINIA MORA REAL, portadora de la cédula de identidad número uno- setecientos cuarenta y cinco-trescientos sesenta y cuatro, contra COMERCIAL ROBINSON S.A., cédula jurídica número tres -ciento uno- ciento noventa y nueve mil setecientos once, por la supuesta infracción al artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472 del 20 de diciembre de RESULTANDO PRIMERO: Que el veintiocho de junio del dos mil cuatro, VIRGINIA MORA REAL, interpone denuncia en esta sede contra COMERCIAL ROBINSON S.A., aduciendo que el 11 de junio del 2004, para hacer unos trámites en la Municipalidad compró en Comercial Robinson unos timbres fiscales (uno de archivo y uno fiscal) que en total sumaban 25,00, pero a la hora de cancelar le cobraron 100,00. Solicitó una factura desglosada; sin embargo, le hicieron una que indicaba únicamente especies fiscales. Como prueba de su dicho aporta simple fotocopia visible a folio 4 de los autos. En virtud de lo sucedido la accionante solicita que se imponga a la denunciada una multa. ( Ver folios 1 y 3 ). SEGUNDO: Que por resolución de las once horas diez minutos del cuatro de marzo del dos mil cinco, se previno a la Unidad de Políticas y Apoyo al Consumidor ( en adelante UPAC) una verificación de hechos en el establecimiento denunciado (Folio 11), que fue contestada por oficio UPAC , recibido el once de marzo del dos mil cinco. (Folios 20 al 24) TERCERO: Que mediante auto de las doce horas del cuatro de marzo del dos mil cinco, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como órgano director se dio inicio al procedimiento administrativo por supuesto incumplimiento de las disposiciones del artículo 34 de la Ley número 7472 (Folios 12 al 16). CUARTO: Que la comparecencia oral y privada del procedimiento ordinario administrativo se realizó a las trece horas con cincuenta minutos del veintisiete de abril del dos mil cinco, sin la participación de la accionante a pesar de haber sido debidamente notificada según consta a folios 18 y 19. (Folios 47 al 67). QUINTO: Que se han realizado todas las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO.- Hechos probados.- Para la resolución del presente asunto se tiene por demostrado: 1. Que el once de junio del dos mil cuatro Virginia Mora adquirió en el establecimiento comercial especies fiscales por cien colones ( 100,00). ( Ver folio 4) 2. Que el diez de marzo del dos mil cinco en el establecimiento comercial se vendió dos timbres fiscales de diez colones y uno de archivo de cinco colones a un precio de cincuenta colones. ( Ver folios 20 al 24) 1

3 SEGUNDO.- Hechos no probados.- Como tal, y de importancia para la resolución de este asunto se tienen el siguiente: 1. Que la denunciante haya solicitado un factura detallada. 2. La cantidad de timbres que se vendió a la accionante. TERCERO: Sobre el fondo. Para esta Comisión, el hecho denunciado se enmarca dentro de los alcances del inciso h) del numeral 34, relacionado con el inciso c) del numeral 36 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472, es decir una supuesta especulación por parte del comerciante. CUARTO: Del análisis de la prueba que consta en autos bajo las reglas de la sana crítica racional, quedó debidamente comprobado que el once de junio del dos mil cuatro, Virginia Mora adquirió en el establecimiento comercial especies fiscales por cien colones ( 100,00), lo cual se desprende de la copia de la factura número , que a pesar de ser simple copia, fue reconocida por la parte accionada en la comparecencia oral y privada, según consta a folio 51. No obstante, a pesar de que la accionante indica que lo que adquirió fue un juego cuyo valor era de veinticinco colones, lo cierto es que no aportó prueba que fundamente su dicho, ni de que haya solicitado una factura detallada y en el establecimiento se hayan negado a hacerlo. Igualmente, como resultado de una verificación de hechos realizada por la UPAC, por solicitud expresa del órgano director, se pudo comprobar que el diez de marzo del dos mil cinco en el establecimiento comercial se vendió dos timbres fiscales de diez colones y uno de archivo de cinco colones a un precio de cincuenta colones. ( En este sentido ver folios 20 al 24) QUINTO. En cuanto a los hechos que se le imputan la empresa denunciada fundamenta su oposición en basándose en síntesis en las siguientes consideraciones. Inicialmente, que en el establecimiento no se lucra con las especies fiscales. Indican que cuando la accionante se presentó fue atendida por Isaac Gutiérrez Solano, quien indica que lo que la accionante solicitó fue un juego de timbres para trámite municipal 20 colones de timbre fiscal, 5 colones de archivo y 75 municipal- y fue lo que le entregó; luego ella salió del establecimiento y volvió haciendo el reclamo de que eran sólo timbres por 25 colones. En cuanto a la oportunidad en que se apersonaron los inspectores del MEIC entiéndase los funcionarios de la UPAC-, no estaba ninguna de las dos cajeras, por lo que Olga Valverde Porras, quien ignora el manejo de las cajas, se ofreció a atenderlos y en ese momento cobró 50 colones, que era, según su conocimiento el mínimo establecido para los juegos de timbres. Cabe indicar que ambas versiones fueron ratificadas por los dos empleados mencionados cuyo testimonio fue aportado por esa parte. ( Ver folios 53 a 59 y 60 a 65) SEXTO.- El artículo 34 inciso h) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor -Ley N impone al comerciante en su relación con los consumidores el deber de: "(...) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el consumo (...)". Propiamente respecto a la especulación, el numeral 36 de la misma ley de establece la prohibición a los comerciantes de incurrir en una serie de acciones restrictivas de la oferta, la circulación o la distribución de bienes y servicios, entre ellas el inciso c) se refiere concretamente a la figura de la especulación, que se configura cuando se ofrecen o venden dichos productos o servicios, en los diversos niveles de la cadena de comercialización, a precios superiores a los 2

4 ofrecidos, de conformidad con los artículos 5; 34 inciso b); 37 y 41 de esa Ley; sin que para su configuración, el ordenamiento requiera la actuación dolosa por parte del comerciante. SETIMO- En el procedimiento que nos ocupa, es necesario analizar dos momentos, en primer término, la compra de los timbres por la accionante, si bien se comprobó la compra de los timbres, la versión de los hechos por parte del testigo aportado, señor Isaac Gutiérrez Solano, bajo fe de juramento, en síntesis indica que lo que la accionante solicitó fue un juego para trámite municipal y fue lo que se le entregó, un juego de cien colones; asimismo, agrega que la accionante se retiró del establecimiento y fue hasta después que llegó haciendo el reclamo. No obstante lo anterior, no fue el encargado de hacer la factura. ( Para mayor abundamiento ver folios 53 a 58) Lo descrito anteriormente genera duda a este órgano respecto a como sucedieron los hechos que motivaron a la denunciante a acudir a esta vía; no obstante, como se ha indicado, el órgano director, en aras de verificar la verdad real ordenó la realización de una verificación en el establecimiento denunciado, cuyo resultado fue que efectivamente en el establecimiento se les vendió una serie de timbres por un precio superior a su valor facial. En este sentido la defensa de la accionada se fundamenta en que la persona que vendió, no era encargada de cajas y estaba ocupando ese puesto sin autorización de los superiores. ( Ver folios 59 a 64) Sobre el particular, ofreció como testigo de descargo a la señora Olga Valverde Porras, quien fue, según ella misma reconoce, quien vendió a los funcionarios de la UPAC; asimismo agrega que les cobró cincuenta colones por un juego que sumaba veinticinco, por desconocimiento. Cabe indicar, de lo antes descrito que a pesar de las razones que motivaron la venta de los timbres a un precio superior al establecido, el comerciante es obligado directo a cumplir con las estipulaciones de la Ley 7472, incluso, el último párrafo de su artículo 35 dispone que: Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio, son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares.. Así las cosas, cualquier comerciante debe establecer los controles y medidas necesarias para que en su giro comercial se asegure el cumplimiento de todas las disposiciones de la Ley, ya que no hacerlo, podría incurrir en una infracción, con la correspondiente responsabilidad. Partiendo de lo anterior, el caso en estudio se resume, independientemente de los motivos, en una venta por parte del comerciante, de un bien a precio superior al informado en éste. Con fundamento en los elementos de hecho y de derecho analizados, y valorada la prueba que consta en autos, esta Comisión considera procedente declarar con lugar la denuncia, teniendo por comprobada la falta a los artículos 34 inciso h) en relación con los artículos 36 inciso c) y 34 inciso b) de la Ley de cita. En virtud de lo expuesto, de conformidad con su artículo 57 inciso b) lo que procede es imponer una sanción a la empresa denunciada, que en el presente caso se gradúa la sanción en la mínima establecida por el ordenamiento, es decir DIEZ VECES el menor salario mínimo mensual contenido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. POR TANTO 1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por VIRGINIA MORA REAL, contra COMERCIAL ROBINSON S.A.,por especulación. Por lo que se le impone la sanción de pagar en favor del Estado, la suma de NOVECIENTOS 3

5 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS COLONES EXACTOS ( ), equivalente a diez veces el menor salario mínimo mensual establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, que en el primer semestre del dos mil cuatro, fue de noventa y cinco mil doscientos cincuenta colones exactos ( ). Dicha multa debe ser cancelada mediante Entero Gobierno en un banco estatal autorizado, debiendo aportar al expediente el respectivo comprobante (original o fotocopia debidamente certificada). 2- Se efectúa PRIMERA INTIMACIÓN, con fundamento en el artículo 68 de la LPCDEC y numeral 93 del Reglamento a dicha ley, así como en el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), a los representantes legales de COMERCIAL ROBINSON S.A.: GRACE ARGENTINA ARIAS ALVARADO, cédula número siete-cero cuarenta y uno-doscientos noventa y FRANKLIN EARL ROBINSON BARNABY, cédula siete-cero treinta y sietequinientos veintisiete, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de esta notificación, cumplan con lo aquí dispuesto en la parte dispositiva o POR TANTO. Cumplido lo ordenado, remítase documento que acredite dicho hecho a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en San José, del costado noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora, trescientos cincuenta metros oeste, para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el presente voto, certifíquese el adeudo y proceda la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión a cumplir con lo establecido en el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, de previo a enviar el expediente a la Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del Estado. Contra esta resolución, puede formularse recurso de reconsideración o reposición, el cual deberá plantearse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su notificación ante la Comisión Nacional del Consumidor para su conocimiento y resolución. Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE NÚMERO