SALA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PROCESADO: MARIANA CUMANDA GALARRAGA BURGASI,

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1 SALA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA JUICIO No PROCESADO: MARIANA CUMANDA GALARRAGA BURGASI, AGRAVIADO: EL ESTADO ECUATORIANO MOTIVO: DROGAS RESOLUCIÓN: CT FECHA DE ENTREGA:

2 CORTE NACIONAL DE JIJSTICIA IIIurnaj,ta. Izan,n~anra. Icosnn,ari;a JUEZ NACIONAL PONENTE Dr. Jorge M. Bluni Carcelén Juicio Penal N~ Revisión-Tenencia de Dragas CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL. PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO. Quito, 27 de enero del A las 09H10.- VISTOS: La procesada Mariana Cuniandá Galarraga Burgasi, interpone recurso de revisión, de la sentencia dictada el 17 de Abril del 2013, a las 14h54, por la Segunda Sala de Garantías Penales de Pichincha, que reforma la sentencia condenatoria dictada por el Cuarto Tribunal de Garantías Penales, el 17 de julio de 2012, a las 12h38, que le impuso la pena modificada de tres años de prisión correccional; y, en su lugar la condena a ocho años de reclusión mayor ordinaria, por considerarla autora del delito tipificado y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sentencia de la cual la mencionada procesada, el 31 de mayo del 2013, interpone recurso de revisión, por lo que es remitido a la Corte Nacional de Justicia. 1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión del 22 de julio de 2013, integró sus seis Salas Especializadas, conforme disponen los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica ) Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 38 de 17 de julio del 2013, que sustituye a los artículos 183 y 186 de la misma ley; por tanto la Sala Especializada de 1~ Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito tiene competencia para conocer los recursos de casación, revisión y los demás que establezca la ley; y, en virtud de lo dispuesto en los artículos 172 y de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo del Código Orgánico de la Función Judicial, la Corte Nacional de Justicia, ejerce jurisdicción en todo el territorio nacional. Habiéndose mediante sorteo de ley designado a este Tribunal integrado por el Dr. Jorge M. Blum Carcelén, Juez Nacional Ponente, Dra. Ximena Vintimilla Moscoso y Dr. Wilson Merino Sánchez, Jueza y Juez Nacional respectivamente, por lo que integrados en Tribunal somos competentes para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión. 1

3 II.- VALDEZ PROCESAL: Revisado el trámite del presente recurso de revisión, no se observa omisión de solemnidad sustancial alguna que pudiera invalidar o acarrear nulidad procesal, en consecuencia, este Tribunal, declara la validez de todo lo actuado. ifi.- ANTECEDENTES: Mediante el parte de detención de fecha 01 de diciembre del 2011, se tiene conocimiento, que en el sector de Solanda Callejón S23-C, casa N 0e3-334 y Callejón Oe-3L ha sido detenida Mariana Cumandá Galarraga Burgasi, momentos en los cuales la referida ciudadana ha salido de dicho inmueble avanzando por medio del parque del sector, momentos en los cuales ha sido interceptada por los Agentes Antinarcóticos de Pichincha, quienes han procedido a retirarle sus pertenecías que llevaba en la mamo, tratándose de una funda plástica color negro, en cuyo interior se le encontró una tarrina color plomo conteniendo una sustancia amarillenta, la misma que al ser sometida a los químicos de campo a dado positivo para cocaína, con un peso bruto de gramos; de igual manera en el monedero de cuero color negro, en su interior se ha localizado dos estuches plásticos ovalados color amarillo, encontrando 12 fundas conteniendo una sustancia amarillenta, que dio positivo para cocaína con un peso bruto de gramos; así mismo al ingresar al domicilio de la mencionada ciudadana, luego de realizar la correspondiente explotación del sitio, en un vaso pequeño de varios colores, encontraron 5 fundas plásticas transparentes, con una sustancia amarillenta que dio positivo para cocaína con un peso bruto de gramos, así mismo en un aparador color café se ha localizado dos fundas plásticas transparentes con una sustancia vegetal verdosa, las mismas que al ser sometidas a los químicos de campo a dado positivo para marihuana, con un peso bruto de 3.10 gramos. Dando una totalidad de droga incautada en dicho domicilio, con un peso bruto de gramos de cocaína y 3.10 gramos de marihuana. IV. - FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN: La recurrente María Cumandá Galarraga Burgasi, representada por su abogado defensor William Aguaguina González, al fundamentar el recurso de revisión respecto al artículo 360 causal sexta del Código de Procedimiento Penal, manifestó: Que el presente juicio se inicia con la aprehensión de la señora Marina Cumandá Galarraga, por el seguimiento que se realiza en el sector de Solanda; que mediante instrucción fiscal llegó a conocimiento del Cuarto Tribunal de Garantías Penales de 2

4 4~J+ CORTE NACIONAL DE JTJSTICTA Jania,,ncn,a. Ko,jIç,i,&ufln JUEZ NACIONAL PONENTE Dr. Jorge M, BIum Carcelén Juicio Penol N~ Revisión-Tenencia de Drogas Pichincha, quienes la sancionah corno autora del delito tipificado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena de tres años de prisión correccional, tornando coito base las atenuantes consagradas en el artículo 29, numerales 6 y 7 del Código Penal, ya que la señora Marina Galarraga desde el inicio de la investigación, colaboró con la justicia, toda vez que no era de ella la droga, sino que le pertenecía a la señora Sonia Tipán, tal coito lo refiere en su versión, por lo que indicó la dirección del domicilio de dicha señora. Consta del expediente que la recurrente es dependiente a la cocaina y la marihuana, incidente que en ningún momento flie tornado en cuenta por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales, quienes flindarnentaron la sentencia5~)anicamente en base a los actos probatorios que alegó la defensa en ese momento, por eso solicita que se le tenga en cuenta como prueba documental la versión que consta de fojas 186, en donde manifiesta que seguirá colaborando con la justicia, para que se logre aprehender a quienes si son tenedores de estas sustancias prohibidas por la ley, de igual manera se tome como prueba que su defendida, no tiene problemas con la justicia, ni antecedentes anteriores y peor posteriores. Que consta a fojas 120, del expediente, el examen psicosomático en el que su defendida, demuestra ser dependiente y se sugiere que tenga el respectivo tratamiento, ya que el artículo 86 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, establece como atenuante trascendental el hecho de que todo procesado suministre datos e informaciones precisas que conduzcan a descubrir a los presuntos culpables, tal coito lo ha actuado su defendida. Que al subir esta sentencia en consulta a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, le agrava la sanción de tres años y le imponen ocho años de reclusión, afectando la salud de su defendida, toda vez que sufre de diabetes, como lo demuestra con la prueba documental emitida por el centro donde se encuentra recluida y está bajo tratamiento hospitalario; así como también consta atenuantes para que la señora no haya recibido esa sanción, su buen comportamiento y su buena conducta que mantiene en el centro de rehabilitación, 3

5 basándonos en lo que dispone el artículo 72 del Código Penal que contempla la disminución de la pena, en caso de existir dos o más atenuantes y ninguna agravante. Manifiesta la defensa, que conforme lo disponen los artículos 123 de Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópica, 304.A, 309, 312 y 359 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 29 del Código Penal, la procesada es mayor de sesenta años de edad, que procuró en su momento reparar el daño al colaborar con la justicia, dando nombres exactos para que la Fiscalía actué con objetividad y dé con los responsables y tenedores de las sustancias y por lo que dispone el artículo 76, numeral sexto, de la Constitución de la República, solicitó que se analice la proporcionalidad, ya que la cantidad de droga es mínima (178 gramos), al pretender sancionarla con una pena de ocho años y se considere la pena impuesta por el Cuarto Tribunal de Garantías Penales. V. - CONTRADICCIÓN A LOS FUNDAMENTOS DE LA PROCESADA: La Fiscalía General del Estado, en la persona de su delegado, doctor Luis Alfredo Zúñiga Hermosa, al dar contestación a las argumentaciones esgrimidas por la casacionista, indicó lo que sigue: Que el artículo 195 de la Constitución de la República, indica que la investigación, pre procesal y procesal debe ser ejercida por la Fiscalía, como en efecto así se ha realizado demostrando la materialidad de la infracción y la responsabilidad de la procesada, de confonnidad con el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con los artículos 83, 86 y 88 ibídem. Que en todas las etapas procesales se ha respetado el debido proceso, la seguridad jurídica y la tutela efectiva, de conformidad con los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 5.1 de Código de Procedimiento Penal y los artículos 25 y 130, numerales 1 y 2, del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, que se cumplió en legal y debida forma la investigación correspondiente, más aún, la procesada fue encontrada en delito flagrante; con estos antecedentes el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, no obstante de que se comprobó conforme a derecho la existencia material de la infracción y la responsabilidad de la procesada, de conformidad con el artículos 25 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 88 del mismo código, declaran la culpabilidad y la responsabilidad de la procesada, 4

6 4% corre NACIONAL DE J{JSTICLA t~,rd,,l, S(J: rl y lzanic;nianta. Kd.tlkflx JUEZ NACIONAL PONENTE Dr. joige M Rlum Carcdén Juicio Penal N~ Revisión-Tenencia de Drogas sancionándola de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a la pena de prisión correccional de tres años. Que esta sentencia subió en consulta ante la Segunda Sala de Garantías Penales de la Coite Provincial de Justicia de Pichincha, quienes en forma definitiva, concreta, precisa y legal, rechazan la sentencia, reformándola, en razón de que el juez a-quo, no cumplió con las disposiciones legales, en cuanto al tipo penal, que señala el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en relación a la pena, a pesar de que en flagrancia estaba en posesión de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que dicha Sala, observa duramente al tribunal a-quo, e incluso manifiesta que si bien es cierto hizo relación al principio de proporcionalidad, de acuerdo al 304.A del Código de Procedimiento Penal, no tomó en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional ante la consulta que hizo el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, que consta precisamente en la sentencia 006-ll-SCN-CC, l-cn, en cuya parte pertinente dice: En la presente consulta se ha determinado que la sanción establecida en la norma contenida en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, relativa a la tenencia y posesión ilícita de estas sustancias, dada la condición de la norma jurídica abierta y el principio de reserva estatuido a favor de la legislatura, no presenta contradicción a los principios constitucionales., por lo que, es evidente que se trata de precautelar el bien jurídico tutelado, el bien social, en esas circunstancias la Segunda Sala de Garantías Penales al observar esta situación, manifiesta que va a poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura la sentencia que revocó y con la cual acertadamente incrementó la pena, aplicando en forma correcta el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sancionando a la procesada con ocho años de reclusión ordinaria. Con todos estos antecedentes, la Fiscalía, demuestra que el revisionista no ha justificado la disposición constante en el numeral sexto del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal; por lo que solicitó que se declare improcedente el recurso de revisión y se confirme la sentencia impugnada. 5

7 Replica, de la recurrente Mariana cumandá Galarraga Burgasi, quien a través de su defensa técnica, ejercida por el doctor William Aguaguina González indicó: Qué no es menos cierto, que se ha demostrado por medio de la Fiscalía una actuación, pero hay que analizar que ha faltado objetividad, conforme lo dispone el artículo 65, segundo inciso del Código Penal, cuando la procesada en su versión rendida ante la Fiscalía, con fecha 27 de diciembre del 2011, dio toda su colaboración, donde informó quien le proporcionó la droga, nombres exactos, direcciones y esas personas no aparecen dentro de la investigación y ahí es cuando debería actuar la Fiscalía, con objetividad y cumplir con lo que dispone el artículo 86 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuando hubo la colaboración para dar con los responsables y así proteger el bien jurídico tutelado. VI- ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE REVISIÓN: El Recurso de Revisión, está concebido como la acción que busca desvirtuar la ffierza de la cosa juzgada formal, cuyo objeto no es otro que el de corregir el yerro relativo a la condenación de una persona inocente o exenta de responsabilidad, a fin de lograr la realización de la justicia en la búsqueda de la paz social. La acción de revisión, se debe proponer dentro de las causales correspondientes, enumeradas en el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, que en su inciso final dispone que:...excepto el último caso de revisión, solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada, lo que significa que el recurrente queda obligado a probar los hechos que llevaron al Tribunal de instancia a ) dictar el fallo condenatorio. En la obra Casación y Revisión Penal de Orlando A. Rodríguez, editorial TEMIS S.A, Bogotá Colombia 2008, pág. 426, se cita al profesor ALFONSO REYES ECHÁNDÍA, que dice:...la revisión es un recurso extraordinario, que ha sido creado por el legislador para corregir protuberantes injusticias, que no pudieron ser evitadas en el decurso regular del proceso y que han conducido a la condenación de una persona inocente, el cual implica quebrantamiento del principio de la cosa juzgada sobre el cual se asienta la incoluninidad de las sentencias judiciales ejecutoriadas. Este Tribunal de Revisión, participa de considerar a la revisión como un verdadero recurso extraordinario, que permite revocar una sentencia condenatoria que se encuentra en firme y que ha pasado a ser cosa juzgada, con lo que el sentenciado ha perdido su estatus de inocencia, por lo que no puede ser impugnada por medios normales, considerado corno un juicio al juicio, que como repetimos, trata de destruir la cosa juzgada y por ende la sentencia de condena. 6

8 a. CORTE NACIONAL DE JUSTICLA. ¼!rdod. Sr~ un.~, y TlIun,o, t~. ;Can,cvn;an:a. Kasifrn~,i,,:, JUEZ NACiONAL PONENTE Dr. Jorge M. 13h.im Carcelén Juicio Penal N~ Revisión-Tenencia de Drogas La recurrente María Cumandá Galarraga Burgasi, en la fundamentación del recurso de revisión, en la audiencia oral, pública y contradictoria, a través de su defensa técnica, se limitó a relatar hechos que dieron lugar al presente enjuiciamiento penal, argumentando que su defendida había colaborado con la justicia y que en primera instancia los juzgadores a-quo consideraron dichas atenuantes, pero sin embargo cuando subió el proceso a consulta empeoraron la situación de su defendida incrementando la pena a 8 años de reclusión mayor extraordinaria, argumentaciones que no tienen fundamento y están lejos de la naturaleza del recurso de revisión, ya que la recurrente, interpuso un recurso extraordinario, para demostrar el error judicial y con ello destruir la cosa juzgada, de allí que en el presente caso respecto a la invocada causal sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal no ha sido justificada, ya que si bien es cierto no se requiere prueba nueva, si se debe demostrar que no se ha comprobado conforme a derecho la existencia material del delito, pues a decir de la defensa técnica de la misma recurrente, que si está comprobado el delito, constituye un contra sentido alegar dicha causal como materia de revisión, ya que de la prueba practicada en la audiencia de juzgarniento si se estableció la existencia del delito tipificado y sancionado por el artículo 62 de la ley de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, es decir, que con la prueba actuada en juicio se estableció que la recurrente the detenida en delito flagrante, esto es que se encontró entre sus pertenencias y en diferentes lugares de su vivienda sustancias sujetas a fiscalización, que luego de los respectivos exámenes, se estableció que tenía un peso bruto de gramos de cocaína y 3.10 gramos de marihuana; por lo que no se puede considerar como válida dicha argumentación para destruir la sentencia que pesa en su contra. La recurrente sin fundamento pretende dar valor a su versión, al indicar que debió aplicársele la atenuante trascendental por la información proporcionada, lo que no es posible ya que no cumple con lo estipulado en el artículo 86 de la ley de la materia, porque no proporcionó información precisa, verdadera y comprobable que conduzcan a descubrir a los presuntos culpables del ilícito, estableciéndose que dicho argumento simplemente le sirvió para tratar de eludir su responsabilidad ya que fue detenida en posesión de la sustancia prohibida, por lo que puede tomarse en consideración dicha alegación. 7

9 Este Tribunal de Revisión establece que los jueces de instancia, al dictar el fallo han cumplido con los requisitos del articulo 304-A del Código de Procedimiento Penal, ya que dichos juzgadores, con la prueba actuada detei-rninaa-on con certeza la existencia material de la infracción y la responsabilidad de la procesada, sin que con las alegaciones hechas por la recurrente se llegue a atacar de forma veraz y precisa el fallo recurrido investido de cosa juzgada. VII- RESOLUCIÓN: En tal virtud, este Tribunal de Revisión de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA constitución Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, por unanimidad de conformidad con el articulo 367 del codigo de procedimiento penal, se declara improcedente el recurso de revision planteado por la recurrente-sentenciada María Curnandá Galarraga Burgasi.- Cúmplase y Nonfíquese. CIONAL CERTIFICO. (~ime~fménez SECRETARIA RELATORA (E) a