RECURSO DE CASACIÓN 6-09 Juez Ponente: Dr. José Suing Nagua CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, a 22 de abril de 2013; las 16h4 VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante Resolución No. 4-2012 de 2 de enero de 2012, las Resoluciones de 30 de enero de 2012 y de 28 de marzo de 2012, de integración de las Salas Especializadas emitidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, así como el acta del sorteo electrónico de causas de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 4 de abril de 2012. Integra este Tribunal de Casación el doctor José Suing Nagua, de conformidad con el artículo 2, literal c), de la Resolución No. 7-2012 de 27 de junio de 2012, y la Resolución No. 10-2012 de 29 de agosto de 2012. El señor Marco Antonio Ochoa Molina, Director del Hospital Luis F. Martínez de la ciudad de Cañar, dentro del juicio No. 19-2008, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 21 de octubre de 2009 por la Sala del Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Cuenca, que resolvió no admitir su demanda que buscaba la ilegalidad del Acuerdo No. 08 0439 C.N.A. de 2 de junio de 2008, emitido por la Comisión Nacional de Apelaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que confirmó el Acuerdo No. 13000100.0006-08 CPPCA, emitido por la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias del IESS del Azuay, que, a su vez, ratificó la glosa No. 080-11-2007 en contra del Hospital Luis F. Martínez. El recurrente fundamenta su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por errónea interpretación de la Cláusula Cuadragésima Tercera del
RECURSO DE CASACIÓN 6-09 Contrato Colectivo celebrado entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio; además, por falta de aplicación del artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado. En lo principal, el recurrente sostiene que la obligación de proveer los recursos para el seguro de cesantía le corresponde al Ministerio de Salud, en virtud de la referida disposición estipulada en el contrato colectivo, y no al Hospital Luis F. Martínez. Además, dice que operó el silencio administrativo positivo respecto a la solicitud dirigida al señor Eduardo Arévalo, Inspector del IESS, de que se deje sin efecto la glosa, sin que se haya recibido respuesta. La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, en providencia de 19 de mayo de 2010, admite el recurso interpuesto. Pedidos los autos para resolver, se considera: --------------------------------------------------- PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la Constitución de la República; numeral 1 del artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 1 de la Codificación de la Ley de Casación.----------------------------------------------------------- SEGUNDO: La Sala del Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia recurrida, inadmitió la demanda, fundamentándose en que la obligación de pagar el aporte del % para el Seguro Adicional de Cesantía estaba vigente en virtud de los convenios firmados, y que el Hospital Luis F. Martínez no podía alegar falta de presupuesto para incumplirla. Por otro lado, no acepta el argumento de que ha operado el silencio administrativo por cuanto la autoridad a quien se presentó la solicitud no era competente para atenderla y porque es contraria a derecho ya que se ha
RECURSO DE CASACIÓN 6-09 reconocido la existencia de la obligación y no podía incumplirse alegando la falta de presupuesto, como queda señalado.------------------------------------------------------------------------------- TERCERO: El problema jurídico que la Sala debe resolver es si la obligación patronal generada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el aporte adicional del % para el Seguro de Cesantía debía ser cumplida por el Hospital Luis F. Martínez o por el Ministerio de Salud Pública. 3.1. En virtud del artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud, el Ministerio de Salud Pública es la autoridad sanitaria nacional a la que le corresponde las funciones de rectoría del sistema de salud. Los hospitales son entidades del sistema de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, implementadas para prestar atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento a la población de su área de influencia, como lo dispone el Reglamento Orgánico Funcional de Hospitales del Ministerio de Salud Pública, dictado mediante Acuerdo Ministerial No. 6408, publicado en el Registro Oficial 793 de 2 de julio de 1984. Según el artículo 6 de este Reglamento, [l]as unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública dependen jerárquicamente de la Dirección Provincial de Salud respectiva y se encuentran conformadas por dos principales áreas técnicas: Médica y Administrativa, bajo la responsabilidad de la Dirección del Hospital. Presupuestariamente dependen del Ministerio de Salud Pública, pero tienen la suficiente autonomía para asumir obligaciones dentro de su gestión administrativa, financiera y de control de recursos, de conformidad con el artículo 19 de la citada norma reglamentaria. Entre estas obligaciones están la laboral y patronal frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; tanto es así, que el Hospital Luis F. Martínez contaba con su propio número patronal para identificarse frente a esta institución. A esto
RECURSO DE CASACIÓN 6-09 abona el texto de los artículos 73 y 74 de la Ley de Seguridad Social, que en sus partes pertinentes establecen que [e]l empleador y el afiliado voluntario están obligados sin necesidad de reconvención previa, a pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de quince (1) días posteriores al mes que correspondan los aportes. En caso de incumplimiento, serán sujetos de mora sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que hubiere lugar, con sujeción a esta Ley ; y, que [b] ajo su responsabilidad personal, los tesoreros, oficiales pagadores, habilitados, agentes de retención y más funcionarios y empleados que tuvieren el deber legal de pagar remuneraciones a los trabajadores y servidores que prestan servicios en los demás organismos y entidades que integran el sector público, están obligados a remitir al IESS los aportes personales, patronales, fondos de reserva y más descuentos que se ordenaren, dentro del plazo y las condiciones antes señalados. Estos aportes y fondos de reserva no serán afectados por ningún funcionario público y por ningún concepto, se concluye que quien como empleador paga las remuneraciones, también asume la obligación de cubrir las prestaciones de seguridad social. 3.2. El reconocimiento que el propio demandante ha hecho de la obligación de los aportes para el Seguro Adicional de Cesantía abona para la certeza de su existencia. El argumento del recurrente respecto a que era el Ministerio de Salud el obligado a cubrir los valores para esa prestación no le exime de su obligación frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como queda dicho es el Hospital el directamente vinculado frente a esta institución de la seguridad social por las obligaciones patronales pendientes de pago. Debió asegurarse frente al Ministerio de Salud de contar con la suficiente provisión presupuestaria para cumplir a cabalidad con estos aportes. En tal virtud, el Tribunal de instancia no ha
RECURSO DE CASACIÓN 6-09 incurrido en una errónea interpretación de la cláusula contractual alegada. 3.3. Con lo expuesto, por no ajustarse al ordenamiento jurídico vigente presupuesto necesario para que opere el instituto jurídico del silencio administrativo positivo- no es posible aceptar que la falta de contestación a la solicitud realizada por el demandante para dejar sin efecto la glosa haya generado su aceptación tácita, como bien lo señala la sentencia recurrida. También la Sala hace suya la conclusión del Tribunal A quo respecto a la falta de competencia del funcionario a quien fue dirigida la petición que imposibilita el efecto anotado por la falta de respuesta a esa solicitud. ------------------------------------------------------------------ Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de casación interpuesto. Sin costas.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.- Ff) Dr. José Suing Nagua.- Juez Nacional.- Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. Jueza Nacional.- Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo.- Juez Nacional - Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez.- Secretaria Relatora.