CAMBIO DE MODELO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Transcripción

1 CAMBIO DE MODELO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID Las políticas de recorte de los gastos sociales de los diferentes gobiernos del PP durante los últimos diez años han provocado el deterioro de la sanidad pública madrileña, generando importantes desequilibrios entre las necesidades de salud de la población y las insuficientes infraestructuras y plantillas del sistema sanitario. Bajo la apariencia de cubrir esos desequilibrios, el gobierno de la Comunidad de Madrid (CM) ha construido 8 nuevos hospitales bajo las fórmulas de Concesión de Obra Pública y Concesión Administrativa y con ánimo de lucro, al tiempo que ha iniciado un proceso de reconversión de los centros públicos. Una estrategia bien orquestada que sólo persigue un cambio de propiedad de los recursos sanitarios y de las relaciones laborales. Un cambio de modelo sanitario El abandono de la sanidad pública y la promoción del sector privado Según el Ministerio de Sanidad y un reciente informe de la FADSP, el gasto sanitario consolidado en la Comunidad de Madrid fue en 2005 último año disponible el más bajo de todas las Comunidades (3,55% del PIB), situándose casi un 30% por debajo de la media (5,05%). En 2008, la CM será tras la valenciana, gobernada también por el PP, la que menos gaste por habitante y año en salud (1143,4 frente a 1312,7 de media). En 2007 el gasto destinado a Atención Primaria fue de tan sólo 102 por persona y año, un 26,15% menos que la media de las Comunidades Autónomas. Y para 2008 se destina a este nivel de atención un 12,34% menos que en 2005, alcanzando apenas el 10,62% del total del presupuesto sanitario de la CM (cuando la media de las CCAA es del 14%), lo que muestra el desinterés del gobierno de la CM por las actividades de prevención y promoción de la salud. En Atención Primaria, en 2007, los habitantes por médico se situaban en más que en 1995 mientras la media en las CCAA era de 1461, estando masificadas el 89,7% de las consultas (más de 1500 hab/médico) frente al 39,55% en el resto de Comunidades. Los habitantes por enfermera alcanzaban los más que a mediados de los noventa, frente a una media de 1666 en las CCAA. De ahí que, por ejemplo, la Comunidad con menor renta per cápita (Extremadura) no presente los problemas de masificación que padece nuestra Comunidad, y tenga 500 habitantes menos por médico y 700 menos por enfermera en Atención Primaria. En los hospitales el número total de camas públicas y privadas (3,5/1000 habitantes) se sitúa por debajo de la media estatal (3,8), y muy lejos de las recomendaciones de la OMS (entre 8 y 10/1000 hab.) y de la media de la UE (7,5). Las camas de larga estancia apenas alcanzan las 0,4/1000 hab., mientras la media de las CCAA se sitúa en 4,2 y en los países de nuestro entorno representan el 30% del total de camas (12/2007, FADSP). Las camas de la red sanitaria de la CM que incluye las de centros privados, como la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital de Valdemoro, apenas alcanzan las 2,2/1000 hab. (Memoria 2006, SERMAS). Desde 1998 se han destruido en esta Comunidad en torno al 25% de las camas totales y más de un 30% de las públicas por 1000 hab., a pesar del incremento en los últimos años de la demanda de hospitalización (6,5%) y del uso de las urgencias (17,4%), lo que se traduce en un aumento innecesario de las listas de espera y la imposibilidad de hospitalizar enfermos siendo habitual su aparcamiento en los pasillos.

2 La atención sociosanitaria desgajada del sistema sanitario, lo que dificulta la continuidad de los cuidados, se caracteriza por la escasez de recursos públicos y el elevado precio de los privados, y por la falta de aplicación de la Ley de Dependencia. El resultado es que el 83% de los ancianos que necesitan de estas prestaciones, sólo las pueden obtener a través del apoyo informal a cargo de las mujeres de su familia o allegadas. La escasez de fondos destinados a la sanidad ha ocasionado un déficit de infraestructuras y personal para atender las necesidades de salud de una población que ha aumentado en torno al 20% en los últimos 10 años. De este modo se ha provocando intencionadamente la masificación y el deterioro del sistema sanitario público, y se ha justificado el envío de pacientes a la privada. De hecho, los conciertos con el sector privado han crecido en el período un 76,27%, pasando de 531 a 936 millones de Evolución de la Sanidad Madrileña , UGT, de manera que en 2006 el 30% de la actividad privada se dedicaba a atender pacientes derivados desde el sector público (El Mundo, 30/12/2006). La iniciativa privada ha crecido en los últimos 4 años en la CM un 22,8% más que en el resto del Estado, duplicando su actividad en los 5 últimos años (Estudio del Sector Sanitario Privado en la CM, Aliad. 2008). Esta política restrictiva con el gasto sanitario contrasta con gastos faraónicos en otros sectores de menor trascendencia social, que han provocado un endeudamiento creciente de la CM superior en 2005 a los millones de euros según la UE y del Ayuntamiento de Madrid más de millones de euros (El País 1/11/2006). La privatización de las infraestructuras públicas Cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la CM en 2003, todos los centros dependientes de la Consejería de Sanidad eran de propiedad y gestión públicas, salvo la Fundación Alcorcón, la Jiménez Díaz y más tarde el hospital de Fuenlabrada. Cinco años después, se han construido 7 nuevos hospitales dependientes de la Consejería como Concesiones de Obra Pública (Arganda, Vallecas, Coslada, SS Reyes, Majadahonda, Parla y Aranjuez). Esta modalidad consiste en que el gobierno de la Comunidad adjudica a empresas privadas su construcción, cediéndoles la propiedad y explotación de los mismos, incluyendo los servicios no sanitarios, por un período de 30 años, durante los cuales la administración tiene que pagar un canon por su uso. El resto de los servicios sanitarios pasan a ser gestionados por unas Empresas Públicas con autonomía económica y financiera respecto de la Consejería, y de régimen de actuación privado. Según sus Estatutos estas entidades tendrán patrimonio propio y podrán recibir dinero de particulares a título privado lo que rompe la equidad de la financiación y de la asistencia ; podrán comprar, vender o ceder bienes y derechos, y recurrir al sector privado para cumplir sus obligaciones lo que abre una vía de privatización de los propios servicios sanitarios ; y se les confiere poder para endeudarse e incluso jugar en bolsa con los fondos destinados a cubrir nuestras necesidades de salud. Los servicios sanitarios centrales (radiodiagnóstico, laboratorio,...) son externalizados. Se crea un laboratorio central bajo la fórmula de Concesión Administrativa (BOCAM nº 173, 23/7/2008), que deja en manos de una empresa privada la explotación del laboratorio clínico de los nuevos hospitales (excepto Majadahonda) y de sus áreas de influencia ( habitantes) por 8 años, prorrogables a 10. La empresa concesionaria determinará la estructura organizativa, las plantillas y aportará el personal. El monto de la operación se eleva en principio a 173 millones

3 de, y esta transferencia de fondos públicos al sector privado no tiene en cuenta la cesión pública gratuita de los locales e instalaciones (Pliego de Prescripción Técnica, SERMAS, 15/7/2008). Del mismo modo se ha procedido a la enajenación y traspaso a la empresa privada de los Centros de Especialidades de Pontones y Quintana. Se ha construido otro hospital como Concesión Administrativa (Valdemoro). En este caso la propiedad del centro y de los servicios sanitarios y no sanitarios es privada, y la CM paga una cantidad fija anual por cada habitante de la zona cuanto más ahorren, más beneficios obtendrán. En esta legislatura se construirán otros 4 hospitales de este tipo (Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón, Móstoles II), que asumirán la gestión de los ambulatorios y de los Centros de Salud de su zona. A finales de 2011, más de 2,5 millones de ciudadanos de la CM serán atendidos en centros sanitarios privatizados. A su vez, en la totalidad de los hospitales públicos se están desarrollando planes funcionales que contemplan la disminución de quirófanos, camas y personal. Disminución planeada desde el mismo momento que se anunció la creación de los nuevos hospitales como demuestran los estudios iniciados en 2003 sobre su impacto en los centros públicos, dejando claro el objetivo de transferir infraestructuras públicas a manos privadas en lugar de aumentar éstas. Y además, este año se inicia la reforma integral de La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, y Móstoles. Reformas que se realizarán a coste cero, según el Consejero de Sanidad (Europa Press, 28/5/08), mediante la adjudicación de las obras a empresas privadas a las que se cederá parcelas del hospital y todos los servicios no sanitarios para su explotación, y el pago de un canon por parte de la CM. Por otra parte, al amparo de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad para 2008, se transforman los servicios sanitarios de estos hospitales en Empresas Públicas. La Consejería de sanidad ha informado también a los sindicatos de la Mesa Sectorial que en 2009 iniciará un cambio estructural de la Atención Primaria, que eliminará las Gerencias de Atención Primaria y hará depender los centros de salud de los hospitales de referencia, ya sean públicos o privados. En cada centro de salud se establecerá un Contrato de Gestión a imagen del modelo británico, que fijará una financiación basada en indicadores de eficiencia (reducción del número de derivaciones, del gasto farmacéutico,...) y en indicadores de actividad, rompiendo el trabajo en equipo y aumentando la dificultad de acceso de la población a determinadas pruebas y servicios. El riesgo de vincular el salario de los profesionales a los costes que generen parece evidente, favoreciendo las políticas de ahorro, los recortes de las prestaciones gratuitas y el aumento de la dificultad de acceso a las mismas. Por último, la disolución el pasado abril de la Dirección General de Salud Pública por el Gobierno de la CM, es un hecho que marcará en el futuro la salud de los madrileños, al agrupar y coordinar este organismo los servicios de prevención y promoción de la salud, epidemiología, salud laboral, higiene alimentaría y sanidad ambiental de la Comunidad. Tal desmantelamiento obedece a su falta de rentabilidad privada, y a la incomodidad que generaba en determinados medios políticos y empresariales plantear los problemas de salud a nivel colectivo, contemplando la mejora de la calidad de vida y la protección de los sectores sociales más vulnerables. Una medida que tranquiliza a quienes se benefician con un menor control de los alimentos, del ambiente laboral y de las condiciones de trabajo, de las obras y su impacto medioambiental, de las condiciones de las aguas que bebemos y del aire que respiramos. Y a quienes prefieren que ningún organismo público les comprometa políticamente con informaciones sobre desprotección social, desigualdades sociales y su impacto en la salud, o la existencia de sectores de población abandonados a su suerte.

4 El cambio de modelo El desmantelamiento del modelo público y la instauración del nuevo modelo se está llevando a cabo antidemocráticamente, porque se hace en contra de la opinión de la mayoría. Una encuesta del CIS publicada en 2008 destaca que el 72,6% prefiere que la asistencia sanitaria esté controlada directamente por la administración pública, frente a sólo el 9,6% que prefiere un modelo privado. Y se está realizando aún conociendo la desastrosa experiencia de los países donde se ha aplicado. El coste de construcción y mantenimiento de los hospitales ha resultado entre 2 y 4 veces más alto que si lo realiza directamente la Administración. Un aumento que ha comprometido nuevas inversiones necesarias, lo que ha generado a su vez un recorte de las prestaciones y derechos sanitarios. Recorte que ha contrastado con los beneficios de constructoras y financieras, que se han doblado. Los centros de decisión en materia sanitaria se han alejado de la población, cerrándose las puertas a la participación y a toda posibilidad de control social, aumentando la opacidad del sistema y la falta de información. Y se ha constatado así lo sostienen diversos estudios: Publicprivate partnerships for hospitals, OMS 2006 y BMJ 2007, 335, de 1 de diciembre, doi: /bmj , un deterioro de la asistencia sanitaria y la incapacidad de la Administración para controlar estos centros. El objetivo de estos hospitales es la rentabilidad económica, por lo que someten todas sus actividades y la calidad a la lógica del beneficio privado, siendo la Administración incapaz para salvaguardar el beneficio social al carecer de potestad legal frente a los diferentes regímenes jurídicos en juego. En el Reino Unido la situación económica de más de 25 de estos hospitales es de quiebra técnica, mientras las deudas se acumulan en otros muchos, que responden con cierres de camas y despidos de personal (más de camas y pérdida de puestos de trabajo en 18 meses, según denuncia Health Emergency en octubre de 2007), llevando a la sanidad británica a un caos creciente que genera tasas de muertes evitables superiores a las de otros Estados del entorno (más de según la Taxpayer Alliance, que se apoya en un estudio de la OMS de 2004, último disponible). También en octubre de 2007 se hizo pública la muerte de 116 pacientes en un hospital de Londres por infecciones debidas a la falta de higiene ( 1/11/2007), que los expertos han ligado a los procesos de privatización y subcontratación de los servicios de limpieza, y a la disminución de camas y plantillas. Y ese año, el propio ministro de sanidad británico reconoció que más de 1000 personas sufrieron infecciones hospitalarias evitables en los hospitales Maidstone and Tunbridge Wells, y que 90 de ellas fallecieron por esta causa ( 16/10/2007). Hospitales más caros, transferencia de fondos públicos a manos privadas, dificultad de control, deterioro de la calidad,... La finalidad del cambio de modelo es transformar el sistema sanitario en un espacio donde poder hacer negocios, donde unos pocos obtengan beneficios económicos jugando con nuestra salud. Hasta ahora el sistema sanitario se situaba al margen del mercado para intentar garantizar que fuese para todos y en las mismas condiciones (universalidad y equidad), y lógicamente se centraba en la prevención y promoción de la salud. Una vez que se introduce el ánimo de lucro el modelo se centra en la reparación (donde está el negocio), y ya no interesa garantizar el acceso de todos en las mismas condiciones, sólo interesan los pacientes rentables. Y eso mientras se pague con abundante dinero público, que sale de nuestros bolsillos. En caso contrario, el derecho a la salud y el acceso al sistema sanitario se verá aún más restringido, según la capacidad económica de las familias. Ante la convocatoria por parte de la Comunidad de Madrid de un acto dirigido a las empresas privadas, invitándolas a invertir en la sanidad pública y ofertándoles inmejorables condiciones para el negocio privado y una elevada rentabilidad, la FRAVM siguiendo el proceso

5 de movilizaciones en defensa de una sanidad cien por cien pública y de calidad que inició el pasado año, con la convocatoria de diversas concentraciones y manifestaciones, convoca una concentración el día 23 de septiembre a las 19 horas a las puertas del Hotel Wellington (C/Velázquez, 8), para denunciar la subasta de la sanidad pública y exigir al gobierno de la Comunidad que no juegue con nuestra salud y que mantenga a la sanidad pública al margen de los negocios privados, y para exigir ser escuchados, poder participar en todas las instancias públicas y poder decidir sobre el futuro de la sanidad pública que pagamos y es nuestra. Comisión de Sanidad de la FRAVM Madrid, septiembre 2008