RECURSO DE CASACIÓN N CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA ACTOR: DEMANDADO: JULIO ANTONIO OCAÑA MOREIRA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DIFARE S.A. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (RECURRENTE) Quito, a 30 de mayo de 2013, Las 09H VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución N de 25 de enero de 2012, emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación, en virtud de lo establecido en los Arts. 184, numeral 1 de la Constitución de la República, 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 1 de la Ley de Casación I. ANTECEDENTES El Econ. Santiago Efraín León Abad, en su calidad de Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 22 de septiembre de 2011, a las 16h24, expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N 2, con sede en la ciudad de Guayaquil dentro del juicio de Impugnación N IS seguido por el señor Julio Antonio Ocaña Moreira, Representante Legal de la Compañía Distribuidora DIFARE S.A El recurrente indica que las normas de derecho que se han infringido son: Arts. 4, 5 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, Art. 1 del decreto Ejecutivo No publicado en el Suplemento del Registro Oficial N 547 de 3 de abril de 2002, Arts. 18 y 32 del Código Civil, Arts. 68 y 90 del Código Orgánico Tributario, Art. 1 del Convenio Internacional del 1

2 Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, Art. 25 del Acuerdo de Cartagena, Art. 27 de la Convención de Viena, Arts. 1 de la Decisión 507 y 570 de la Comunidad Andina de Naciones y de su anexo respectivo, Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 001 publicado en el Registro Oficial N 514 de 14 de febrero de 2002, Art. 259 de la Ley Orgánica de Salud. El recurrente fundamenta su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. Indica que existe falta de aplicación de los Arts. 4, 5 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, Arts. 68 y 90 del Código Orgánico Tributario por desconocer los jueces la potestad que la Ley le faculta a la Administración Aduanera sobre el control del tráfico internacional de mercancías, así como también la competencia del Gerente General de la Corporación Aduanera de verificar las declaraciones aduaneras y que, por esas atribuciones efectuó las rectificaciones de los tributos reclamados por la incorrecta clasificación arancelaria de los productos GINSAVIT Y MAXIVIT-M, que el informe UCN- GGA-OF-(i)-0176 del 1 de agosto de 2006 señala que estos productos son suplementos alimenticios y no medicamentos como la parte actora asegura. Manifiesta que los jueces omitieron el principio de interpretación gramatical en relación a los Convenios Internacionales y Decisiones 507 y 570 incurriendo en la falta de aplicación del Art. 18 del Código Civil. Indica además que la sentencia señala que, los productos en litigio por la única razón de que se encuentran en el Acuerdo Ministerial No. 001 del Ministerio de Salud: Listado Oficial de Medicamentos de Uso Humano deben clasificarse en las subpartidas que le correspondan, sin tener en cuenta que tal definición de medicamento según lo dispuesto en el Art. 259 de la Ley Orgánica de Salud, son aplicables única y exclusivamente para efectos de esta Ley, por lo que no puede condicionar definiciones del ordenamiento comunitario e internacional aplicando indebidamente esta disposición. Alega también que la Sala resuelve aplicar el ordenamiento interno sobre las normas comunitarias e internacionales, inaplicando los Arts. 163 y 263 de la Constitución de la República de 1998 vigente en la época de las importaciones y Art. 425 de la Constitución vigente, además que inaplican el Art. 27 de la Convención de Viena. Solicita se admita a trámite el recurso interpuesto Admitido el recurso de casación, la parte actora da contestación en los siguientes términos: Manifiesta que el recurrente clasifica los productos GINSAVIT y MIXAVIT de suplementos alimenticios, cuando ya éstos fueron declarados por el Ministerio de Salud Pública como Medicamentos de Uso Humano mediante acuerdo ministerial 001 y que al 2

3 formar parte dicho Ministerio a la Función Ejecutiva tiene plenas facultades para establecer y clasificar un producto como medicamento, cosa que no puede hacer la Corporación Aduanera del Ecuador. Señala que el recurrente se propone confundir a los jueces alegando falta de aplicación de algunos convenios internacionales que son jerárquicamente inferiores a la Norma Suprema conforme lo señala la Constitución de la República en el Art. 425 y que por lo tanto no existe inaplicación de los Arts. 163 y 262 de la Constitución Política de 1998 y del Art. 425 de la Constitución vigente y que el Art. 82 de la actual Constitución garantiza la seguridad jurídica que no es otra cosa que estar sometido al régimen jurídico vigente en el país. Que los funcionarios aduaneros hicieron las rectificaciones de tributos, la liquidación del IVA, lo cual no les competía hacer pues esas atribuciones son únicamente del Servicio de Rentas Internas y que por lo señalado la Sala declaró la nulidad de tales rectificaciones, que pretenden justificar su ejercicio abusivo alegando que ha actuado conforme la Ley Orgánica de Aduanas lo dispone, pero que el recurrente no ha permitido que la Empresa se acoja al beneficio del 0% y que por tal actuación infringe el Art. 226 de la Constitución de la República, así como la seguridad jurídica, la buena fe y lealtad procesal. Por los argumentos presentados solicita que se niegue el Recurso Extraordinario de Casación. Pedidos los autos para resolver, se considera II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes al mismo, y no existe nulidad alguna que declarar Determinación del problema jurídico a resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo siguiente: A) La sentencia del Tribunal A quo incurre en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación por supuestamente existir falta de aplicación de los Arts. 4, 5 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, Art. 1 del decreto Ejecutivo No. 2429, Arts. 18 y 32 del Código Civil, Arts. 68 y 90 del Código Orgánico Tributario, Art. 1 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, Art. 25 del Acuerdo 3

4 de Cartagena, Art. 27 de la Convención de Viena, Arts. 1 de las Decisiones 507 y 570 de la Comunidad Andina de Naciones y de su anexo respectivo, e indebida aplicación del Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 001 y del Art. 259 de la Ley Orgánica de Salud al declarar con lugar la demanda de impugnación propuesta por el señor Elías Alberto Miño Lucero, por los derechos que representa de la compañía JULPHARMA del ECUADOR S.A, que fue absorbida por la empresa Distribuidora Difare S.A.? III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia o auto del inferior, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala Esta Sala Especializada, respecto al problema jurídico planteado debe establecer si existió la supuesta falta de aplicación de los Arts. 4, 5 y 53 de la Ley Orgánica de Aduanas, Art. 1 del decreto Ejecutivo No. 2429, Arts. 18 y 32 del Código Civil, Arts. 68 y 90 del Código Orgánico Tributario, Art. 1 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, Art. 25 del Acuerdo de Cartagena, Art. 27 de la Convención de Viena, Arts. 1 de las Decisiones 507 y 570 de la Comunidad Andina de Naciones y de su anexo respectivo, e indebida aplicación del Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 001 y del Art. 259 de la Ley Orgánica de Salud al declarar con lugar la demanda Para empezar con el análisis de la causal primera, traemos a colación lo señalado en la doctrina, la cual manifiesta: La causal primera del artículo 3 contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante de su parte resolutiva. Sobre el tema, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: [ Se trata de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba incorporados al proceso, por lo que corresponde al tribunal de casación examinar, a base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el recurrente [ ] (Dr. Santiago Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, Quito, Editorial Andrade y Asociados, Quito, 2005, pág. 181) (el resaltado 4

5 pertenece a la Sala); es decir, que existen dos elementos para configurar esta causal, el primero, que debe haber la violación directa de las normas sustantivas en la sentencia impugnada y el segundo, que la transgresión haya sido determinante en la parte resolutiva; esta violación puede estar dada por la falta de aplicación, que es la omisión que realiza el juzgador en la utilización de las normas o preceptos jurídicos que debían aplicarse a una situación concreta, conduciendo a un error grave en la decisión final; o por la aplicación indebida que es la atribución equivocada de una disposición legal o precepto jurídico a un alcance que no tiene; o por la errónea interpretación, que consiste en la falta que incurre el juzgador al dar desacertadamente a la norma o precepto jurídico aplicado, un alcance mayor o menor o distinto, que el descrito por el legislador Una vez determinados los elementos de la causal primera, analizaremos si la sentencia recurrida se configura dentro de ésta causal; Es importante señalar que el asunto controversial de la sentencia impugnada, se centra en el alcance de las competencias del Ministerio de Salud Pública y la Corporación Aduanera Ecuatoriana, respecto a la calificación de los productos GINSAVIT y MIXAVIT; ya que el Instituto Nacional de Higiene del Ministerio de Salud Pública los calificó como medicamentos de uso humano, y la Corporación Aduanera Ecuatoriana como suplementos alimenticios Al respecto, la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro Oficial Suplemento N 219, de 26 de noviembre de 2003 en su artículo 4 invocado, disponía: La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República; la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, la prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras. Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, valoración, aforo, liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de las mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes aduaneros especiales.. En concordancia el Art. 5 también invocado, ibídem decía: La potestad aduanera es el conjunto de derechos y atribuciones que la ley y el reglamento otorgan de manera privativa a la Aduana para el cumplimiento de sus fines. Los servicios aduaneros serán administrados por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, sea directamente o mediante concesión (negrillas fuera del texto). De la misma manera el Art. 53 ibídem trataba de: Dentro del plazo de tres años contados 5

6 desde la fecha de pago de los tributos al comercio exterior, las declaraciones aduaneras serán objeto de verificación aleatoria por parte del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Si se comprueba que la liquidación adoleció de errores en favor o en contra de los sujetos de la obligación tributaria, se procederá a la reliquidación respectiva sin perjuicio de las demás acciones que legalmente correspondan, siempre y cuando no exista presunción de delito. Si la reliquidación estableciere una diferencia en favor o en contra del sujeto pasivo, se emitirá inmediatamente la respectiva nota o título de crédito. (negrillas fuera del texto). Por otro lado la Ley Orgánica de Salud publicada en el Registro Oficial Suplemento N 423 de 22 de diciembre de 2006 en su Art. 259 conceptualiza el término de alimento y medicamento, cuando dice: Para efectos de esta Ley, se entiende por: ( ) Alimento.- Es todo producto natural o artificial que ingerido aporta al organismo de los seres humanos o de los animales, los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Comprende también las sustancias y mezclas de las mismas que se ingieren por hábito o costumbre, tengan o no valor nutritivo.( ) Medicamento.- Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición expresada en unidades del sistema internacional, está constituida por una sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborada en laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o etiquetada para ser distribuida y comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento, mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos y de los animales. Por extensión esta definición se aplica a la asociación de sustancias de valor dietético, con indicaciones terapéuticas o alimentos especialmente preparados, que reemplacen regímenes alimenticios especiales.. De la normativa expuesta, esta Sala Especializada considera que la Corporación Aduanera Ecuatoriana en el ejercicio de la facultad determinadora puede realizar el cambio de partida arancelaria, lo que no implica que contravenga con lo determinado en la Ley Orgánica de Salud, porque la determinación y verificación de obligaciones tributarias aduaneras son competencia exclusiva del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (ex CAE). La Sala ha venido sosteniendo de forma reiterada que la modificación de la partida arancelaria, tiene un efecto restringido a lo estrictamente tributario, ámbito propio de la actuación de la Corporación Aduanera Ecuatoriana sin que ello interfiera en las atribuciones de otras autoridades como las de 6

7 salud; configurándose la causal primera, por lo que se considera que no es necesario entrar a analizar los otros artículos invocados IV.- DECISIÓN Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente: SENTENCIA Casa la sentencia de 22 de septiembre de 2011, las 16h24 emitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N 2 con sede en Guayaquil; y declara la validez de la Resolución N 0956 de 26 de junio de 2007 y de las rectificaciones de tributos Nos. P ; P ; P ; P ; P ; P ; P ; P ; P ; P ; y P Actúe la Doctora Ligia Marisol Mediavilla, como Secretaria Relatora Subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio No CNJ-SCT, de fecha 2 de mayo de 2013 Notifíquese, devuélvase y publíquese.-.- ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ; Certifico: f) Dra. Marisol Mediavilla, SECRETARIA RELATORA (S). 7

8 Recurso No ACLARACIÓN CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO Quito, a 10 de julio de Las 11h VISTOS: El señor Julio César Antonio Ocaña Moreira, Representante Legal de la compañía Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A., presenta solicitud de aclaración de la sentencia dictada por esta Sala el 30 de mayo de 2013 a las 9H40. Corrido traslado con el pedido, en este estado corresponde a la Sala pronunciarse, para lo cual realiza las siguientes consideraciones: PRIMERO.- A fs. 41 del expediente del Recurso de Casación, el señor Julio César Antonio Ocaña Moreira, Representante Legal de la compañía Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A solicita aclarar la sentencia dictada por esta Sala el 30 de mayo de 2013, en los siguientes términos: 1: Solicita que al amparo de lo dispuesto en el Art. 274 de la codificación al Código Tributario se aclare cuál de todas las competencias dadas a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, es la que le faculta a realizar calificaciones de cuál tipo de productos es medicamento y cual no. 2: Que se expresen las razones por las que se considera que el Ministerio de Salud Pública no es competente para clasificar los mencionados productos como medicamentos. 3: Que se aclare por qué sí se considera que la determinación y verificación de obligaciones tributarias aduaneras son competencia exclusiva de la Administración Aduanera, se cita en la sentencia definiciones de medicamento y alimento según la Ley Orgánica de Salud, si en esa Ley no se asigna ninguna competencia a la Corporación Aduanera Ecuatoriana para que esta se atribuya a hacer consideraciones sobre los productos, a fin de establecer si estos son o no medicamentos. 4: Que se aclaré por qué se consideró que la modificación de la partida arancelaria realizada por la Administración Aduanera de modo discrecional y contraviniendo tanto disposiciones legales como los actos administrativos de las autoridades competentes para realizar esta clasificación, es a criterio de sus autoridades, correcta, vulnerando el derecho constitucional a la seguridad jurídica de mi representada y de todos los consumidores que se verían afectados por el incremento del precio es estos productos, pese a que la Constitución de la República garantiza el derecho a la Salud Pública. 8

9 5: Que se aclaren los fallos a los que se refieren en la sentencia y su pertinencia en el presente caso. 6: Que se aclare por qué en la parte resolutiva de la sentencia se pronunció en contra del pronunciamiento previo de la Procuraduría General Estado, que sí consideraba que el Ministerio de Salud Pública era el órgano competente para definir y catalogar los bienes considerados como medicamentos, ya que esta absolución debía ser acatada en su sentido literal por parte de la CAE que como órgano del poder público estaba obligada a su cumplimiento y que la sentencia emitida ha omitido señalar este acto administrativo que podía influenciar gravemente el sentido del fallo SEGUNDO.- El Art. 274 del Código Tributario, norma aplicable a la aclaración y ampliación en materia contenciosa tributaria, dice que la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación tendrá lugar cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se hubiere omitido decidir sobre multas, intereses o costas. TERCERO.- Al no existir ningún aspecto que aclarar, ya que la sentencia no adolece de obscuridad, al resolver todos los aspectos planteados por el recurrente en el recurso de casación, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia niega el pedido formulado por el señor Julio César Antonio Ocaña Moreira, Representante Legal de la compañía Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A., y ordena que la Actuaria de esta Sala proceda a la devolución del proceso al Tribunal de origen, para los fines consiguientes. Notifíquese. Devuélvase. f) Señores: Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. José Suing Nagua, JUEZ NACIONAL; Dr. Gustavo Durango Vela, CONJUEZ NACIONAL. Certifico.-f) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, SECRETARIA RELATORA ENCARGADA. 9