CAMINO POPULAR EN VIVIENDA Y HABITAT. Construyamos territorios y ciudades democráticas, sin expulsores ni expulsados.

Transcripción

1 CAMINO POPULAR EN VIVIENDA Y HABITAT Construyamos territorios y ciudades democráticas, sin expulsores ni expulsados. Síntesis: Buenos Aires es la ciudad más rica de Argentina, y la de las mayores desigualdades sociales: de sus casi de habitantes, cerca de sobreviven cotidianamente en situaciones críticas de hábitat. El 29,5% de los hogares es inquilino, pero entre los pobres, la cifra trepa al 57%. Entre 1991 y 2010, la proporción de hogares afectados por problemas habitacionales en la Ciudad aumentó un 77,6% y el 70% de ese incremento se explica por el período 2001/2010. Entre los censos del 2001 y del 2010, la población de las villas de la ciudad creció un 52%, mientras que la población total permaneció estable. Durante la última década ganada, explotó un boom inmobiliario, concentrado en 5 barrios de la ciudad donde se producen viviendas suntuosas, muchas de las cuales permanecen vacías. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 31, contiene una orientación clara en materia de vivienda y hábitat, tanto para el estado como para la propia comunidad, incorporando los derechos que el campo popular y sus organizaciones impulsaron durante años de lucha. En camino popular creemos que para poder concretar los derechos ya consagrados, la tarea es construir poder popular y capacidad de gobierno. Para ello proponemos cinco líneas de acción: Nueva institucionalidad en materia de vivienda (ministerios nacional y local) Que se dejen de criminalizar las demandas sociales y que se proteja a la comunidad (derogación de la figura de usurpación, suspensión de desalojos). Operatorias habitacionales para satisfacer las necesidades populares (autogestión, regulación de alquileres, vivienda transitoria, provisión estatal de materiales). Creación y asignación de recursos con criterios distributivos e integradores (fondo para el hábitat popular, créditos flexibles, banco de inmuebles públicos y privados sin uso). Integración social y urbanística de las villas (urbanización, provisión de agua, cloacas, luz y gas, experiencias piloto cogestionadas con la comunidad). Casas sin gente, gente sin casas: Buenos Aires es la ciudad más rica de Argentina, con el 26,6% del PBI total del país y el 7,2% de la población. Y la de las mayores desigualdades sociales: de sus casi de habitantes, cerca de (1 de cada 6) sobreviven cotidianamente en situaciones críticas de hábitat. Son trabajadores pertenecientes a sectores de bajos ingresos, migrantes internos y de países latinoamericanos que habitan villas, hoteles pensión, conventillos y casas tomadas. Durante la última década ganada, explotó un boom inmobiliario, concentrado en 5 barrios de la ciudad donde se producen viviendas suntuosas, muchas de las cuales permanecen vacías. La ciudad tiene una importante oferta de lotes e inmuebles vacíos de propiedad privada localizados en el área central o próxima a ella, con cobertura total de servicios urbanos (agua, cloaca, gas, electricidad) y que constituyen un recurso ocioso, a menudo abandonado por sus propietarios o sucesores presuntos. Además, en muchos casos, el gobierno de la ciudad posee importantes créditos en concepto de tasas adeudadas por sus propietarios.

2 Los terrenos vacantes disponibles, bienes escasos y con limitada regulación por parte del Estado (4% de los terrenos totales que se ofertan están en el área central), siguen cotizándose y comercializándose en dólares, aumentando los costos de los nuevos emprendimientos residenciales. Como ejemplo puede señalarse que en el sur de la ciudad los precios de venta del m2 de suelo varían entre los us$ de San Telmo y los us$ 320 de Villa Soldati. A su vez, los precios del m2 construido de los inmuebles a estrenar (vivienda multifamiliar) en los mismos barrios del sur, se comercializan en aproximadamente us$800 en promedio. El 29,5% de los hogares es inquilino, pero entre los pobres, la cifra trepa al 57%. Entre 1991 y 2010, la proporción de hogares afectados por problemas habitacionales en la Ciudad aumentó un 77,6% y el 70% de ese incremento se explica por el período 2001/2010. Un amplio espectro de sectores medios afronta un gasto en alquiler que cada día pesa más sobre sus ingresos. Con escasa posibilidad de acceso al crédito, vive cotidianamente con angustia e inseguridad y ve crecer a sus hijos sin un horizonte de vivienda para cuando lleguen a la adultez. Son capas medias esquilmadas impositivamente y por la precarización laboral, son los jubilados y ancianos empobrecidos, los jóvenes que la pelean, los chicas y chicos que directamente ya no cuentan para el sistema y aquellos que ya fueron a parar a la calle. Resulta inaceptable la penuria por la que atraviesan miles de familias para acceder a una vivienda digna, que en muchos casos, de manera organizada o espontánea, se ven empujados a ocupar inmuebles. También esta situación alimenta un mercado inmobiliario informal dentro de las villas y asentamientos de la ciudad y el área metropolitana, agudizando la precariedad habitacional y alimentando la estafa. Entre los censos del 2001 y del 2010, la población de las villas de la ciudad creció un 52%, (un 211% si se cuenta desde el censo de 1991), mientras que la población total permaneció estable. Más contrastes: el Gobierno de la Ciudad nunca se cansa de idear nuevas formas de eximir de impuestos a empresas de todo tipo: Distrito Tecnológico (Ley 2972 para Parque Patricios), Distrito de las Artes (Ley 4353 para La Boca, San Telmo y Barracas), Distrito Audiovisual (Ley 3876 para Palermo y otros), Incentivos al transporte de cargas en la Ciudad (Ley 4348) y así. En cambio, aumenta indiscriminadamente los impuestos de sectores medios y trabajadores, incluyendo los vecinos que habitan conjuntos llamados de vivienda social. La cuota para comprar un tres ambientes usado alcanza en promedio el 81% del salario medio registrado. Y para quienes alquilan, en 2010 el alquiler promedio de un departamento de 3 ambientes en la Ciudad había aumentado el 413% respecto de los valores de Sin embargo, se derogó la Ley de Emergencia Habitacional y para los más pobres se impone el fantasma (y la realidad) del desalojo. Para IRSA, en cambio, por un módico canon de $ mensuales, se ofrece - altamente subsidiada- la explotación de cientos de m2 en el Buenos Aires Shopping Design, en Recoleta. La vivienda y la autogestión del hábitat en la Constitución de la Ciudad: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 31, contiene una orientación clara en materia de vivienda y hábitat, tanto para el estado como para la propia comunidad, incorporando los derechos que el campo popular y sus organizaciones impulsaron durante años de lucha: La Ciudad reconoce el Derecho a una Vivienda Digna y a un Hábitat Adecuado. Para ello : 1- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza critica y con necesidades especiales de escasos recursos.

3 2- Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. 3- Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones. Para poder concretar los derechos ya consagrados, las políticas, los recursos y el patrimonio del Estado deben volcarse al servicio de la comunidad y no de los negocios. En camino popular creemos que eso no será una gracia otorgada por quienes administran el estado local y el estado nacional, y por eso la tarea es construir poder popular y capacidad de gobierno: tomar el destino en nuestras propias manos. Nuestros ejes: 1. Nueva institucionalidad: Creación de un Ministerio de Hábitat y Vivienda, que articule las políticas de suelo, urbanísticas, fiscales y ambientales que sirvan de marco para una Política Nacional de Vivienda. Esta política deberá reconocer como principio la función social de la propiedad, la equidad socioterritorial y la justica ambiental, promoviendo una oferta diversificada en función de los distintos tipos de problemáticas y demandas sociohabitacionales, sobre la base de criterios federales, inclusivos e integradores. Creación del Ministerio de Hábitat y Vivienda en la CABA que termine con la actual fragmentación de las decisiones, integrando las políticas de suelo, urbanísticas, fiscales y ambientales hoy a cargo de distintos Ministerios. Revisión del Código de Planeamiento Urbano incorporando Zonas Especiales de Interés Social sujetas a Programas de vivienda y mecanismos de captación de plusvalía urbana. Articulación de los Ministerios de Vivienda y Hábitat (nacional y local) con las experiencias populares de economía pública y social, destinadas a facilitar el desarrollo de la autogestión y la democratización de la economía, a través de cooperativas, empresas sociales, mutuales y demás entidades sin fines de lucro, productoras de bienes de uso, con trabajadores dignamente remunerados y sin patrón. Fortalecimiento de los vínculos y la promoción de las estrategias de las empresas públicas, las pequeñas y medianas empresas, y los actores de la economía popular a los efectos de vincular la producción habitacional con la construcción de un Nuevo Sujeto Inversor en la economía nacional y de la ciudad, orientado a la reproducción ampliada de la vida. Democratización de los modelos de gestión de las políticas habitacionales, mediante la participación popular organizada en ámbitos institucionales con carácter co-decisorio. Elaboración de diagnósticos comunales participativos (comuneros y organizaciones sociales) que permitan identificar las distintas demandas sociohabitacionales por Comuna (déficit y emergencia habitacional) a fin de diseñar políticas habitacionales acordes a las mismas. Sistema de información público apto para una gestión integral del hábitat, que garantice el acceso público a toda la información. 2. Contra la criminalización y represión de las demandas sociales y por la protección de la comunidad.

4 Derogacion Inmediata de la figura penal de usurpación. Suspension de los desalojos: implementación de procesos de regularización dominial en propiedades estatales y de soluciones habitacionales definitivas, concertadas entre todos los actores involucrados, con compromiso y garantía pública, en propiedades privadas. Justicia ambiental vinculada a la urbanización de villas en la cuenca del Riachuelo. 3. Operatorias habitacionales para satisfacer las necesidades populares. Impulsamos 2 modelos de producción de Bienes de Uso, no de mercancias: Autogestionario y Estatal. Ambas modalidades, deberán tener operatorias con características y perfiles diferenciados y adecuados a las necesidades diversas: familias de bajos recursos, inquilinos de sectores medios, jóvenes, mujeres jefas de hogar, jubilados. Diagnóstico comunal participativo para identificar las necesidades habitacionales por sectores y tipo de intervención (incluido mejoramientos y ampliaciones). Desarrollo de diversas formas de tenencia (acceso a propiedad individual, cooperativa, programas en comodato y alquiler social). Instalación y desarrollo de Políticas de Producción Autogestionaria de Hábitat Popular mediante la Profundización y la Nacionalización de la Ley 341 de la CABA. Desarrollo de Programas Complementarios, Fundamentalmente de PVTs (Programas de Vivienda Transitoria) y Programas de Preobra. Creación de Centrales Estatales de Provisión de Máquinas y Herramientas y de Suministro de Materiales. 4. Creación y asignación de recursos con criterios distributivos e integradores. Creacion del Fondo Para el Hábitat Popular para sectores populares y medios actualmente excluidos de la oferta crediticia, sustentado en criterios tributarios progresivos. Diseño de instrumentos crediticios flexibles adecuados a la capacidad de pago de los distintos sectores, con requisitos acordes para los distintos perfiles (jóvenes, jubilados, etc) e instrumentados mediante la Banca Pública. Creación de la Escuela de Autogestión del Habitat de la Ciudad para la formación y especialización de recursos profesionales, cuadros técnicos y socioorganizativos. Recuperación de la función social del suelo urbano, a través de la formación de un Banco de inmuebles públicos para el Hábitat Popular y la recuperación de tierras de la Ciudad en manos del Estado Nacional, para la asignación social de los mismos y por la recuperacion de los inmuebles ociosos. Banco Ciudad al servicio de una política habitacional integral. Intervención en el mercado de suelo recuperando plusvalías urbanas, aplicando impuestos a La concentración de la propiedad inmueble y a los inmuebles ociosos, creación de ZISP (Zonas de Interés Social Prioritarias). Producción Estatal de Hábitat Popular de Locaciones y regulación del mercado de alquileres con garantias estatales y valores mensuales regulados en funcion de los ingresos populares y medios. Rebajar las comisiones inmobiliarias, ampliar los plazos mínimos de alquiler y establecer precios máximos por barrio. Identificar y excluir las locaciones encubiertas de los falsos Hoteles-Pensiones (en los que se discrimina a mujeres y niños). 5. Integración social y urbanística de las villas.

5 Urbanización de villas. Intervención del Estado para la provisión de agua, cloacas, luz y gas así como para favorecer la accesibilidad a los barrios más carenciados con la diagramación de calles, la incorporación del transporte público y el tendido de alumbrado. Desarrollo de propuestas mediante Experiencias Piloto que, respetando e impulsando los planes generales de reurbanizacion, reconstruyan un tejido humanamente habitable y lo materialicen con la producción autogestionaria y generando, consecuentemente, trabajo dignamente remunerado.