R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Transcripción

1 R-DCA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San José, a las nueve horas treinta minutos del quince de enero de dos mil dieciocho Recursos de objeción interpuestos por las empresas VEHÍCULOS DE TRABAJO S. A., MOTOS SUZUKI S. A., y AUTO ENSAMBLADORA S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN , promovida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para compra de vehículos terrestres RESULTANDO I. Que las firmas objetantes VEHÍCULOS DE TRABAJO S. A., MOTOS SUZUKI S. A., presentaron su recurso en fecha dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente. La empresa AUTO ENSAMBLADORA S. A., remitió su recurso en fecha diecinueve de diciembre vía fax, y en original en fecha veinte de diciembre del mismo mes y año II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y un minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración a efecto que se refiriera al contenido de los recursos y remitiera a su vez, copia del cartel del concurso. Dicha audiencia fue atendida mediante oficiossinac-se-daf-pi , SINAC-SE-DAF-PI y SINAC-SE-DAF-PI III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas CONSIDERANDO I.-Sobre el fondo de los recursos. a). Recurso de Vehículos de Trabajo S. A.1) Partidas 1, 4, 5, 8, 11, 18, 22. Motor. Manifiesta el recurrente que se solicita una cilindrada en un rango reducido, entre 2400 y 3000 centímetros cúbicos, lo cual restringe su participación. Indica, que se cuenta con un vehículo con motor a combustión interna diésel a 4 tiempos con una cilindrada de 1910 centímetros cúbicos, con una relación de compresión de 17.0:1, con tren de potencia 320/1600 NM/rpm y caja de 6 velocidades que satisfacen las necesidades de un pick up última generación, con todas las características que permiten satisfacer la necesidad de la Administración. De allí que solicita que se amplíe el rango hasta 1910cc (2000cc), o se elimine, y se amplíen los rangos de potencia y torque con una variación de un +-12%.Por su parte la Administración manifiesta que el rango para la cilindrada del motor se ha establecido en función de la disponibilidad de vehículos en el mercado y requerimientos y experiencia institucional. Señala, que ha establecido un rango amplio para permitir una adecuada

2 2 participación. A manera de ejemplo cita vehículos Nissan, Isuzu, Toyota, Mitsubichi. Sostiene, que vehículos de menor cilindrada pueden alcanzar determinados torques y potencias, pero sacrificando el rendimiento y durabilidad del motor a largo plazo. El objetante se limita a manifestar que tiene otra opción, sin aportar estudio técnico. No aporta curvas de motor para determinar el rango de revoluciones por minuto con potencias y torques para determinar si son adecuados. Criterio de la División: En relación con las partidas cuestionadas, el cartel establece para las partidas 1, 5, 8, 11, 18 un rango para el cilindraje de a 3.000cc y para las líneas 4 y 22 uno de a 3.000cc. No obstante, el disconforme en este caso, se ha limitado a manifestar que el rango es reducido, sin justificar o demostrar por qué. No presenta prueba técnica, a pesar que señala que puede ofrecer un vehículo con un cilindraje inferior al requerido, sea este 1910cc, y no demuestra técnicamente que el mismo satisface las necesidades de la institución licitante. Sobre el particular, resulta importante tener presente lo dispuesto en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) el cual señala que El recurso deberá presentarse con la aprueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además debe indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. En relación con lo anterior, esta Contraloría ha señalado que ( ) De manera que, mediante la interposición de este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la Administración en la formulación y depuración del pliego de condiciones; por ello son de importancia las razones que la Administración indique en defensa de las condiciones y requerimientos, pues es ella quién, en principio, conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el concurso que promueve, para lo que ha fijado el diverso clausulado cartelario, que debe contar con un adecuado sustento técnico y jurídico para que no devengan en arbitrarios. No obstante, esta posibilidad prevista por el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa debe ejercerse en forma sustentada, pues quién afirma posee la carga de la prueba. Al respecto ha indicado este Despacho que: por el contrario, el recurrente se limita a indicar las características de su equipo, sin dar mayor detalle. Al respecto, en resolución R-DAGJ de 8:30 horas del 14 de enero del 2004, señalamos lo siguiente:... ha de reiterarse la naturaleza que tienen tanto el cartel como el recurso de objeción al cartel. Se presume que la función administrativa del Estado tiene un fin público y que por lo tanto sus actos (en este caso los carteles de una licitación) se presumen dictados apegados al ordenamiento jurídico y básicamente como instrumento de satisfacción de los intereses generales. De tal

3 3 suerte que cada cartel lleva implícita la presunción de apego a los principios de la contratación administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la supremacía del interés general sobre cualquier otro. Sin embargo, es claro que no siempre las actuaciones administrativas son tan objetivas y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa presunción, labor que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que más allá de las meras consideraciones que pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un recurso procesal que debe estar acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en materia de objeciones al cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente apegado al interés general es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa el objetante está en la obligación de traer argumentos y pruebas ambos- apropiados es decir que respalden su mero dicho. Y es que acá debe partirse de otro elemento fundamental que conviene reiterar, los procedimientos de contratación administrativa no son concursos que han de ser abiertos a todo el mercado de manera irrestricta y por encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad licitante; ello llevaría no solo al caos comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo tanto incomparables, sino principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de las necesidades públicas. En otros términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser entendidas como portillos irrestrictos para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y razonable equilibrio entre las verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un trato justo y equitativo a todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en esa delicada labor. En la práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de perseguir el ordenamiento jurídico se logra mediante la incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más bien delimitativas) que tengan el adecuado sustento técnico, legal y financiero pero concomitantemente mediante la posibilidad revisar esas cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e igualmente mediante argumentos objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no solo desde la perspectiva de los intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la función social o colectiva que persigue el Estado. Lo anterior aplica al caso concreto y lleva a rechazar el recurso por carecer de la fundamentación adecuada que venga a demostrar las razones por las cuales se limita la participación del recurrente. Recuérdese que no basta con señalar las características del equipo que se está en capacidad de ofrecer y, con ese solo hecho, fundamentar el recurso. De frente al cartel de licitación, es preciso señalar los motivos por los cuales se estima existen cláusulas que en forma arbitraria limitan la participación. La Administración expone sus necesidades y, son los eventuales oferentes los que deben ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante la que debe ajustar el cartel a los bienes que ofrecen determinados proveedores. (Resolución R-DAGJ de las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005). De esa forma, no existe un derecho a objetar sino en forma sustentada, indicando no solo las

4 4 limitaciones a la participación sino también fundamentando apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas afirmaciones que se hagan en el recurso( ) (ver Resolución R-DAGJ-005 del 3 de enero del 2006).En este caso, el apelante no ha justificado ni demostrado técnicamente su alegato, y más bien pretende que la Administración ajuste el cartel a las especificaciones del objeto que se encuentra interesado en ofrecer. En este punto, resulta importante hacer notar que la remisión de brochures de vehículos no constituye por sí misma prueba técnica, ya que se debe hacer el ejercicio correspondiente para demostrar cómo sus características, puede satisfacer la necesidad institucional. Incluso, en este caso, el recurrente no menciona el modelo o marca que puede ofrecer y se limite a remitir varios brochures. A pesar que también se indican pronunciamientos del órgano contralor, éstos tampoco pueden ser prueba por sí misma, pues véase que en este caso se limita a adjuntarlas al recurso, sin que se haga ejercicio de cómo se relacionan con este caso, o si por ejemplo son situaciones idénticas o las mismas se relacionan con este punto objetado y no con los demás. Así las cosas, por carecer de la debida fundamentación, procede rechazar de plano este punto del recurso.2) Partida 25. Motor. Señala la objetante que en este caso se solicita una cilindrada entre 1500 y 1800 centímetros cúbicos, y su representada cuenta con un vehículo con cilindrada de 1400 cc con una relación de compresión de Características que permiten satisfacer la necesidad de la Administración. Señala, que también se cuenta con otro modelo con una cilindrada de 1200cc con una relación de compresión de Por ello, solicita que se amplíe el rango de la cilindrada de 1200cc hasta 1800cc y el rango de potencia de 60kw a 100 kw. Sobre el particular la Administración manifiesta, que ampliar el rango a lo solicitado por el objetante no se considera viable, ya que vehículos de gasolina con una cilindrada inferior a 1.500cc, con una menor potencia y torque a lo solicitado por la Administración no permite el acceso a diferentes lugares. El objetante se limita a manifestar que tiene otra opción, sin aportar estudio técnico. No aporta curvas de motor para determinar el rango de revoluciones por minuto con potencias y torques para determinar si son adecuados. Criterio de la División: En relación con este extremo, se presenta una situación similar a la expuesta en el punto anterior de este recurso. El objetante se limita a solicitar un cilindraje y potencia que se ajuste a sus posibilidades, sin fundamentar o demostrar técnicamente lo solicitado, y sobre todo de qué forma lo requerido en el cartel puede conculcar con los principios de contratación, especialmente el de libre participación. Incluso hace mención que cuenta con dos vehículos que pueden cumplir las necesidades de la Administración, pero no lo demuestra, y tampoco señala

5 5 el modelo o marca de los mismos. No debe olvidarse que el recurso de objeción no puede ser un instrumento para ajustar las necesidades de la Administración a los productos de los potenciales oferentes. Así las cosas, y por carecer de una adecuada fundamentación, se rechaza de plano este punto del recurso. 3) Partidas 2, 3, 20, 26, 28. Motor. Indica la recurrente que las características restringen su participación. Señala, que cuenta con un vehículo con motor1.6l VVT, con una cilindrada de 1600cc con una relación de compresión de 11.0 con una potencia de 118/6.000rpm, un torque de 4.000, que satisfacen las necesidades de un SUV de última generación. Por ello solicita se amplié el rango de la cilindrada hasta 1600cc o se elimine. Además solicita se amplíe los rangos del motor hasta 16L la relación de compresión hasta 11.0, la potencia a 118/6.000rpm el torque hasta 156@4000 y que las medidas cuenten con un rango de variación de +/-10%. La Administración se manifiesta en similar sentido al punto 1 de este recurso. Criterio de la División: En relación con este punto, una vez más el disconforme se limita a solicitar rangos y medidas que se ajusten a sus intereses, sin justificar técnicamente lo anterior, ni demostrar cómo se restringe su participación o cómo su pretensión satisface las necesidades de la Administración. También en este caso a pesar de manifestar que cuenta con un determinado vehículo, no señala ni modelo ni marca. Se reitera que la remisión de brochures o alusión de resoluciones del órgano contralor no constituyen prueba por sí misma. En ese sentido, se advierte la necesidad que tiene el recurrente de demostrar y aportar la prueba técnica de su alegato. El recurso no puede ser un instrumento para solicitar que sus características sean las requeridas por la Administración. Así las cosas, procede rechazar de plano este punto del recurso. b). Recurso de Motos-Suzuki S.A.1) Partidas 6, 9, 12, 17, 27, 29. Indica el recurrente, que las especificaciones del cuadraciclo, salvo un par de diferencias mínimas, corresponden al TRX 420 de Honda. Manifiesta, que tiene la posibilidad de ofertar un cuadraciclo que reúne mayores condiciones técnicas en potencia de caballaje y capacidad de combustible, para mayor rendimiento y condiciones similares a los requerimientos. Solicita se modifique la cilindrada, de tal forma que permita a partir de 376cc a 450cc. A su vez requiere que el motor sea SACS, OHC, que es el que pueden ofertar y presenta mayor potencia que el tipo OHV. Agrega, que brinda una potencia de 30CV, que es mayor que el solicitado por la Administración, por lo que requiere que sea modificado y se permita la participación con su modelo. Además, solicita que se modifique la capacidad de pasajeros, para que sea para una persona. En relación con este punto, la Administración indica que se ha establecido un rango amplio para permitir una adecuada

6 6 participación, dentro de dicho rango, existen empresas que tienen la posibilidad de participar. Indica, que cuadraciclos de menor cilindrada pueden alcanzar determinados torques y potencias, pero sacrificando el rendimiento y durabilidad del motor a largo plazo. Criterio de la División: En relación con este recurso, en forma similar al presentado por Vehículos de Trabajo S. A., se carece de una adecuada fundamentación, violentando lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de contratación Administrativa. Véase que el recurrente en primer término manifiesta que prácticamente todas las características técnicas corresponden al modelo TRX 420 de Honda, sin que se haya hecho ejercicio alguno para demostrarlo. No presenta prueba técnica e incluso no señala cuáles características son iguales y cuáles no, limitándose a señalar salvo un par de diferencias mínimas (folio 17 del expediente de objeción). De esta forma se desconoce cuáles son esas características. Sumado a ello, solicita se modifique la cilindrada, sin fundamentar lo anterior y sin demostrar técnicamente cómo se satisface la necesidad institucional, siendo que no basta para ello, la remisión de un brochure. Ahora, si bien la Administración no hizo referencia a la solicitud de modificación del tipo de motor, potencia y capacidad de pasajeros, es lo cierto que sobre los mismos, tampoco existe una fundamentación por parte del recurrente del por qué se requiere lo anterior y cómo su ofrecimiento satisface la necesidad institucional. Por lo anterior, procede rechazar de plano por falta de fundamentación dicho recurso. c) Recurso de Auto Ensambladora S. A. 1. Metodología de evaluación Punto 6. Experiencia de la empresa en la representación en el país de la marca ofrecida. Manifiesta la objetante, que no se desprende del cartel, el fundamento técnico de incluir esta variable como elemento de calificación y razón de asignar un puntaje tan elevado, máxime que la variable de experiencia ya se encuentra considerada en otro rubro. Estima que el porcentaje es desproporcionado, excesivo y sin fundamento y favorece a una empresa en particular que tuvo acaparada la ventas a la Administración Pública por medio de un convenio marco. Cuestiona además realizar la asignación del porcentaje por medio de una fórmula y no por una tabla escalonada. Por ello, solicita se haga una redistribución de puntaje, asignando mayor peso al rubro de experiencia: 15% y un 5% al de ventas realizadas en los últimos 5 años. Además de cambiar la metodología de asignación de puntos vía fórmula, por una tabla. La Administración sostiene que el porcentaje es proporcionado. Se puede elegir oferentes cuyas marcas tengan presencia y respaldo y así contar con adecuado servicio postventa. La experiencia en ventas se estableció desde el 2010, para que potenciales oferentes cuenten con un amplio lapso y no depender de un evento y así

7 7 no favorecer a ninguna empresa en particular. La Administración cuenta con discrecionalidad para establecer el sistema de calificación de ofertas que considere pertinente. Criterio de la División: El punto cuestionado por el recurrente, es un rubro de evaluación, el cual entra dentro de la discrecionalidad administrativa. La Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas, siendo los puntos de calificación aspectos que ha considerado le otorgan una ventaja. Al ser rubros de evaluación no limitan la participación de oferentes, sino que de no cumplir, no obtendría puntos. Pese a ello, los factores en el sistema de evaluación no pueden inaplicables, intrascendentes o desproporcionados. En este caso, el recurrente manifiesta que el peso dado a este rubro es muy elevado, además que resulta desproporcionado y excesivo, pero sin fundamentar adecuadamente lo anterior. En ese sentido una vez más se advierte que no basta con señalar la disconformidad, sino que debe demostrarse la misma, fundamento que en este caso se omite. Sumado a ello, no demuestra cómo se materializa esa desproporción y por qué los factores irían dirigidos a favorecer a uno o varios proveedores determinados. Adicionalmente, solicita que la forma de asignación sea diferente, sin que tampoco demuestre cómo la exigida por la entidad limita su participación, o sea desproporcionada, contraviniendo el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que procede el rechazo de plano del argumento en este extremo. 2. Especificaciones técnicas. Transmisión manual (excepto ítems 13 y 18). Indica la recurrente que los vehículos que puede ofrecer cuentan con una transmisión ShifTronic de 6 velocidades. Es una transmisión automática, la cual puede usarse de forma convencional o shiftronic, tanto con el vehículo en movimiento o detenido. En este modo, se permite cambiar de marcha de forma secuencial y también permite compresionar. Por ello, solicita se modifique la especificación de transmisión manual, y así poder ofertar sistemas más modernos y eficientes, estableciéndose como un preferible. La Administración señala que el grueso del personal maneja vehículos de marcha. El automático no puede sostener o compresionar para asegurar una adecuada reducción de la velocidad en condiciones de bajadas abruptas, condiciones de descenso pronunciadas, lo cual obligaría a uso intensivo e inadecuado del sistema de freno, y desgaste prematuro de todo el sistema de frenos. Agrega, que en condiciones de ascenso severo, las cajas de transmisión automáticas tienden a calentar si no se usan adecuadamente, y debido a que se cuenta con experiencia en transmisión manual, no se considera prudente hacer modificación en el tipo de transmisión. Indica, que la recurrente no ha presentado prueba técnica. Por ejemplo gráficas de desempeño del motor a cada marcha de

8 8 avance, ni estudio comparativo contra una caja de transmisión manual. No presentó gráfica de potencia y torque del motor relacionado con cada marcha de avance, por lo que no se puede afirmar que se tenga un desempeño igual con cualquiera de los sistemas. Ello porque los vehículos será para uso donde la respuesta del motor es fundamental en el desempeño de las funciones policiales. Criterio de la División: En este caso, una vez más se echa de menos una adecuada fundamentación técnica por parte de la objetante. Tampoco demuestra cómo tal requerimiento limita su participación. No debe perderse de vista, que el recurso de objeción no es un medio para que la Administración se ajuste a las características del potencial oferente, y más bien es a la inversa. Así las cosas, procede rechazar de plano este punto del recurso POR TANTO De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 de la Constitución Política, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 179 y 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano los recursos de objeción interpuestos por las empresas VEHÍCULOS DE TRABAJO S. A., MOTOS SUZUKI S. A., y AUTO ENSAMBLADORA S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN , promovido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, para la compra de vehículos terrestres. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE Edgar Herrera Loaiza Gerente Asociado Lucía Gólcher Beirute Fiscalizadora LGB/apus NI: 33132, 33267, 33319, 33353, 33441, 109, 157, 236, 314 Ci: Archivo central G: