CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ VISTOS:

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1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZ PONENTE: DR. JOSÉ LUIS TERÁN SUÁREZ Quito, martes 9 de diciembre del 2014, las 16h13.- VISTOS: I.- JURISDICCIÓN Conocemos la presente causa en virtud de la Resolución No de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura, Resoluciones Nos y de 27 de junio de 2012 y 22 de julio de 2013, respectivamente, dictadas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, Oficios Nos SG-CNJ-IJ y 2399-SG-CNJ-IJ de 23 de diciembre de 2013 expedidos por el Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, y del sorteo que consta en el proceso. II.- ANTECEDENTES El señor Carlos Armando Carchi, en calidad de representante legal de la compañía GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA. LTDA., mediante escrito de 7 de septiembre de 2012, interpone recurso de casación en contra de la 1

2 sentencia de 17 de agosto de 2012, las 15h16, dictada por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 con competencia en materia contencioso tributaria, con sede en la ciudad de Loja, dentro del juicio de impugnación No , deducido en contra del Director Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas El recurrente fundamenta su recurso en las causales primera, tercera y cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, e indica que las normas de derecho infringidas son: arts. 75, 76 numeral 7 literal l) y 169 de la Constitución Política del Ecuador (sic); arts. 260, 262 y 270 del Código Tributario; arts. 121, 191 y 194 del Código de Procedimiento Civil; art. 259 del Código Tributario; y, art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno En atención a la causal primera indica que, existe falta de aplicación de los principios constitucionales contenidos en los arts. 75 y 76, numeral 7 literal l, de la Constitución Política del Ecuador (sic), que se refieren a la obligación de motivar las resoluciones y, a no sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades En cuanto a la causal tercera sostiene que, existe falta de aplicación de los arts. 260, 262 y 270 del Código Tributario; y, errónea interpretación de los arts. 259 del Código Tributario y 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Dice que, en el considerando 7.2 los jueces analizan que los accionados simplemente niegan los fundamentos de hecho y derecho de la demanda; pero la parte accionada ni siquiera adjunta la documentación y el proceso agotado en la instancia administrativa que estaban obligados a presentarla de conformidad con lo previsto en el art. 246 del Código Tributario. Enfatiza lo dispuesto en el segundo de la referida disposición legal. 2

3 Respecto a la causal cuarta acusa la omisión de resolver en la sentencia todos los puntos sobre los cuales se trabó la litis. Como fundamentos en los que se apoya el recurso de casación señala que, con fecha 20 de abril de 2007 el Director Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas emite la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2003 No , sin que la administración tributaria haya analizado la documentación soporte que justifica los gastos realizados por la empresa actora; que en Tribunal A quo, en el considerando SÉPTIMO, detalla minuciosamente toda la documentación presentada por la empresa que justifica que, efectivamente existieron las transacciones que sirvieron como base del reclamo, con lo que ha quedado plenamente justificada la comunicación de diferencias que hiciera el Servicio de Rentas Internas; que la Administración nunca adjuntó el expediente agotado en la administración tributaria para su análisis; que el SRI ha cuantificado el Impuesto a la Renta en base de los ingresos brutos y no como debe ser en base a los ingresos netos; que efectivamente existió el gasto, la adquisición, la transacción, el registro, la declaración, etc. que sirvió para obtener, mantener y mejorar la renta gravada de fuente ecuatoriana, conforme lo establece el art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Por todo lo expuesto solicita a esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia suspender la ejecución de la resolución La Sala de Conjueza y Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia mediante auto de 14 de noviembre de 2012, las 08h30, admite a trámite el recurso, y, fue puesto en conocimiento de las partes la recepción del proceso para que se cumpla lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Casación. 3

4 2.4.- El Dr. Alex Patricio Riascos Chamba, Procurador designado por la Dirección Regional del Sur del Servicio de Rentas Internas, dentro de tiempo (fs. 6 a 10 del cuadernillo de casación) presenta la contestación al recurso y manifiesta lo siguiente: Que respecto a la falta de aplicación en sentencia de los principios constitucionales contenidos en los arts. 75 y 76, numeral 7 literal l, de la Constitución Política del Ecuador, éstos no tienen pertinencia ni guardan relación o concordancia con el supuesto hecho al que se hace mención tanto en el acto administrativo impugnado como en la sentencia recurrida; que la sentencia de fecha 17 de agosto de 2012, las 15h16, cumple estrictamente con la normativa pertinente y con la motivación constitucional. Que respecto a la supuesta...falta de aplicación de los arts. 260, 262 y 270 del Código Tributario; y errónea interpretación de los arts. 259 del Código Tributario y art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece las deducciones aplicables a la determinación al Impuesto a la Renta, el actor no hace referencia lógica a lo alegado frente a lo señalado en su escrito de casación; que la misma empresa GLASSVIT CIA. LTDA., en la página 3 de su escrito de prueba dice, que los gastos efectuados aunque no se encuentren sustentados con documentos que cumplan con los requisitos reglamentarios constan registrados en la contabilidad del recurrente..., por lo que se corrobora que existe legalidad y legitimidad en el acto administrativo impugnado. Sostiene que el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, vigente a la fecha (2003), expedido mediante Decreto Ejecutivo 3055 de 30 de agosto de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 679 del 8 de octubre de 2002 establece que: Comprobantes de Retención.- Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno este reglamento y en las resoluciones que, para el efecto, dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas, es decir que, la empresa 4

5 actora incumplió con lo dispuesto en los arts. 8 y 12 del Reglamento y que, al no cumplir con las solemnidades exigidas en la norma, como son la emisión del respectivo comprobante de retención los gastos deducibles que estén dados únicamente con comprobantes de venta sin el respaldo de la retención pertinente carecen de oportunidad para surtir el efecto deducible deseado. Añade que, si no constan los comprobantes de retención emitidos para sustento de costos y gastos, cómo puede pretender el contribuyente que los comprobantes de venta surtan con el efecto deducible que espera, y más aún cuando la perito señala que éstos han sido emitidos en el período entre enero a diciembre del 2007, cuando el período determinado es el año Que respecto de la carga de la prueba, ésta le corresponde al actor como establece el art. 258 del Código Tributario. Respecto a la supuesta Omisión de resolver en la sentencia todos los puntos sobre los cuales se trabó la litis, sostiene que, la sentencia, ha analizado todos los puntos de la demanda y ha llegado a un dictamen coherente, legal, apropiado; que el hecho de que el fallo recurrido no le sea favorable a las pretensiones del accionante no implica que sea inmotivado o que adolece de inaplicabilidad de la normativa respectiva, lo cual demuestra que la Administración Tributaria no ha incumplido ningún tipo de normativa legal. Por todo lo expuesto, solicita a esta Sala especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, desechar el recurso por improcedente El Tribunal juzgador considera que, la acción contencioso tributaria pretende que se declare sin efecto legal la Orden de Cobro No contenida en la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2003, cuya fecha de emisión y notificación fue el 20 de abril del 2007, emitida por el Director Regional del Sur (E) del Servicio de Rentas Internas. Que el actor en su demanda señala confusamente que tiene ciertos comprobantes de venta que 5

6 cumplen aparentemente con los requisitos del Reglamento pertinente, pero que estos requisitos no son los únicos que deben respaldar estas transacciones, por cuanto la empresa Glassvit Vidrio Templado Cía. Ltda., es persona jurídica obligada a llevar contabilidad, realizar retenciones de impuestos conforme a la Ley y demás circunstancias de observancia y cumplimiento obligatorio para los sujetos pasivos. Que el art. innumerado (4) siguiente al art. 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente al período fiscal determinado, dispone con claridad en su inciso primero que: Otras retenciones en la fuente.- Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. Que el art. 104 Ibídem señala: Comprobantes de retención.- Los agentes de retención entregarán los comprobantes de retención en la fuente por impuesto a la renta y por impuesto al valor agregado IVA, en los formularios que reunirán los requisitos que se establezcan en el correspondiente reglamento. Que el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, vigente y expedido mediante Decreto Ejecutivo 3055 del 30 de agosto de 2002, publicado en el Registro Oficial 679 del 8 de octubre de 2002, es decir vigente en el año determinado (2003), en su artículo 3 establece: Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y en las resoluciones que, para el efecto dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas ; concordante con el art. 6 del cuerpo legal antes citado, que dispone la obligación de emisión de comprobantes de retención. Que la Administración Tributaria, goza de la facultad determinadora conforme lo dispone el art. 68 del Código Tributario. Cita los arts. 258 y 259 del Código 6

7 Tributario y dice que, la Administración Tributaria ha establecido mediante acto administrativo un saldo a pagar por concepto del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2003, acto que por disposición de la ley goza de presunción de legalidad y ejecutoriedad, principios no han sido rebatidos ni objetados legalmente en el juicio. Por todo lo expuesto, rechaza la demanda y declara la legalidad de la Orden de Cobro No contenida en la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2003, dictada por el Director Regional del Sur (E) del Servicio de Rentas Internas, el 20 de abril de III. COMPETENCIA Esta Sala Especializada es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el art. 1 de la Codificación de Ley de Casación y el numeral 1, segunda parte, del art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. IV.- VALIDEZ PROCESAL En la tramitación del presente recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar. 7

8 V.- PLANTEAMIENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO El recurrente formula los siguientes cargos, en contra de la sentencia de 17 de agosto de 2012, las 15h16, dictada por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 5. con sede en la ciudad de Loja. Cargo 1.- Falta de aplicación de los principios constitucionales contenidos en los arts. 75, 76, numeral 7 literal l y 169 de la Constitución Política del Ecuador (sic), (causal primera). Cargo 2.- Falta de aplicación de los arts. 260, 262 y 270 del Código Tributario; arts. 121, 191 y 194 del Código de Procedimiento Civil; y, errónea interpretación de los arts. 259 del Código Tributario y 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, (causal tercera). Cargo 3.- Omisión de resolver en la sentencia todos los puntos sobre los cuales se trabó la litis, (causal cuarta). VI.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN La casación es un recurso extraordinario, de alta técnica jurídica, formal y excepcional, cuyo principal objetivo es la defensa del ordenamiento jurídico imperante, precautelando y conservando la unidad e integridad de la jurisprudencia. La actividad del organismo jurisdiccional de casación se mueve, por el impulso de la voluntad del recurrente; y es él quien, en los fundamentos en que se 8

9 apoya el recurso, cristaliza y condiciona la actividad del Tribunal de casación y señala, de antemano, los límites que no pueden ser rebasados Siguiendo el orden lógico en el estudio de las causales, esta Sala Especializada procede a analizar los cargos de la siguiente manera: El recurrente al amparo de la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, acusa la omisión de resolver en la sentencia todos los puntos sobre los cuales se trabó la litis. Al respecto, esta Sala considera que, sólo en la demanda y en la contestación a la demanda, se fijan definitivamente los términos del debate y alcance de la sentencia; que la incongruencia es un error in procedendo que tiene tres aspectos: a) Cuando se otorga más de lo pedido (plus o ultra petita); b) Cuando se otorga algo distinto a lo pedido (extra petita); y, c) Cuando se deja de resolver sobre algo pedido (citra petita). Entonces como instrumento de análisis, el defecto procesal de citra petita, alegado por el recurrente, debe resultar de la comparación entre la súplica de la demanda y la parte dispositiva de la sentencia. En el presente caso, la pretensión de la empresa actora que consta en el libelo inicial es: impugno la Liquidación de Pago por diferencias en la declaración de Impuesto a la Renta No , dictada el día 20 de abril del 2007, con el objeto que mediante sentencia se deje sin efecto las resoluciones singularizadas y a su vez se reconozca mis derechos que de los cuales me asiste la Ley en mi calidad de Contribuyente ; por su parte, las excepciones que la Administración Tributaria opone a la demanda son: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada; improcedencia de la acción de la demanda; y, prescripción de la demanda. Las dos últimas excepciones no pueden ser consideradas como puntos de la litis, porque según sentencia dictada por esta Sala Especializada el 16 de noviembre del 2009, las 09h00, dentro del recurso No , (fs. 80 a 82 del proceso), se casó la 9

10 sentencia de 9 de enero de 2009, dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 con competencia en materia Fiscal, con sede en la ciudad de Loja, en la que, declara sin lugar la prescripción de la acción y dispone que el proceso vuelva al Tribunal a fin de que se pronuncie sobre los temas de fondo planteados en la demanda. Por lo tanto, frente a la resolución de la Corte de Casación, correspondía a la Sala de instancia pronunciarse sobre el fondo de la controversia, como en efecto lo ha hecho en la sentencia recurrida, en cuya parte resolutiva se rechaza la demanda y se declara la legalidad de la Orden de Cobro No contenida en la Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2003, dictada por el Director Regional del Sur (E) del Servicio de Rentas Internas, el 20 de abril de En suma, cotejada o confrontada la pretensión del accionante con la sentencia dictada por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 de Loja y Zamora Chinchipe, el 17 de agosto de 2012, las 15h16, se encuentra que la sentencia resuelve sobre la pretensión transcrita, no existiendo el vicio in procedendo llamado por la doctrina de mínima o citra petita contemplado en la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación. En esta virtud, esta Sala Especializada concluye que no se encuentra configurada la causal Respecto del cuestionamiento a la sentencia, al amparo de la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, que hace la compañía GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA. LTDA., que está relacionado con la presunta vulneración de normas de valoración de la prueba, lo que habría producido la falta de aplicación de normas de derecho, esta Sala ha sostenido en forma reiterada que para que prospere la causal alegada, que es de aquellas que la doctrina denomina INDIRECTA, es preciso que el recurrente extreme sus cuidados en señalar: a) La norma de valoración de la prueba que considere infringida; b) El vicio en el que incurre el juzgador de instancia, si por falta de 10

11 aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación; c) La norma de derecho que como consecuencia del error en la valoración de la prueba, se vulnera por indebida aplicación o por falta de aplicación, señalando cómo se produce ese error en la sentencia. En la especie, el recurrente afirma que, el Tribunal A quo, en el considerando SÉPTIMO de la sentencia impugnada, detalla minuciosamente toda la documentación presentada por la empresa actora, que justifica que efectivamente existieron las transacciones que sirvieron como base de la reclamación y que ha quedado plenamente justificada la comunicación de diferencias. Sin embargo, de la revisión del fallo de instancia se advierte que la Sala juzgadora no yerra en la valoración de la prueba, pues no ha otorgado a los medios de prueba (comprobantes de venta) un valor diferente al que la ley y el reglamento les otorga, es decir la Sala sentenciadora no ha incurrido en errores de hecho ni de derecho por infracción de ley o de doctrina legal, pues ha apreciado la prueba practicada conforme a la normativa tributaria vigente en el ejercicio fiscal 2003, llegando a advertir que es propio contribuyente quien reconoce que: No se ha pretendido en ningún momento perjudicar al fisco, los errores que se han evidenciado en mi contabilidad, se han debido por no contar con una persona idónea en el cargo de contadora de la empresa, la persona encargada no realizó las respectivas retenciones en la fuente. Además, el recurrente señala como normas infringidas los arts. 260, 262 y 270 del Código Tributario; arts. 121, 191 y 194 del Código de Procedimiento Civil; art. 259 del Código Tributario; y, art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que si bien se refieren de manera general a las pruebas admisibles, la facultad oficiosa del Tribunal de instancia, la valoración de las pruebas, los medios de prueba, la definición de instrumento privado, cuándo hacen tanta fe los instrumentos privados como los instrumentos públicos, la presunción de validez de los hechos, actos y resoluciones de las administraciones tributarias y, las deducciones aplicables a 11

12 la determinación del Impuesto a la Renta, en cambio no identifica la norma de derecho que se infringe como consecuencia del yerro en la valoración de la prueba ni cómo se produce ese error en la sentencia, esto es por una equivocada aplicación o la no aplicación de la norma de derecho que ha sido transgredida como consecuencia del error en la valoración de la prueba; tales errores en la formulación del recurso que atienden al fondo del asunto, no pueden ser subsanados por el juzgador en casación, lo cual vuelve improcedente el cargo planteado En cuanto a la causal primera alegada por el recurrente, esta Sala señala lo que el art. 3 de la Ley de Casación indica: 1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes en su parte dispositiva. La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, tiene como limitante la revaloración de las pruebas y debe ser planteada a partir de los hechos probados en la sentencia. Dicha causal, tiene relación con lo que se denomina vicios in iudicando, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de las normas de derecho o precedentes jurisprudenciales. El recurrente, al fundamentar la causal dice: La Ley presume, como lo señala el artículo 114 del Código Tributario en concordancia con lo que señala el artículo 76 numeral 2 de la Constitución Política del Estado vigente, la inocencia de las personas; por tanto, la administración tributaria debió probar mi supuesta culpabilidad de utilizar costos y gastos, que el S.R.I., no los tomó en consideración conforme quedó demostrado en el desarrollo del proceso El artículo 23, numeral 15 de la anterior Constitución Política del Ecuador, vigente en ese tiempo garantizaba mi derecho civil a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso a nombre del pueblo y a recibir la atención o respuestas pertinentes, en el plazo adecuado; derecho que también está garantizado en la actual 12

13 Constitución de la República en su artículo 66 numeral 23; más aún si estamos enmarcados en una Constitución garantista de derechos conforme lo dictamina el artículo 11 de la carta magna. Esta forma de determinar infracciones a la ley en la sentencia, señalando innúmeros artículos en forma generalizada, desordenada e imprecisa, no es cumplir con la obligación del recurrente en casación de citar las disposiciones legales que considere infringidas con precisión y claridad, esto es señalando, puntualizando no solo la norma de derecho que estima infringida, sino como dice la doctrina y la jurisprudencia, precisando respecto de cada norma cuál es la transgresión y cuáles las circunstancias sobre las que se puede recurrir al amparo de la causal primera, por lo tanto no se puede invocar de manera generalizada dicha causal sin establecer el nexo jurídico con las normas supuestamente infringidas, vacío que no lo puede suplir esta Sala Especializada, por lo que no se encuentra que se ha configurado la causal primera invocada por la recurrente. VII.- DECISIÓN En tal virtud y en mérito de estas consideraciones, y por cuanto el recurso de casación interpuesto por el señor Carlos Armando Carchi, en calidad de representante legal de la compañía GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA. LTDA., es anti técnico, éste deviene en improcedente Por las razones expuestas, la Corte Nacional de Justica, Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República. 13

14 VIII.- RESUELVE: NO CASAR la sentencia dictada el 17 de agosto de 2012, las 15h16, dictada por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 con competencia en materia contencioso tributaria, con sede en la ciudad de Loja, en los términos señalados en el considerando VI de esta sentencia Sin costas Notifíquese, publíquese y devuélvase a la Sala de origen. f) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, JUEZA PRESIDENTA; Dr. Juan Montero Chávez, CONJUEZ NACIONAL; Dr. José Luis Terán Suárez, CONJUEZ NACIONAL; Certifico.- Abg. Diego Acuña Naranjo SECRETARIO RELATOR. 14