QUERELLANTE Jaime H. Silva Mayra Z. Santiago QUERELLA NÚM

Transcripción

1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR CENTRO GUBERNAMENTAL 2440 Ave. Las Américas Suite 104 Ponce, Puerto Rico QUERELLANTE Jaime H. Silva Mayra Z. Santiago V. QUERELLADA All Engineering Services Corp. Phoenix Construcción,SE United Surety & Indemnity Co. QUERELLA NÚM SOBRE: Compraventa Residencia DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Ley #130 del 13 de junio del 1967 RESOLUCION Con el objeto de resolver la presente querella el Departamento Asuntos del Consumidor convoca a las partes en el caso de epígrafe para una vista administrativa a celebrarse el pasado 10 de octubre del Comparecieron las siguientes partes: 1.Jaime H. Silva - querellante 2.Lcda. María del C. Toro Vélez- abogada querellante 3.Oscar Rivera representante All Engineering 4.Ing. Luis E. Rodríguez Fernández representante Phoenix Construction SE 5.Lcdo. Ramón A. Hernández - abogado partes querelladas Con respecto a la parte querellada la fiadora United Surety & Indemnity Co. no compareció ni justificaron su ausencia. No obra en autos que la notificación cursada halla venida devuelta por el servicio de correos por lo que se presume recibida. A tales efectos se les anotó la rebeldía. Luego de lo vertido en la vista y examinada la prueba este Foro fórmula las siguientes: DETERMINACIONES DE HECHO 1. El 25 de febrero del 2004 la parte querellante el Sr. Jaime Silva y Mayra Z. Santiago y la sociedad legal de gananciales compuesta por estos otorgan escritura de compraventa con la firma querellada All Engineering Services para la adquisición de una residencia en el proyecto de vivienda denominado Urb.Hill View en el municipio de Yauco. 2.Que la querellada All Enginnerings es un desarrollador de viviendas debidamente registrado en el Departamento.

2 3. Que el solar adquirido por el Querellante ubica en el Bloque A-6 con un tamaño de mc. No obstante, no se desprende de la descripción del solar liberado y segregado que parte corresponde a área de talud y que parte es llana o semi llano. El talud tiene un área de 2 metros. 4.Que el querellante radicó la querella 3 de marzo del Fundamentalmente alegó vicios de construcción y la remoción de un muro lateral que dividía su solar impidiendo el uso y disfrute de su propiedad. 5. Que conforme lo exigen las reglamentaciones bajo ARPE basado en la elevación de y otros factores es obligatorio construir muros cuya función es servir de amortiguador contra el talud y evitar que las escorrentías invadan el área de la residencia del querellante. 6. Que dada la irregularidad del terreno la constructora ubicó la construcción de dicho muro lateral a una distancia de seis pies de la colindancia existente entre los solares 5 y el objeto de la querella. El mismo ubica en la franja de terminación donde cae el talud. Determinamos que se ubico de esa forma para aminorar los costos que implica la remoción del terreno. 7. Que el 15 de abril del 2005, con la presencia de las partes fue celebrada inspección por el técnico en construcción de DACO. Este corroboró defectos de la querella. Con respecto al muro lateral indico que no coincidía este con la demarcación de la colindancia estando a una distancia de 6 pies. Estimó su reubicación en $6, El informe de inspección no fue impugnado por alguna de las partes por lo que advino como un hecho probado el contenido del informe. 9.Que desde el 12 de octubre del 2004 el querellante ha estado reclamando a las partes querelladas tanto en forma personal como por escrito los vicios como la situación del muro lateral. 10.Que determinamos que la ubicación de muro lateral dentro del solar del querellante es un defecto conforme a la Ley #130 lo cual afecta el uso y disfrute de su propiedad. 11. Que existe una fianza (performance bond) # a favor de la parte querellante otorgada por la coquerellada United Surety & Indemnity Inc. En vista de lo antes mencionado se formulan las conclusiones de derecho que aparecen a continuación. CONCLUSIONES DE DERECHO 1.Ante nuestra consideración se encuentra un contrato de compraventa regulado por los artículos 1480 al 1492 del Código Civil de Puerto Rico, ( 31 LPRA ). 2. La Ley de la Oficina del Oficial de la Construcción, Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, 17 LPRA secs. 501 y ss., según enmendada, reglamenta y fiscaliza el negocio de la construcción de viviendas privadas en nuestra jurisdicción. Dicho estatuto, entre otras cosas, confiere jurisdicción al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para entender en querellas presentadas por cualquier comprador u optante de una propiedad cuando se ha incurrido en cualquiera de las

3 prácticas prohibidas por el estatuto. Artículo 11 de la Ley Núm. 130, supra, 17 LPRA sec. 511; Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 464 (1997); Quiñones v. San Rafael Estates, 143 DPR 756, (1997). Véase además, Hernández Dentón v. Quiñones Desdier, 102 DPR 218, 220 (1974). 3. En la sección inciso (f) define para todos los efectos legales lo que en la practica se considera es un Urbanizador y / o Constructor significa vendedor y toda persona que se dedica al negocio de la construcción en calidad de empresario o principal responsable de la promoción, diseño, ventas, construcción de obra de urbanización para viviendas, o de la construcción en grande escala de viviendas, bien del tipo individual o multipisos. 4.La Ley 130, 10j enmendada supra, en el segundo párrafo establece lo siguiente: Bajo la sección 10 J de dicho Reglamento, incurre en una práctica indeseable en el negocio de la construcción de viviendas todo aquel urbanizador o constructor que haya sido notificado por el comprador de la existencia de cualquier defecto de construcción y que deje de corregir el mismo dentro de un término razonable. 5.Conforme a dicho estatuto todo Defecto significará cualquier anormalidad, defecto, construcción falta de accesorios, falla, deterioro prematuro, mal funcionamiento, inexactitud en las medidas o cualesquiera otra condición más allá de las tolerancias normales permisibles que puedan sufrir la estructura de vivienda o el área en que ésta esté enclavada o cualquier otro vicio o condición que exceda la medida de las imperfecciones que cabe esperar en una construcción sin que se pueda imputar a una fuera mayor y/o fenómeno natural, y que no se deban a maltrato, alteraciones, falta de mantenimiento, ni desgaste normal, siempre y cuando se notifiquen al urbanizador y/o constructor dentro del período de tiempo que establece el Art. 10 (j) de este Reglamento. 6.El Reglamento antes citado, en su sección 10 J establece varios términos para notificar los defectos de construcción hasta un máximo de 2 años. Además, dispone que la notificación al urbanizador o constructor podrá hacerse personalmente o por correo. La notificación por correo será efectiva al momento de depositarse en éste. La notificación personal deberá constar en un recibo al efecto. (10 RPR sec ) El querellado no tan solo esta obligado por Ley sino que se obligó en un documento e incumplió el mismo. Véase además la sección sobre los tipos de defectos lo cual es de numeración apertus. En vista de lo antes concluido se ordena lo siguiente: ORDEN Se declara ha lugar la querella. Se ordena a los coquerellados ALL Engineering Services Corp., Phoenix Construction S.E. y United Surety & Indemnity a reubicar el muro lateral construido dentro del solar del querellante asumiendo obviamente dicho costo en o antes del 16 de enero del En la alternativa de no hacerlo tendrá que

4 reembolsar a los querellantes lo que le cueste a ellos hacerlo hasta un máximo de $6,000 de dólares. El querellante deberá informar por escrito en cinco (5) días laborables luego de vencido el plazo si el querellado cumplió o no con la orden para proceder conforme a derecho. En caso de incumplimiento de la obligación este Foro podrá imponer una multa administrativa adicional de hasta $10,000 dólares y podrá acudir en auxilio de jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia para compeler al Querellado al cumplimiento de esta resolución. APERCIBIMIENTOS La parte afectada por la presente Resolución podrá solicitar una Reconsideración a la misma dentro de un término de veinte (20) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de dicha Resolución. En la alternativa, podrá la parte afectada acudir directamente al Tribunal de Circuito de Apelaciones en Revisión Judicial, dentro del término de treinta (30) días del archivo en autos de la resolución emitida. Ley Núm. 247 del 25 de diciembre de Severiano Aponte Correa v. Policía de Puerto Rico, 96 J.T.S. 157 (1996). Los términos comprendidos en los presentes apercibimientos se computan basándose en días naturales. Si la parte afectada opta por solicitar la Reconsideración, dicha solicitud deberá ser por escrito, consignándose claramente el término Reconsideración como título y en el sobre de envío. Copia de dicha solicitud deberá ser enviada a la otra parte y a su vez al Departamento de Asuntos del Consumidor, Centro Gubernamental, 2440 Ave. Las Américas, Ponce, Puerto Rico, De no hacerlo así, la presente Resolución advendrá final y firme. Si el Departamento dejare de tomar alguna acción con relación a la Moción de Reconsideración dentro de los quince (15) días de recibida, se considerará rechazada de plano, por lo cual, el término de treinta (30) días para solicitar Revisión al Tribunal de Circuito de Apelaciones comenzará a contar a partir de ese momento. Si el Departamento tomase alguna determinación sobre la moción radicada, el término para solicitar Revisión Judicial empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la Resolución solicitada de la agencia. Dicha resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la Reconsideración. De lo contrario, la agencia perderá jurisdicción sobre dicha solicitud de Reconsideración y el término para solicitar Revisión Judicial comenzará a contarse nuevamente a partir de la expiración del plazo de los noventa (90) días, salvo que el Departamento por justa causa y previo al vencimiento del término de noventa días, prorrogue dicho término por un periodo que excederá de treinta (30) días adicionales. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. DADA EN PONCE, PUERTO RICO A 9 de diciembre del 2005 AGP/DF/JAV Lcdo.Alejandro García SECRETARIO

5 LCDO. JOSE A. VEGA VEGA JUEZ ADMINISTRATIVO ARCHIVADO Y NOTIFICADO POR CORREO HOY: Por: CERTIFICO: Haber notificado a todas las partes con copia de esta Resolución.