10 de noviembre, 2017 DCA-2909

Transcripción

1 Al contestar refiérase al oficio No de noviembre, 2017 DCA-2909 Señor Glauco Ulises Quesada Ramírez Apoderado ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE Fax: Estimado señor: Asunto: Se rechaza, por no requerirlo, autorización para contratar en forma directa a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna para la adquisición de unidades automotoras de ambulancia. Nos referimos a su oficio No Pres del 26 de octubre de 2017, recibido en esta Contraloría General el 27 de octubre, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. I. Antecedentes y justificación de la solicitud. Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes: 1. Que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna es la organización humanitaria que agrupa a las distintas sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja y cuyo primordial objetivo es el apoyo a las sociedades nacionales en el desarrollo de proyectos. 2. Que con base en el desarrollo de esa misión común que se encuentra en las manos de la Asociación Cruz Roja Costarricense como parte de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna, es que dicha Federación les ha propuesto, suplir las unidades de ambulancia de soporte básico y avanzado, mediante la venta de las mismas a un precio menor y condiciones más convenientes, para el desarrollo de las actividades de atención pre hospitalaria en el país.

2 2 3. Que dicha propuesta se realiza en el marco de la cooperación internacional y con el fin de que la Asociación Cruz Roja Costarricense pueda comprar las mismas unidades que se adquieren en el país, pero con una mejora en el precio, que representa un ahorro para las arcas institucionales, lo cual permitiría adquirir más ambulancias con los mismos fondos. 4. Que las unidades de ambulancia que se pretenden adquirir mediante compra internacional a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna serían AMBULANCIA BÁSICA TOYOTA LAND CRUISER: con las siguientes especificaciones: conversión a equipo médico, 4200 cc diésel, con 3 bolsas de aire frontales y 3 laterales, frenos ABS, 4x4 todo terreno, año de fabricación 2017, color blanco y modelo HZJ78LPJMP5, con un precio por unidad de $37.797,6 USD (treinta y siete mil setecientos noventa y siete dólares y 20/100). 5. Que a efectos de proteger el principio de libre competencia, se tomó la determinación de solicitar cotización a la empresa PURDY MOTOR S.A., en la que se cotizaron los siguientes precios: TOYOTA LAND CRUISER, modelo 2017, motor diésel 4164 cc, seis cilindros, con las siguientes extras: rotulación, camilla, tanque de oxígeno, mueble interno, barra de luces, radio de comunicación, mataburro con halógenos y radio AM/FM, dos bolsas de aire delanteras, y aros de lujo: por el precio de $ USD (cincuenta y seis mil novecientos cincuenta dólares exactos). 6. Que la diferencia de precios entre una cotización y la otra, es de casi diecinueve mil ciento cincuenta dólares por unidad de ambulancia de la misma categoría, pero que incluso las que ofrece la Federación, poseen tecnología superior a las que se ofrecen en el país con las extras y acabados que establecen los estándares de calidad internacional y tecnología de punta. II. Criterio de la División A efectos de atender la solicitud, resulta necesario tener presente lo señalado por este órgano contralor en el oficio No (DCA-2724) del 17 de octubre de 2014, por medio del cual se da respuesta a una consulta planteada precisamente por esa Asociación, con relación a la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa a las entidades regidas únicamente por los principios de contratación administrativa. Sobre el particular, en dicha oportunidad se señaló que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 1º del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dicha normativa regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas, excluyéndose de su ámbito de aplicación a los entes públicos no estatales cuyo financiamiento provenga, en más de un cincuenta por ciento (50%), de recursos

3 3 propios, los aportes o las contribuciones de sus agremiados, y a las empresas públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no al sector público. Asimismo se recalcó que de acuerdo con la normativa citada, a los sujetos indicados en el párrafo anterior, y a las personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, que utilicen parcial o totalmente recursos públicos, les aplicarán únicamente los principios de contratación administrativa a su actividad contractual. A partir de lo anterior, se enfatizó en que el primer aspecto a determinar es en cada caso, la naturaleza de los fondos que financian la respectiva contratación que pretenda tramitar esa Asociación, debiendo para ello tomar en cuenta las diferencias existentes entre los supuestos regulados en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Así, en el citado oficio, se aclaró que el supuesto al que se refiere el artículo 1 de la citada Ley, aplica al escenario descrito en el numeral 4 de la nuestra Ley Orgánica, por cuanto en dado caso los fondos conservan la naturaleza de públicos, a pesar de encontrarse bajo la custodia o administración de un sujeto privado. Bajo ese contexto, se destacó que la Asociación tendría en primer término que analizar en cada caso, la naturaleza de los fondos que financian la respectiva contratación, debiendo para ello, determinar las disposiciones y regulaciones establecidas en la fuente a partir de la cual surge la habilitación para que la Administración realice la respectiva transferencia a favor de dicho sujeto privado, ya sea que se trate norma legal, de un contrato, o de cualquier otro título. Así, a partir de dicho análisis se podrá determinar si al ingresar dichos recursos a las arcas de la Asociación los mismos conservan o no, su naturaleza de públicos, y dependiendo de lo anterior, así será el alcance del control que corresponda efectuar a esta Contraloría General. Bajo ese orden de ideas, se dispuso que partiendo del supuesto de que nos encontremos frente a un escenario de administración o custodia de fondos públicos caso del artículo 4 de la LOCGR resultará a su vez aplicable lo dispuesto en los mencionados artículos 1 de la LCA y 1 del RLCA, en el sentido de que las contrataciones promovidas por sujetos privados que se financien total o parcialmente con fondos públicos, se regirán por los principios de contratación administrativa. Ahora bien, se aclaró en dicho oficio que el estar sometida a los principios de contratación administrativa y no así a los procedimientos, implicaba que la respectiva entidad contará con la consecuente libertad para regular los mecanismos que utilizará para adquirir los bienes y servicios que requiera, ello en la medida, claro está, en que respete los referidos principios. En este sentido, se recordó que no podía dejarse de lado que uno de dichos principios, consiste precisamente en el principio de formalismo de los procedimientos, de acuerdo con el cual se reconoce la obligación de parte de la entidad que tramita un procedimiento de contratación financiado con fondos públicos, de seguir un procedimiento reglado previamente, con el propósito, entre otros, de que quien ofrece tenga certeza de las reglas que regirán la elección

4 4 del contratista y, de ese modo, el procedimiento se convierta en una garantía para el administrado y en una sujeción a la legalidad por parte de la entidad. A su vez se destacó que ese procedimiento reglado debía responder a las necesidades propias de la respectiva entidad, en apego a los principios constitucionales que rigen la materia y atendiendo además a la flexibilidad que pretendió brindarle el legislador a dichas instituciones al excluirlas del ámbito de aplicación de la LCA y el RLCA. Finalmente en el citado oficio se concluyó, en lo que interesa que: si una determinada entidad sea pública o privada, según corresponda, se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la LCA, resultándole aplicable a su actividad contractual realizada total o parcialmente con fondos públicos, únicamente los principios constitucionales de la contratación administrativa, no debe recurrir a la tramitación de autorizaciones brindadas por esta Contraloría General para llevar a cabo contrataciones de acuerdo con los supuestos específicos dispuestos en dicha norma legal, por cuanto al no resultarle aplicable la misma, ello implica que no solamente no debe regirse por los procedimientos de concurso concretamente regulados en dicha ley, sino tampoco por los restantes trámites y requisitos (incluyendo el caso de las autorización para contratar en forma directa) establecidos por la misma. Lo anterior, en la medida en que se respete el cumplimiento de los principios.. Así, tal y como se enunció en el oficio anteriormente citado, el pretender que esta Contraloría General autorice una contratación para un supuesto no regulado por la ley, implicaría más bien que este órgano contralor actuara fuera de su ámbito competencial. De manera que no corresponde a esta Contraloría General autorizar a esa Asociación para contratar a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna para la adquisición de unidades automotoras de ambulancia. No obstante lo anterior, resulta necesario recordar a esa Asociación, que al resultarle aplicables los principios de contratación administrativa, en los términos mencionados, dicha contratación deberá realizarse acatando la normativa particular que rige sus contrataciones, respetando las regulaciones que regulen los supuestos en los cuales resulta pertinente contratar en forma directa con un sujeto de derecho internacional como puede ser la Federación. Por otro lado, aun y cuando eventualmente contratar a la Federación pareciera resulta más beneficioso según afirma la Asociación, se hace importante que se haga una lectura del mercado con una razonable periodicidad, a efectos de valorar que se mantengan las condiciones bajo las que se efectuaría la contratación y que no existan otras opciones que pudieran eventualmente resultarle más convenientes. Asimismo, se insta a esa Asociación a motivar adecuadamente su decisión de contratar a la referida Federación, respetando los principios de contratación administrativa y a velar porque durante la ejecución contractual se respeten las condiciones ofrecidas a efectos de que se logre satisfacer la necesidad pública perseguida.

5 Así las cosas, con base en las anteriores consideraciones no resulta procedente solicitar autorización por parte de esta Contraloría General para que esa Asociación pueda realizar una contratación directa en los términos señalados. 5 Atentamente, Elard Gonzalo Ortega Pérez Gerente Asociado Adriana Pacheco Vargas Fiscalizadora APV/chc Ci: Archivo Central NI: G: