DICTAMEN Nº. 120/2003, de 1 de octubre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública iniciado a instancia de Dª. X, como consecuencia de los daños y perjuicios sufridos por un error en el llamamiento, realizado por la Delegación Provincial de Educación y Cultura de Guadalajara, para ocupar una vacante como profesora técnica de Formación Profesional, especialidad estética, en el instituto X. ANTECEDENTES El 5 de julio de 2002 Dª. X presentó reclamación de responsabilidad patrimonial en la Delegación Provincial de Cultura en Ciudad Real a consecuencia de los perjuicios sufridos por un error en el llamamiento, realizado por la Delegación Provincial de Educación y Cultura de Guadalajara, para ocupar una vacante como profesora técnica de Formación Profesional, especialidad estética, en el instituto X. Según se expone en este escrito, la reclamante está incluida en una bolsa de interinos que se constituyó por Orden de 24 de septiembre de 2001, y el 18 de febrero de 2002 se le comunicó en la Delegación Provincial de Educación y Cultura de Guadalajara que existía una vacante en el centro indicado y que debía incorporarse al mismo si no quería ser eliminada de la lista. Informada sobre el tiempo durante el cual debería prestar sus servicios (hasta finalizar el curso académico), la perjudicada aceptó cubrir la vacante, debiéndose incorporar a la misma el 21 de febrero de 2002. El 19 de febrero de 2002 la interesada puso en conocimiento de la empresa donde prestaba sus servicios mediante contrato indefinido como auxiliar de peluquería su deseo de causar baja voluntaria para incorporarse al puesto de trabajo ofertado. El 21 de febrero de 2002, sobre las 9,00 horas, Dª. X se personó en la sede de la Delegación Provincial de Educación y Cultura en Guadalajara donde se le indicó que no podría incorporarse al puesto de trabajo para el que se le había avisado porque existía una bolsa de 1999 que tenía prioridad sobre la de 2001, que al no estar informatizada aquélla creían que estaba agotada y por eso le fue ofrecida dicha vacante. Para cubrir ésta se llamó a otra persona, incluida en la bolsa de 1999, que lo hizo hasta el 22 de junio de 2002. Al perder el empleo que desempeñaba cuando decidió prestar sus servicios como interina, el 6 de marzo de 2002 se inscribió en el INEM como demandante de empleo, y el 15 de abril de 2002 fue contratada a tiempo parcial en otra empresa. En la peluquería en la que trabajó hasta el 19 de febrero de 2002 percibía un salario diario, incluida prorrata de pagas extraordinarias, de 17,99 Euros. En el puesto de trabajo que empezó a cubrir a tiempo parcial el 15 de abril de 2002 cobraba, incluida también la prorrata de pagas extras, 10,24 Euros. * Ponente: Juan Martínez Martínez 1
Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha.- 2003 Así, y en virtud de los hechos relatados, la perjudicada solicitaba el abono de una indemnización total de 1.532,90 Euros más intereses legales, cantidad desglosada de la siguiente manera: MES Nº DE DÍAS SALARIOS Febrero 9 x 17,99 161,91 Marzo 31 x 17,99 557,69 Abril 14 x 17,99 251,86 Abril 16 x (17,99-10,24=7,75) 124,00 Mayo 31 x 7,75 240,25 Junio 22 x 7,75 170,05 Total salarios 1.505,76 Gastos de desplazamiento: Salamanca-Madrid ida y vuelta 24,04 Gastos de desplazamiento: Madrid-Guadalajara y a la inversa 3,10 Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, el instructor del mismo propuso la estimación de la reclamación, reconociendo el derecho de la interesada a recibir una indemnización de 1.568,59 Euros. 2 EXTRACTO DE LA DOCTRINA La reclamación, presentada el 5 de julio de 2002, lo ha sido dentro del plazo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citado en la consideración anterior, teniendo en cuenta que, aun cuando en febrero de 2002 la interesada fue llamada para ocupar un puesto de interina y poco después, el 21 de febrero, se le comunicó que no lo iba a desempeñar, hasta el 22 de junio de 2002, -fecha en la que la persona que ocupó su lugar dejó de desempeñar el citado puesto-, la reclamante no pudo fijar el montante de los daños y perjuicios provocados por el error cometido por la Administración en su llamamiento, siendo desde esta fecha cuando se comenzaría a contar el plazo de prescripción indicado de un año. Debe declararse la existencia de relación de causalidad entre el error de la Administración en el llamamiento efectuado a la reclamante para ocupar temporalmente una plaza docente y los salarios dejados de percibir que han sido reclamados por la interesada, ya que a causa del mismo rescindió el contrato de trabajo de carácter indefinido que le ligaba a la empresa X. Así, y según debe considerarse acreditado, si no se hubiera producido tal evento, la reclamante seguiría percibiendo los salarios correspondientes al desempeño del puesto en esta empresa. Asimismo, los perjuicios alegados deben considerarse como daño efectivo, -no como ganancias o expectativas futuras- y evaluable económicamente, ya que se justifica sobradamente tanto el contrato de carácter indefinido que se rescindió, como los salarios que dejó de percibir por ello (mediante las correspondientes nóminas), al no haber podido desempeñar el puesto de interina al que fue llamada, y que pudo ocuparse hasta el 22 de junio de 2002.
Por último, por lo que se refiere a la valoración del daño, se considera procedente el abono de la cantidad de 1.568,59 Euros, calculada en la propuesta de resolución como indemnización, que corresponde a los salarios dejados de percibir como consecuencia de la rescisión del contrato de trabajo indefinido que ligaba a la perjudicada, y a los gastos de desplazamiento soportados con el fin de ocupar la plaza para la que fue avisada y que finalmente no se ocupó. Por último, es preciso señalar que, aun cuando la reclamante solicitó en su escrito inicial el abono de intereses legales sobre la cantidad total solicitada, es doctrina de este Consejo Consultivo, recogida en su Memoria del año 2000, que conforme a la reforma del art. 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el abono de intereses sólo será procedente cuando concluya el procedimiento reconociendo una obligación dineraria a favor del perjudicado, y ésta no se cumple en el plazo previsto en el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria. DICTAMEN Que existiendo relación de causalidad entre los perjuicios alegados por Dª. X y la actuación llevada a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cultura en Guadalajara, consistente en un llamamiento erróneo para ocupar una plaza de docente como funcionaria interina, que finalmente no ocupó la perjudicada, procede dictar resolución estimando la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración regional, indemnizando a la reclamante con la cantidad de 1.568,59 Euros. 3
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