DICTAMEN Nº. 161/2008, de 30 de julio. *

Transcripción

1 DICTAMEN Nº. 161/2008, de 30 de julio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de Dª. X como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en la clínica H, centro sanitario concertado del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). ANTECEDENTES El 6 de octubre de 2005 tuvo entrada en la Oficina Provincial de Prestaciones del SESCAM en Albacete escrito de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial interpuesto por Dª. X solicitando indemnización de los daños y perjuicios tanto físicos como morales, a causa de la intervención quirúrgica realizada a la misma en la Clínica H, de Histerectomía Abdominal simple sin anexectomía [ ]. La citada reclamación relataba los siguientes hechos: [ ] Tras ser operada, la suscribiente es dada de alta por el Servicio de Ginecología y Obstetricia-H de la Clínica H, con fecha 14 de diciembre de 2004, marchándose a su casa con una parada intestinal, a causa de lo cual, tuvo que volver a ser ingresada en la Clínica H el día 23 de diciembre de 2004, acudiendo al Servicio de Urgencias de dicha Clínica en pésimo estado, poniéndole a la misma dos enemas para limpiarle el intestino sólo parcialmente efectivos, con lo cual, deciden volver a ingresarla en la clínica porque la misma tenía el intestino parado. Y siendo tratada, tanto por el Servicio de Medicina Interna-H, como por el Servicio de Ginecología y Obstetricia-H, dándosele de alta por ambos servicios el día 24 de diciembre de 2004, sin notar la paciente mejoría alguna. [ ] Teniendo la paciente una sintomatología de fuertes contracciones en el intestino, debido a la excesiva medicación que se le dio a la misma por parte de los médicos. La misma se encontraba tan mal, que tuvo que volver al Servicio de Urgencias de la clínica H en fecha 27 de diciembre de 2004 [ ] la suscribiente sigue en su casa sin notar mejoría alguna, teniendo continuas pérdidas de orina, la misma pide cita con su médico de cabecera, ya que además la misma sufría cuadros depresivos como consecuencia de las secuelas físicas (grandes pérdidas de orina) y mentales que la misma venía padeciendo como consecuencia de su intervención quirúrgica [ ] El médico de cabecera [ ] le manda realizar otro cultivo de orina, [ ] diciéndole el Doctor [ ] a la suscribiente que la misma tenía una bacteria de tipo hospitalario, y [ ] le indica el antibiótico que la misma debe tomar para combatir ese tipo de bacteria, teniendo al mismo tiempo que triplicarle la dosis de antidepresivos y sedantes [ ] Dos meses después, a mediados de marzo de 2005, la suscribiente acude, citada, al Servicio de Urología del Complejo W, siendo atendida y explorada [ ] A la vista de la exploración [ ] el Doctor [ ] le manda a la misma realizarse una serie de pruebas médicas [ ]. Dando dichas pruebas como resultado que la misma tenía una fístula en la vejiga y que la misma se comunicaba con la vagina (FISTULA VESICOVAGINAL), entre otras patologías. [ ] Comunicándole el mismo médico que realizó la Cistografía que lo que le habían hecho anteriormente era una carnicería y que la tenían que volver a intervenir, solicitando ex- * Ponente: Salvador Jiménez Ibáñez 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha presamente la suscribiente no ser intervenida de nuevo en la clínica H. [ ] La suscribiente es atendida en la consulta externa de Urología del Complejo W [ ] a la vista de la últimas pruebas realizadas [ ] y del lamentable estado físico y anímico en que la misma se encontraba, a raíz de la desastrosa intervención quirúrgica realizada en la clínica H, decidió operarla, de nuevo, rápidamente, concretamente el día 28 de junio de [ ] Como consecuencia de esta segunda intervención la suscribiente se recuperó rápidamente de sus patologías físicas anteriores [ ] aunque hoy día, aún, la misma arrastra secuelas psicológicas como consecuencia de todo lo sufrido a causa de la lamentable intervención quirúrgica [ ]. A este escrito se acompañaron diversos informes médicos sobre la asistencia sanitaria recibida por la paciente. Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, se propuso la desestimación de la reclamación interpuesta, entendiendo que no existía nexo causal ni antijuridicidad del daño alegado. EXTRACTO DE LA DOCTRINA El supuesto examinado se inserta en el grupo de los dimanantes de reclamaciones dirigidas contra actuaciones que fueron realizadas materialmente por contratistas o concesionarios de la Administración, puesto que la operación quirúrgica cuestionada fue ejecutada en las instalaciones y por el personal médico de la Clínica H, centro médico privado dependiente de la entidad Q, en donde se intervino a la afectada merced a concierto sanitario suscrito entre el SESCAM y la sociedad titular de dicho establecimiento sanitario. Se integra, por ello, en el caso específico de los procedimientos motivados por reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas contra actuaciones realizadas en centros sanitarios concertados con cualesquiera entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud, para los que la Disposición Adicional 12ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre - añadida a la misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero-, establece que observarán la tramitación administrativa prevista en dicho cuerpo legal, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo, en todo caso. Para el tratamiento de estos supuestos cabe remitirse a la doctrina enunciada reiteradamente por este Consejo en diversos dictámenes -por todos, el 174/2006, de 1 de octubre-, en el que formularon las siguientes conclusiones: La respuesta a los supuestos concretos de causación de daños a pacientes por tratamientos producidos en centros sanitarios privados concertados impone una interpretación sistemática de ambos preceptos -el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y la mencionada disposición adicional 12ª-, de la que cabe extraer las siguientes proposiciones: - La referencia a la prosecución del procedimiento de responsabilidad patrimonial incluida en la citada disposición adicional 12ª hace inapropiado invocar falta de legitimación pasiva por parte de la Administración Sanitaria para conocer de reclamaciones como la planteada, en la que se le exige indemnización por los daños derivados de la asistencia médica prestada fuera de su red asistencial, pero por encargo de aquélla. 2

3 - A tenor de las facultades que en tal sentido se reconocen al órgano de contratación en el procedimiento singular regulado en el artículo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -a cuyo cuerpo normativo remite globalmente el concierto suscrito por la entidad titular de la Clínica H-, resulta procedente que el órgano administrativo facultado para resolver sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial emita un pronunciamiento declarativo de la responsabilidad producida en el que se señale que ésta recae sobre el contratista o entidad suscriptora del concierto, si se dan los supuestos caracterizadores del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración. - El procedimiento al que alude el apartado 4 del artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la reclamación de los daños imputados al centro sanitario concertado con la Administración, en estos supuestos, es el procedimiento de responsabilidad patrimonial al que se refiere la indicada disposición adicional 12ª, que conduce lógicamente al ulterior conocimiento de la cuestión por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. - El sistema apuntado resulta plenamente operativo y garantista de los derechos de los usuarios que son derivados a clínicas y hospitales concertados, puesto que en el caso de que el procedimiento de responsabilidad patrimonial antedicho concluyera con una resolución estimatoria para el perjudicado, que declare la responsabilidad del centro concertado y la suma en que se cifre la indemnización, éste último, a quien se habrá de notificar la resolución adoptada, podrá impugnar la decisión de la Administración llevando a conocimiento del orden contencioso-administrativo todas la cuestiones suscitadas, con plena salvaguarda de los intereses del damnificado, o aceptar dicha declaración de responsabilidad permitiendo su firmeza, con la consiguiente asunción de la obligación de indemnizar, que deberá cumplir, bien de forma directa, bien mediante repetición de la suma abonada por la Administración. En cuanto al daño producido, éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe ser real y efectivo, no simplemente posible, contingente o hipotético, correspondiendo la prueba del mismo, como se ha dicho anteriormente, a la solicitante. En el presente supuesto, como ya se ha adelantado, a la fecha de interposición de la reclamación la interesada se encontraba totalmente recuperada de sus dolencias físicas (fístula vesicovaginal yatrogénica), refiriendo tan sólo determinadas secuelas psicológicas (ansiedad y depresión) derivadas de los síntomas postquirúrgicos que finalmente fueron curados, si bien las mismas no han sido acreditadas en el expediente. Adentrándonos en el análisis de la relación de causalidad y la antijuridicidad del daño alegado, en el informe de la clínica H consta que la reclamante ya padecía las citadas enfermedades psíquicas antes de la histerectomía, por lo que no tienen relación alguna con el acto médico al que se le imputa el daño. En cuanto a los supuestos daños morales añadidos, que no han sido acreditados, y a la fístula vesicovaginal, de la que la paciente se encuentra totalmente recuperada, circunstancias que harían innecesario el examen de la relación de causalidad invocada, procede poner de manifiesto, en primer lugar, que no ha resultado probado que haya existido mala praxis médica ni en la operación de histerectomía ni en el posterior tratamiento recibido. En segundo lugar, si bien la interesada indica en su reclamación que su médico de cabecera le dijo que tenía una bacteria de tipo hospitalario, nada en el historial médico 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha aportado hace suponer que existiera una infección nosocomial, y así lo corrobora el informe de la clínica H cuando dice que El médico de cabecera le solicita otro urocultivo con fecha 20 de enero del 2005, se reportan UFC de Klebsiella pneumoniae, resultado que no concuerda con el urocultivo hecho en H con fecha que reporta enterococus faecalis. TIENE DOS RESULTADOS DIFERENTES Y FUE TRATADA EN AMBOS CASOS CON MEDICACIÓN ANTIBIOTICA ESPECÍFICA. Además en la consulta del en Urgencias ya no presentaba sintomatología miccional. Asimismo, hay que señalar que no se reclama por los daños provocados por esta infección ni se indica perjuicio alguno producido por la misma. En tercer lugar, la fístula vesicovaginal fue un daño que no era antijurídico, puesto que se trata de una complicación típica derivada de la histerectomía, cuyo riesgo asumió consciente y voluntariamente la paciente mediante la prestación del correspondiente consentimiento informado por escrito que consta en su historia clínica, según exigen el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, el artículo 4.1.d) de la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha de 30 de noviembre de 2000, y el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En este supuesto concreto, consta en el expediente examinado documento de consentimiento informado para histerectomía firmado por la interesada en fecha 27 de noviembre de En el mismo, referido específicamente a la intervención consistente en la extirpación del útero, se especifican las complicaciones posibles de la intervención, entre las que se encuentran las fístulas vesicovaginales e intestinales. Por todo ello, no cabe sino concluir que el daño consistente en la fístula vesicovaginal, no es otra cosa que la materialización de uno de los riesgos típicos de este tipo de intervenciones que resulta ajena a la buena práctica médica, habiendo tenido la reclamante información anticipada, suficiente y clara como para haberse negado a la práctica de la intervención, más una vez aceptada y sin existir ningún indicio de mala praxis cumple afirmar que dicho daño carece de la nota de antijuridicidad. DICTAMEN Que no habiéndose acreditado el daño alegado por Dª. X a consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada en la clínica concertada H de Albacete, ni la relación de causalidad en cuanto a los daños morales alegados y la misma, y no siendo antijurídico el daño físico que finalmente fue reparado, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad examinada. 4

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