DICTAMEN Nº. 67/2007, de 25 de abril. *

Transcripción

1 DICTAMEN 67 DICTAMEN Nº. 67/2007, de 25 de abril. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. A, en nombre y representación de su esposa Dª. C, por los daños producidos como consecuencia de los daños producidos al ser trasladada por una ambulancia de la UTE T concertada con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), para el traslado de enfermos. ANTECEDENTES El día 9 de septiembre de 2003, D. A., presentó una reclamación en la que manifestaba que el día 27 de agosto de 2003, su esposa Dª. C. cuando iba a ser traslada a su domicilio una vez finalizada la sesión de rehabilitación en el Hospital de H, al ir a subir a la ambulancia el conductor cerró la puerta antes de que ella terminase de acomodarse en la misma golpeándole con la puerta en el brazo, por lo que tuvieron que acudir al Servicio de Urgencias del citado Hospital donde se la diagnosticó una fractura del tercio distal del radio derecho. Por esta razón solicita la exigencia de la responsabilidad que proceda, ya sea de la empresa o de la compañía aseguradora, cantidad que concretó en su escrito de alegaciones en la cantidad de 5.571,11 euros, más 239,21 de intereses. El representante de esta compañía alegó que por los mismos hechos estaba conociendo el Juzgado de Instrucción número 2 de H por un juicio de faltas por lesiones derivadas de imprudencia, por lo que solicitaba la suspensión del procedimiento de responsabilidad patrimonial. Una vez dictada la sentencia correspondiente, en la que se declaró prescrita la falta que se imputaba, se continuó con la tramitación del expediente. EXTRACTO DE LA DOCTRINA Para determinar la legitimación pasiva de la Administración autonómica imputada, debe tenerse en cuenta en primer lugar que el artículo 7.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, dice en su artículo 7, regulador del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que El catálogo comprenderá las prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencias, la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario, encontrándose regulada la prestación correspondiente al transporte sanitario en su artículo 19 y en el Anexo VIII al Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. A partir de tal premisa, no pueden obviarse las dudas que suscita en doctrina y la jurisprudencia la cuestión de la responsabilidad patrimonial y cómo la misma puede hacerse efectiva en los supuestos en los que la reclamación se origina por una actuación de un contratista o concesionario de la Administración Pública en el marco de una prestación * Ponente: Lucía Ruano Rodríguez 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha de servicio público y los matices que en muchos casos presente la propia noción de servicio público. Esta cuestión ha sido tratada con cierta amplitud en otros dictámenes del Consejo, entre los más recientes el 174/2006, a los que se alude en la propuesta de resolución y en el informe del Gabinete Jurídico. Tratándose de la prestación del servicio público sanitario, al ser una prestación integrada entre las prestaciones que se han de proporcionar en determinadas circunstancias a los beneficiarios, las dudas que pudiera suscitar, el que en la disposición adicional duodécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tan sólo se haga referencia a la responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicas, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas,se deben de resolver en el mismo sentido en que se hace en el dictamen antes citado, así como la que se contiene en alguno más reciente como el 31/2007, de 28 de febrero, sin que a ello sea obstáculo la dicción literal del anterior precepto, teniendo en cuenta que el transporte sanitario prestado por la UTE T a la paciente fue concertado con esta unión temporal de empresas por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, toda vez que tanto en caso de los centros concertados como en el caso del servicio de transporte, si éste es una prestación propia del Sistema del Sistema Nacional de Salud, las razones que han motivado en precedentes dictámenes estimar la legitimación pasiva de la Administración sanitaria para soportar y resolver la reclamación son las mismas: la obligación de prestar el servicio público y su inserción en el servicio aunque se de cumplimiento a la misma mediante conciertos con terceros. Así, resulta aplicable al presente caso, según se afirmó en los dos dictámenes citados, la doctrina según la cual, estima el Consejo que la respuesta a los supuestos concretos de causación de daños a pacientes por tratamientos producidos en centros sanitarios privados concertados impone una interpretación sistemática de ambos preceptos el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y la mencionada disposición adicional 12ª- (de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), de la que cabe extraer las siguientes proposiciones: - La referencia a la prosecución del procedimiento de responsabilidad patrimonial incluida en la citada disposición adicional 12ª hace inapropiado invocar falta de legitimación pasiva por parte de la Administración Sanitaria para conocer de reclamaciones como la planteada, en la que se le exige indemnización por los daños derivados de la asistencia médica prestada fuera de su red asistencial, pero por encargo de aquélla. - A tenor de las facultades que en tal sentido se reconocen al órgano de contratación en el procedimiento singular regulado en el artículo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -a cuyo cuerpo normativo remite globalmente el concierto suscrito por la entidad titular de la Clínica (...), resulta procedente que el órgano administrativo facultado para resolver sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial emita un pronunciamiento declarativo de la responsabilidad producida en el que se señale que ésta recae sobre el contratista o entidad suscriptora del concierto, si se dan los supuestos caracterizadores del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 2

3 DICTAMEN 67 - El procedimiento al que alude el apartado 4 del artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la reclamación de los daños imputados al centro sanitario concertado con la Administración, en estos supuestos, es el procedimiento de responsabilidad patrimonial al que se refiere la indicada disposición adicional 12ª, que conduce lógicamente al ulterior conocimiento de la cuestión por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. - El sistema apuntado resulta plenamente operativo y garantista de los derechos de los usuarios que son derivados a clínicas y hospitales concertados, puesto que en el caso de que el procedimiento de responsabilidad patrimonial antedicho concluyera con una resolución estimatoria para el perjudicado, que declare la responsabilidad del centro concertado y la suma en que se cifre la indemnización, éste último, a quien se habrá de notificar la resolución adoptada, podrá impugnar la decisión de la Administración llevando a conocimiento del orden contencioso-administrativo todas la cuestiones suscitadas, con plena salvaguarda de los intereses del damnificado, o aceptar dicha declaración de responsabilidad permitiendo su firmeza, con la consiguiente asunción de la obligación de indemnizar, que deberá cumplir, bien de forma directa, bien mediante repetición de la suma abonada por la Administración. Para examinar la relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad que se imputa se fundamenta en un deficiente funcionamiento del servicio de transporte de ambulancia y, aunque no se alega infracción de la lex artis, en cuanto se sustenta en el hecho de que la Administración es la responsable del transporte de enfermos, para establecer el nexo causal, lo importante es la noción de servicio público sanitario que tiene el transporte de pacientes cuando resulta ser una prestación integrada en el servicio sanitario. A tal efecto, debe señalarse que la prestación de transporte sanitario se encuentra incluida dentro de las prestaciones recogidas en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en cuyo artículo 19 se dice que El transporte sanitario, que necesariamente deberá ser accesible a las personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte. Esta prestación se facilitará de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan por las Administraciones sanitarias competentes. Según alega el reclamante, al ir a subir la paciente a la ambulancia el conductor cerró la puerta antes de que ella terminase de acomodarse golpeándola con la puerta en el brazo, por lo que tuvo que acudir a los Servicios de Urgencia del Hospital Comarcal de H en cuyo informe se dice que como consecuencia de los hechos relatados por la paciente, se produjo una torsión en la mano derecha, siéndole diagnosticada una fractura del tercio distal del radio derecho. Respecto a este suceso el responsable de la Administración y Coordinación de la UTE T, en un escrito de 24 de septiembre de 2003, manifiesta que La paciente una vez terminado su tratamiento de rehabilitación se dirigió a la ambulancia y se sentó en el asiento que queda junto a la puerta lateral del vehículo, una vez acomodada en el mismo el conductor cerró dicha puerta. La paciente se quejó de que le había dado un golpe en el brazo con la puerta, posteriormente fue trasladada a urgencias. Estos hechos son recogidos en el informe del Inspector Sanitario e instructor del expediente y no han sido negados ni por la empresa que realizaba el transporte, ni por la aseguradora M que en sus alegaciones se 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha empresa que realizaba el transporte, ni por la aseguradora M que en sus alegaciones se limita a decir que por los mismos hechos se está tramitando un procedimiento penal. En el mismo sentido, los hechos relatados se recogen en el hecho probado único de la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de H. A la vista de los anteriores documentos que obran en el expediente, se puede concluir que si bien es cierto que no existe una prueba incontestable de que los hechos sucedieron como se ha dicho por el reclamante, existen elementos suficientes para declarar que la lesión sufrida por la paciente fue debida a la falta de diligencia del conductor de la ambulancia, tal y como ha sido estimado por la Administración en su propuesta de resolución. Respecto de la indemnización solicitada debe tenerse en cuenta que la paciente tardó en curar de sus lesiones 113 días. En la propuesta de resolución se indemnizan todos ellos como días de baja no impeditiva, ya que el reclamante no ha alegado que alguno de los días de baja fuesen impeditivos. Siendo esto cierto, no lo es menos que en el informe médico forense de sanidad, que consta en la documentación remitida por el representante de la aseguradora e integrante de los documentos que obraban en el expediente judicial, se hace constar que de los días en que tardó en curar la paciente, durante 40 de ellos se encontraba incapacitada para la realización de sus funciones habituales, por lo que éstos deben ser indemnizados con la cuantía correspondiente. Por último, se ha de observar que, al no constar otros daños, la indemnización debe calcularse teniendo en cuenta únicamente los días que la paciente estuvo de baja, ya que no alega ni acredita que padezca secuela alguna derivada dicho accidente y en el informe del médico forense, tan sólo se recoge una posible agravación de artrosis de carácter breve y la interesada no ha formulado reclamación por este concepto. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la indemnización que correspondería a la paciente, aplicando las cuantías que por incapacidad temporal se contienen en la Resolución de 20 de enero de 2003 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal aplicables durante el año 2003, es la siguiente: - 40 días de baja impeditiva sin estancia hospitalaria por 44,65 euros cada día días de baja no impeditiva a 24,05 euros cada día.1.755, 65 Total ,65. La anterior cantidad debe ser actualizada en los términos establecidos en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 4 DICTAMEN Que existiendo relación de causalidad entre los daños sufridos por Dª. C y la prestación de transporte sanitario efectuado por UTE T, en virtud de concierto celebrado con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), procede dictar resolución parcialmente estimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada y reconocer el derecho de la interesada a la percepción de una indemnización fijada con arreglo a los criterios expuestos en la Consideración VI, declarando la obligación de pago de

5 DICTAMEN 67 rios expuestos en la Consideración VI, declarando la obligación de pago de la citada cantidad en los términos señalados en la Consideración IV, con notificación de la resolución a la reclamante y a la empresa que tiene contratado el servicio de transporte, UTE. 5

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