26 de mayo del 2015 DCA-1192

Transcripción

1 26 de mayo del 2015 DCA-1192 Al contestar refiérase al oficio No Señora Laura Prado Chacón Alcaldesa Municipal Municipalidad de Santo Domingo Estimada señora: Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Santo Domingo, a efectuar contratación directa concursada para el alquiler de equipo maquinaria, servicios de demolición, acarreo y disposición de desechos sólidos no tradicionales, generados de un proceso de demolición de viviendas que se ubican en el derecho de vía de calle municipal, por un monto estimado de (quince millones de colones). Nos referimos a su oficio No. ALM de fecha 20 de mayo del 2015, recibido en este órgano contralor un día después, mediante el cual solicita autorización para realizar la contratación directa descrita en el asunto. Mediante oficio (DCA-1178) del 25 de mayo del 2015, esta División solicitó información adicional, la cual fue remitida mediante oficio ALM de la misma fecha. I.-Antecedentes y justificación de la solicitud. De conformidad con los términos de su solicitud, expresa que mediante voto VI el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección sexta, declaró procedente demanda interpuesta por Inmobiliaria Santiago Millas S.A., por lo que se debe recuperar el derecho de vía de la calle cantonal conocida como Calle Ronda. Indica, que pese a que la sentencia es del 26 de junio de 2014, esta no se había podido ejecutar por una serie de acciones interpuestas por los afectados. No es sino que mediante proceso de ejecución de sentencia, mediante resolución del 12 de febrero de 2015, recibido el 2 de marzo del mismo año, se convocó a audiencia para el 7 de mayo de Bajo resolución verbal de ese día, se ordenó a la Municipalidad a ejecutar el desalojo y demolición de las viviendas, a más tardar el 30 de mayo de 2015, caso contrario se testimoniarían piezas ante el Ministerio Público, por desobediencia e incumplimiento de orden judicial. Señala, que posterior a ello, se procedió a realizar las acciones necesarias a nivel administrativo de la Municipalidad, para proceder con la ejecución de la sentencia. De esta

2 2 forma, se verificó el contenido presupuestario, por lo que se requirió hacer una modificación, la cual fue presentada al Concejo Municipal el 11 de mayo, sin embargo no fue aprobada por unanimidad, por lo que se requirió la siguiente sesión para la aprobación. Manifiesta, que el desalojo y demolición implica aproximadamente doce personas afectadas, y las viviendas están levantadas en diferentes materiales, desde madera y concreto. Indica que se requiere de herramientas, equipo y personal con el que la Municipalidad no cuenta. De allí que se hace necesario se brinde el alquiler (y servicio) de la maquinaria, así como el acarreo y disposición de desechos sólidos no tradicionales en un centro de acopio autorizado. Siendo ello así, y tomando en cuenta la orden dictada por los tribunales, solicitan autorización para efectuar una contratación directa concursada, aplicando el numeral 132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por un monto máximo de , que es el disponible presupuestario. II.-Criterio de la División. La Constitución Política, particularmente el artículo 182 estableció un régimen para regular la actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales el hecho que las contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios, siendo este por excelencia la licitación. No obstante que dichos procedimientos son la regla (ver Voto de la Sala Constitucional), hay excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho mediante este tipo de procesos, razón por la cual la Ley de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la Administración, a contratar en forma directa para cumplir precisamente con ese interés. Dentro de dichos supuestos se encuentra el dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual regula la posibilidad de utilizar el mecanismo de contratación directa, cuando nos encontremos ante situaciones de urgencia, para lo cual se requiere autorización previa de esta Contraloría General. Bajo ese orden de ideas, se hará un análisis de las condiciones y razonamientos que la Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos que justifiquen que obviar los procedimientos concursales ordinarios, constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público inmerso en la solicitud que se conoce. En el caso de mérito, la Municipalidad ha mencionado que a pesar de haber una sentencia del 2014 del Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenaba el desalojo de un

3 3 derecho de vía, el mismo no se ha podido efectuar producto de múltiples acciones judiciales de los afectados. Al respecto, se ha tenido por acreditado de lo manifestado por la Municipalidad, que no es sino hasta el 7 de mayo de 2015, que se ordena nuevamente el desalojo, para lo que se le concede a esa Administración plazo hasta el 30 de mayo de 2015, bajo pena de incurrir en el delito de desobediencia e incumplimiento de una orden judicial. Considerando que dicha entidad no cuenta con el personal y equipo requerido para efectuar las acciones de desalojo y demolición, así como el poco tiempo con que cuenta la corporación municipal para efectuar dichas tareas, y las implicaciones que el desacato conllevaría, es claro que la satisfacción de dicho interés público no permite dilatorias, y que un procedimiento concursal no resulta el medio idóneo en este caso. Aún más, tomando en consideración que en el asunto subyace el interés de recuperar el derecho de vía invadido en su oportunidad, aspecto que es lógico implica un deber ineludible del gobierno municipal mantener, en aras de garantizar el debido control urbano en el cantón, competencia que es indudable deriva de lo dispuesto en el mismo artículo 169 Constitucional, que manda a las Municipalidades la administración de los intereses y gobiernos locales. Siendo ello así, se autoriza a la Municipalidad de Santo Domingo, para efectuar una contratación directa concursada, a efecto de adquirir los servicios y maquinaria para la demolición, acarreo y disposición de desechos sólidos no tradicionales, generados con ocasión del proceso de demolición de viviendas que se ubican en el derecho de vía de la calle municipal conocida como Calle Ronda (según expediente CA) y por un monto de III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización La autorización concedida se condiciona a lo siguiente: 1. Se autoriza a la Municipalidad de Santo Domingo, a efectuar una contratación directa concursada, a efectos de adquirir los servicios, y maquinaria para la demolición, acarreo y disposición de desechos sólidos no tradicionales, generados de un proceso de demolición de viviendas que se ubican en el derecho de vía de calle municipal, conocido como Calle Ronda (expediente CA) por un monto de La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización en los términos indicados. 3. Se deberá cursar invitación a por lo menos tres proveedores idóneos para los servicios requeridos, sin embargo la Administración deberá recibir y evaluar, la oferta presentada

4 4 por cualquier otro proveedor que no haya sido formalmente invitado al concurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en caso que las cotizaciones sometidas a concurso presenten un exceso que no supere el 10% del monto autorizado, la Administración podrá continuar con el procedimiento, siempre que cuente con el disponible presupuestario. Por el contrario, si tales propuestas son mayores en más de ese 10%, será necesario requerir autorización a esta Contraloría General. 4. Deberá elaborarse un pliego de condiciones sencillo, el cual deberá contener las especificaciones legales, financieras y técnicas necesarias a fin de lograr claridad sobre el objeto de la contratación. De igual forma, el pliego cartelario deberá contar con un sistema de evaluación que permita escoger como ganadora del concurso aquella oferta que obtenga el máximo puntaje. Tales parámetros son de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad. 5. De conformidad con el artículo 132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tanto el cartel como el acto que adjudique, declare desierto o infructuoso el concurso, carecerán de recurso alguno, debiendo dejarse expresamente establecida esta condición en el respectivo cartel. 6. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 7. La autorización concedida deberá formalizarse mediante contrato, el cual se exime de los trámites de aprobación interna y refrendo, considerando la prontitud con que la Administración requiere de estos servicios, en virtud del plazo concedido por el Tribunal Contencioso para efectuar el desalojo del derecho de vía. No obstante lo anterior, se deberán implementar las medidas de control interno adecuadas, en los términos del artículo 16 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, a efecto que la Administración lleve a cabo una verificación de la ejecución contractual y de los fondos públicos invertidos en dicha contratación. 8. La valoración de la razonabilidad del precio es de resorte exclusivo de la Administración. 9. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 del respectivo Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...).

5 5 10. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 11. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que los oferentes no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y que no se encuentren inhabilitados para contratar con la Administración Pública. 12. La Administración deberá verificar que los oferentes se encuentren al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si corresponde. 13. De igual modo deberá velar por que los oferentes cumplan con las obligaciones obreropatronales previstas en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley N 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente a FODESAF. 14. Deberá verificarse que el Concejo Municipal de dicha Municipalidad, emita un acuerdo en el que se ratifique todas las acciones que la señora Alcaldesa efectuó ante este órgano contralor con ocasión del presente trámite, de lo cual deberá remitir copia a esta División, una vez adoptado Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad de la señora Laura Prado Chacón en su condición de Alcaldesa o quien ejerza dicho cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. Atentamente, Edgar Herrera Loaiza Gerente Asociado Lucía Gólcher Beirute Fiscalizadora LGB/yhg Ci: Archivo Central NI: 12933, G: