DICTAMEN Nº. 58/2005, de 20 de abril. *

Transcripción

1 DICTAMEN 58 DICTAMEN Nº. 58/2005, de 20 de abril. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública iniciado a instancia de Dª. X, como consecuencia de la asistencia sanitaria recibida en el Servicio de Ginecología del Hospital H. ANTECEDENTES El 30 de abril de 2004 Dª. X presentó reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida al Consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, basando su pretensión en los siguientes hechos:... Que habiéndoseme detectado en prueba rutinaria de mi embarazo realizada el 28 de marzo de 2003 y de forma precoz un cáncer de cérvix, no fui sometida al tratamiento adecuado por los servicios del Hospital H, cuya tardanza y mala gestión me obligó a acudir a una clínica privada para ser inmediatamente intervenida por correr peligro mi vida si se demoraba más la operación. Dicha intervención se me practicó con fecha 10 de junio de El avance del cáncer, que aunque me fue diagnosticado de forma precoz en los servicios médicos del SESCAM no fue en ningún momento tratado ni mucho menos intervenido a tiempo, provocó que hubiera que sacrificar al feto que gestaba en el interior de mi útero, con cuatro meses de gestación, ya que las células malignas se habían extendido por todo el útero, el cual me fue extirpado junto con el apéndice y parte de la vejiga (sic).... De todo ello resultó la pérdida de la que iba a ser mi primera hija y acabó con toda esperanza de poder tener más hijos en el futuro contando con treinta y cuatro años de edad. Además de los daños físicos mencionados, lógicamente vengo a reclamar los daños morales sufridos, siendo secuelas que habré de soportar durante toda mi vida, todo ello debido a la actitud negligente de los servicios de ginecología del Hospital H que comenzaron por tardar dos meses en informarme de los resultados de una prueba en la que ya aparecían células malignas y en la que se detectaba la existencia del cáncer que sufría y terminaron por obligarme a acudir a otros servicios médicos privados al advertir su pasividad ante mi dolencia, la falta del tratamiento o intervención adecuadas para evitar en lo posible que la enfermedad se extendiera y provocara males mayores. Los servicios privados a los que acudí, pudieron salvar mi vida, lo que no habría sucedido si hubiera esperado a que me dieran cita para una intervención en el centro público, pero lamentablemente no pudieron salvar la de mi hija ni conservar mi útero, por lo que nunca podré tener descendencia. La interesada terminó solicitando el abono de una indemnización total de euros, más intereses legales, cantidad que fue desglosada de la siguiente manera: * Ponente: Inmaculada González de Lara y Ponte 1

2 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha Por la pérdida del primer hijo en el cuarto mes de gestación, atendiendo a mi edad, euros. Por la pérdida del aparato reproductor femenino, útero, se aplican 50 puntos del citado baremo, más 15 puntos por la extirpación del apéndice y un trozo de vagina son 65 puntos, que multiplicados por euros, resulta una cantidad de euros. La suma de las dos cantidades arroja una cifra de euros a los que se debe aplicar el 10% del factor de corrección, resultando la indemnización total por secuelas de euros, más intereses legales. Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, se propuso la desestimación de la reclamación, al entender que la actuación de los facultativos que atienden a la reclamante es correcta y ajustada a la lex artis, facilitándole los medios diagnósticos adecuados en cada momento, de acuerdo con protocolos ampliamente reconocidos, si bien no se continúan con su necesario tratamiento en el propio centro al abandonar la paciente el dispositivo asistencial público. El daño alegado no guarda relación con actuación alguna de los profesionales sanitarios encargados de su asistencia, sino que debe relacionarse de forma indudable con la gravedad de la tumoración diagnosticada a Dª X durante su embarazo. 2 EXTRACTO DE LA DOCTRINA En su escrito de reclamación la interesada afirma que en una prueba rutinaria de embarazo se detectó (el 28 de marzo de 2003) de forma precoz un cáncer de cérvix o cuello de útero que no fue tratado ni intervenido a tiempo por los servicios médicos del SESCAM lo que provocó que las células malignas se extendieran por todo el útero que finalmente y en clínica privada le fue extirpado, junto con el apéndice y parte de la vejiga perdiendo el feto, así como las esperanzas de volver a ser madre, todo ello, según explica, en intervención inmediata por correr peligro la vida si se demoraba más la operación. La intervención se realizó el 13 de junio de De conformidad con las reglas de distribución de la carga de la prueba contenidas en el artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil y cumpliéndole a la demandante, según se ha expuesto en la anterior consideración, probar cuanto alega, toda vez que la mala praxis no se presume, de lo actuado en el expediente y por los informes realizados en la Clínica Y, donde la interesada fue finalmente intervenida, se desprende que el carcinoma de cuello de útero inicialmente detectado por los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha no se había extendido a todo el útero, como se afirma en la reclamación, sino que el carcinoma, una vez analizados los posibles adenomas ganglionares y todas la piezas extraídas se concluyó que alcanzaba en exclusiva al cuello del útero (carcinoma in situ), sin extensión a otros territorios. Igualmente se ha comprobado que la interesada no perdió parte de la vejiga, ni de la vagina, y también que la extracción del apéndice forma parte del protocolo de la apertura terapéutica de abdomen por cualquier causa, con lo cual es pérdida que más bien consiste en eliminar un riesgo inherente al aparato digestivo del ser humano y por tanto un beneficio. Una vez centrado el alcance real de la enfermedad atajada mediante la histerectomía practicada y del aborto terapéutico inherente a la misma, cumple examinar si, como se afirma, otra intervención de la sanidad pública manchega diferente a la que se relata en los

3 DICTAMEN 58 antecedentes hubiera podido evitar no ya la extensión del mal al útero o a terrenos adyacentes al mismo, -que como se ha visto no se produjo-, sino el perjuicio nuclear alegado en la reclamación que consiste en la pérdida de la matriz y del feto con el daño moral derivado de la imposibilidad de poder en el futuro engendrar un hijo. Al respecto los informes médicos que constan en el expediente son unánimes en concluir que el carcinoma de cuello de útero, generalmente originado por el virus del papiloma humano, es de crecimiento lento y una vez sospechado puede pasar que una displasia inicialmente detectada evolucione hacia la regresión o bien hacia un carcinoma, ante cuya constatación caben diferentes respuestas terapéuticas dependiendo de la etiología de las células tumorales, de su extensión y, por supuesto, de la situación de la enferma, valorando de manera ineludible la situación de embarazo. Así pues, si la displasia evoluciona hacia un cáncer que no es de etiología invasora (de células indiferenciadas e infiltrante según la terminología oncológica) cabe la posibilidad de practicar una cononización o recesión de la parte afectada, el cuello del útero y caso de que existan sospechas de que la etiología es invasora la única terapia eficaz para combatir el mal es, hasta ahora, la extirpación total de la matriz con manguito de vagina. De estos protocolos de intervención, unánimemente aceptados por toda la literatura médica que consta en el expediente, se desprende que es preciso asegurarse de si un presunto carcinoma realmente lo es, y si lo es, hay que realizar diagnóstico diferencial para determinar si las células cancerosas tienen etiología invasiva o si permanecen in situ y son de evolución lenta. Todo ello antes de tomar una decisión, dado que en el caso de una embarazada la cononización de cuello de útero es una intervención de riesgo para el feto por la posibilidad de hemorragias y la extirpación del útero conlleva necesariamente el aborto terapéutico. En el caso concreto ha quedado acreditado que la reclamante fue derivada al centro hospitalario de Toledo desde su centro de atención primaria por posible embarazo de alto riesgo al haber sufrido dos abortos con anterioridad, sufrir inflamación de cérvix y una permanente crisis de vómitos con la consiguiente desnutrición. El 28 de marzo de 2003 se le toma muestra para la realización de una citología rutinaria y una vez efectuado el análisis aparecen por primera vez displasia y sospechas de malignidad, resultados que son conocidos por el Servicio de Ginecología el día 19 de mayo siguiente; ante tal situación, la enferma es derivada a la unidad de detección precoz del cáncer, donde se le realiza una colposcopia que confirma la sospecha inicial y se decide confirmar el diagnóstico mediante la toma de muestras para biopsia, que es prueba de riesgo en una embarazada y precisa hospitalización. Todo ello fue realizado en el Hospital H en un plazo razonable una vez comprobado que la inflamación de cuello de útero no cedía y existía displasia moderada a grave con células compatibles con la malignidad, con lo cual había que determinar mediante la biopsia si se trataba de un cáncer invasivo o si por el contrario no lo era, pues, como se ha expuesto más arriba, la terapia sería distinta según fuera la etiología del mal. Con suma diligencia y a la vista del resultado diagnóstico definitivamente establecido el día 3 de junio de 2003 con el informe de la biopsia, que establecía el carácter invasivo del carcinoma, la reclamante fue citada en el Servicio de Ginecológica el día 6 de junio, día en que el Jefe del Servicio de Ginecología, Dr. Z, le expuso su situación, que no era otra que la de que debía de tomar una decisión grave respecto de su salud que comprometía su embarazo. A partir de ahí es evidente que la interesada prescindió de los servicios públicos de salud y prefirió someterse a la histerectomía en una clínica privada de Madrid. Intervención que fue practicada el día 13 de junio de 2003 sirviéndose, como consta en el informe de la clíni- 3

4 Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha ca, de los estudios realizados en el Hospital H y pruebas complementarias realizadas en la clínica privada los día 9 y 12 de junio que confirmaron el diagnóstico manchego. En virtud de cuanto antecede hay que concluir que en la hipótesis no demostrada de que hubiera sido posible diagnosticar el carácter invasivo del cáncer padecido desde los primeros estadios de la displasia detectada tras el análisis citológico de la muestra tomada el 28 de marzo de 2003, y los médicos hubieran decidido, sin comprobar la evolución de la lesión y de la inflamación, la realización de una biopsia inmediata sin sopesar los riesgos de la prueba en una embarazada, el resultado habría sido el mismo y la alternativa terapéutica la practicada: histerectomía radical, pues ésta venía obligada por el carácter indiferenciado e infiltrante de las células cancerosas analizadas, por lo que en consonancia con el informe de la Inspección Médica y el resto de la literatura clínica que consta en el expediente, particularmente el informe de la clínica privada, no cabe establecer relación causal entre el retraso en conocer los resultados del análisis citológico de la muestra extraída el 28 de marzo de 2003 y el resultado lesivo alegado, dado que éste resulta una consecuencia inevitable del tratamiento dispensado dadas las características del cáncer de cuello de útero detectado precozmente por los servicios públicos de salud de Castilla-La Mancha, detección precoz y eficaz para la salud de la reclamante que es puesta de manifiesto en el completo examen de biopsia practicado en la Clínica Y que, constata que a pesar del mal pronostico inicial, confirmado por la observación de gran componente linfático a nivel de ambas líneas ilíacas internas, externas y primitivas, realizada en la intervención quirúrgica, lo cierto es que las células malignas se circunscribían al cuello de útero estando libres de malignidad los territorios adyacentes, incluidos el útero y la vagina, lo que permite afirmar que el cáncer es para la reclamante un episodio sin consecuencias vitales. Éxito que solo cabe atribuir a la buena praxis de los Servicios de Salud Pública que, con arreglo a lex artis detectaron precozmente el mal, lo que impone que la reclamación sea desestimada por no existir relación de causalidad entre la actuación de los servicios públicos de salud y el daño alegado, ni ser este antijurídico, por ser la extirpación del útero y la pérdida del feto consecuencia inherente al tratamiento dispensado para una enfermedad contra la que no se conoce, hoy por hoy, otro tratamiento que el de la intervención quirúrgica al que la enferma debidamente informada se sometió voluntariamente. DICTAMEN Que no habiéndose acreditado relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público sanitario dispensado por el Hospital H y los daños alegados por Dª. X, ni siendo éstos antijurídicos, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada. 4

5